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Un ataque mortal deja en evidencia una creciente amenaza en México: los militares

Varios soldados uniformados le dispararon a civiles desarmados, entre ellos un estadounidense, y luego obstaculizaron la atención médica, según un alto funcionario.

A girl walking by a house pockmarked with bullet holes on a street corner in Nuevo Laredo where five young men where killed by the Mexican military.

Una casa llena de agujeros de bala en una esquina de una calle en Nuevo Laredo donde cinco hombres jóvenes fueron asesinados por militares mexicanos.

 

Gustavo Ángel Suárez Castillo, un ciudadano estadounidense de San Antonio, transportaba a seis amigos, incluidos dos hermanos, en su camioneta blanca con placas de Texas justo antes del amanecer, tras haber pasado la noche celebrando la noticia de que iba a ser padre. De repente, cuatro vehículos repletos de hombres armados comenzaron a perseguirlos y a dispararles.

La camioneta chocó y cuando los pasajeros salieron dando tumbos, según testimonios de los sobrevivientes a The New York Times, los hombres armados derribaron al suelo a varios de ellos y le dispararon a uno por la espalda. Uno de los sobrevivientes contó que vio a su hermano morir lentamente mientras los atacantes evitaban la llegada de los cuerpos médicos.

Cuando todo terminó, cinco de los hombres, entre ellos Suárez, habían muerto. Los otros dos quedaron gravemente heridos.

¿Quiénes eran los atacantes? Soldados mexicanos uniformados.

El tiroteo en la ciudad de Nuevo Laredo en las primeras horas del 26 de febrero ha sido calificada por los sobrevivientes y un importante funcionario gubernamental como una ejecución a sangre fría. Hasta el momento, cuatro de los 21 soldados involucrados en el incidente han sido arrestados y el caso está bajo investigación de fiscales civiles y las fuerzas militares.

El episodio ha profundizado las preocupaciones sobre la creciente presencia de las Fuerzas Armadas de México, las cuales no solo han sido puestas a cargo de la seguridad nacional, sino que también se les ha asignado una serie de empresas en rápida expansión, como un nuevo aeropuerto internacional y una importante línea ferroviaria.

Esto pone de relieve lo que según analistas y defensores de los derechos humanos es una falla peligrosa en el sistema de gobierno de México: que una de las instituciones más poderosas del país opera con poca supervisión.

A pesar de un largo historial de abusos contra los derechos humanos, los militares asumieron la responsabilidad de la seguridad ciudadana luego de que la Policía Federal fue disuelta en 2019. Los críticos afirman que los militares le han hecho frente a las violentas organizaciones criminales pero en el proceso han puesto a los habitantes en riesgo de convertirse en víctimas de tácticas agresivas.

La Secretaría de la Defensa Nacional está bajo las órdenes de un general en servicio activo, no de un líder civil, no está obligada a hacer públicos documentos o informes de sus actividades y con regularidad se niega a comparecer frente al Congreso de México para responder preguntas.

El control estricto de las fuerzas militares sobre sus asuntos ha llevado al presidente mexicano a consolidar proyectos gubernamentales bajo las Fuerzas Armadas para limitar su transparencia y se ha traducido en que los casos de muertes de civiles a manos del ejército casi nunca vayan a juicio.

“Dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México, es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil”, que “debería crearse para controlar y, eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos”, afirmó Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU ha pedido una investigación independiente de las muertes de Nuevo Laredo, citando el historial de uso excesivo de la fuerza de los militares en la ciudad.

Un primer comunicado militar insinuó que los hombres en la camioneta estaban armados y no habían acatado las órdenes de los soldados.

 

Rosa Benitez and Enrique Pérez placing flowers at the grave of their son Gustavo, who was among those killed in Nuevo Laredo.

Rosa Benitez y Enrique Pérez en la tumba de su hijo Gustavo Pérez Benitez, quien estuvo entre las víctimas asesinadas por fuerzas militares en Nuevo Laredo.

 

 

An exterior shot of Mexico City’s new airport that was built by the military.

Las Fuerzas Armadas construyeron y operan en la actualidad el nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Credit…Marian Carrasquero para The New York Times

 

 

 

Cristina Rodríguez poses for a portrait at her home in Monterrey, Mexico.

Heydi Mariana, la hija de 4 años de Cristina Rodríguez, murió a causa de disparos en agosto del año pasado cuando el vehículo en el que iba comenzó a recibir disparos de un grupo de soldados.

 

 

Sara Luna, the owner of the home in Nuevo Laredo, sitting inside her home in a darkened room.

Sara Luna, la propietaria de la casa en Nuevo Laredo cerca del lugar donde los hombres fueron asesinados.

 

 

Luis, one of the survivors, in a hospital bed after the attack, covered in a yellow blanket and wearing a surgical mask.

Luis, un barbero que también sobrevivió, recuerda haber salido del vehículo con heridas de bala.

 

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