Un año en el que las presidenciales complicarán las economías post-Covid

El año que ha empezado no va a ser fácil para Latinoamérica. El retraso en la vacunación de su población puede hacer más lenta la recuperación, de forma que el rebote económico previsto para 2021, tras una caída del PIB regional estimada para 2020 de entre un 8% y un 9%, podría ser más endeble de lo previsto. Aunque el comercio con China se ha recompuesto mayormente en los últimos meses, la reducción de importaciones e inversiones desde Estados Unidos y Europa y la ausencia de turistas se está prolongando. Las elecciones presidenciales que se celebrarán en diversos países a lo largo de 2021 probablemente no ayudarán a enfocar bien la salida.

Especialmente significativas en términos económicos serán las presidenciales de Perú (11 de abril) y de Chile (21 de noviembre). En los dos lugares, a raíz de la crisis institucional que viven, puede romperse el consenso sobre las políticas de libre mercado que han venido implementándose por todos los gobiernos en las últimas décadas y que han sustentado el desarrollo de ambos países. Menos cambio de fondo se operaría en Ecuador (7 de febrero) en el caso de que gane el partido del expresidente Rafael Correa, pero la agenda de necesarios ajustes impulsada ya antes de la pandemia por Lenín Moreno puede verse dejada de lado, lastrando al país en los próximos años.

En 2021 habrá además elecciones presidenciales en otros tres países latinoamericanos. En Nicaragua (7 de noviembre) la celebración de elecciones con serias limitaciones democráticas consolidará el proceso de dictadura impuesto por Daniel Ortega, alargando las penurias económicas que vive el país desde las revueltas de 2018. En Honduras (28 de noviembre) y en Haití (fecha aún por determinar) el resultado de las presidenciales no afectará propiamente a la evolución de la economía, ya maltrecha por los últimos huracanes, la reducción de las remesas y el tapón migratorio que ha supuesto la Administración Trump.

Habrá también elecciones legislativas –en algún caso, junto con comicios locales– en El Salvador (28 de febrero), Bolivia (7 de marzo), México (6 de junio) y Argentina (24 de octubre). Tendrán menor relevancia en materia económica; no obstante, las citas de medio mandato para los electores mexicanos y argentinos revisten una importante significación política.

Perú y Chile

Perú y Chile están viviendo un proceso en cierto modo paralelo, con algunos pasos por delante en el caso chileno. En el fondo se trata de la revisión de un modelo económico y de un largo ciclo político que hasta ahora han sido especialmente útiles para ambos países desde las dictaduras de Fujimori y de Pinochet, respectivamente. Las manifestaciones callejeras en Chile en 2019 pusieron en evidencia una cierta incomodidad social con el actual marco, manifestada en el plebiscito de 2020 a favor de una nueva Constitución. Las elecciones generales de 2021 probablemente supondrán la ruptura de la estructura política que ha conocido el país en las últimas décadas, con una alianza electoral entre socialistas y democristianos frente a conservadores. Es posible que una mayor influencia de la izquierda radical lleve a que la nueva Constitución consagre una economía más social, aunque no está claro que eso pueda combatir sustancialmente la desigualdad.

En Perú las manifestaciones callejeras se han producido un año más tarde, en 2020, e inicialmente no ligadas a percepciones sociales, sino políticas. Los peruanos han desmontado primero la estructura política (han tenido cuatro presidentes en lo que debía ser un solo mandato), para ir avanzando hacia lo que puede desembocar también en un cambio de la Constitución, que, como en el caso chileno, data de la época de la dictadura.

Inestabilidad política y «experimentación» económica no serían, desde luego, la mejor receta para afrontar las exigencias de todo orden que plantea la pandemia de coronavirus y sus consecuencias.

Ecuador y Nicaragua

Si Rafael Correa cedió la presidencia a Lenín Moreno en 2017 en parte fue porque sabía que, tras la caída de los precios del petróleo y el creciente endeudamiento del país, hacía falta aplicar recortes que generarían conflictividad social. En lugar de forzar seguir en el poder, prefirió designar sucesor, probablemente con la esperanza de volver cuatro años después, una vez superadas las dificultades económicas del país y volviendo a poner a cero el controvertido contador de reelecciones.

Pero la operación no le ha salido al expresidente del todo como esperaba: por un lado, Moreno rompió pronto con su padrino y propició que un referéndum aprobara la limitación de mandatos, cerrando el paso a una nueva candidatura presidencial de Correa; por otro, los recortes aplicados por su sucesor no han sido suficientes para enderezar la economía, pues el coronavirus ha agravado la situación.

Reclamado por la justicia, Correa no ha podido optar al menos al cargo de vicepresidente, como sí hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Para las elecciones del 7 de febrero (con segunda vuelta el 11 abril, en caso necesario) ha promovido la candidatura de Andrés Arauz. Algunas encuestas dan ganador a Arauz y otras en cambio apuntan a un triunfo del conservador Guillermo Lasso. Cualquiera de los dos deberá asumir los compromisos adquiridos por Moreno con el FMI para poner de nuevo de pie financieramente al país; es posible que Arauz asumiera ese papel, pero una presión de Correa para evitar medidas impopulares podría complicar seriamente la recuperación de Ecuador.

Por lo que se refiere a Nicaragua, la profundización de la vía dictatorial emprendida por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosa Murillo, no hará sino torpedear la salida de la crisis económica. A raíz de la represión de 2018, cuando el régimen asesinó a más de 300 manifestantes, el PIB del país cayó ese año un 4% y en 2019 lo hizo un 3,9%. La llegada de la pandemia habrá supuesto el descenso de otro 5,5% en 2020. Nicaragua es el país, después de Venezuela, con peor evolución económica de Latinoamérica en los últimos años y el único para el que en 2021 se prevén números negativos, con un descenso de 0,5% del PIB.