¿Un caso de “genocidio económico” en el siglo XXI?

Ricardo M. Rojas y Andrea Rondón García estiman que no debe considerarse genocidio solamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población sino también otros actos de agresión que tienen al mismo exterminio al atentar contra los medios que los individuos necesitan para mantener su vida.

En los últimos tiempos, se han multiplicado las denuncias contra el régimen que gobierna Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad. Incluso varios presidentes de países de la región se han sumado a esas denuncias, en algunos casos presentadas ante la Corte Penal Internacional.

En este sentido, de conformidad, con el artículo 6 del Estatuto de Roma “…se entenderá como supuestos de ‘genocidio‘ cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Si revisamos el blog especializado en el tema, Genocide Watch, veremos que el genocidio supone un proceso muy complejo de varias etapas que no ocurren necesariamente de forma lineal, y se identifican las siguientes etapas: 1) clasificación (distinguir en rezón de etnia, raza, religión o nacionalidad); 2) simbolización (dar nombre a las categorías resultado de una clasificación); 3) discriminación (un grupo dominante usa la ley, las costumbres y el poder político para negar los derechos de otros grupos); 4) deshumanización (un grupo niega la humanidad del otro grupo); 5) organización (el genocidio siempre está organizado, generalmente por el estado); 6) polarización (se separan a los grupos y se transmite propaganda polarizante); 7) preparación (se construyen ejércitos, compran armas y entrenan a tropas y milicias); 8) persecución (las víctimas son identificadas y separadas por su identidad étnica o religiosa; su propiedad es a menudo expropiada; a veces, incluso son segregados en guetos); 9) exterminio (asesinato masivo, por lo general las fuerzas armadas trabajan con las milicias para hacer el asesinato); 10) negación(niegan haber cometido algún delito y se culpa de lo sucedido a las víctimas) (ver aquí, página consultada el 23/11/2018).

Se trata de etapas en las que claramente se identifica el propósito de destruir a una parte de la población. En el caso venezolano, se han denunciado persecuciones políticas, torturas, prisiones ilegales, homicidios por grupos paramilitares y un sistemático abuso del poder. Pero nosotros queremos incluir entre estos argumentos, el del desarrollo de una política económica enfocada claramente a destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la población venezolana.

Venezuela: ¿un caso de genocidio económico en el siglo XXI?

Desde el año 2007 el Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad ha detectado una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada que ha tenido como consecuencia la destrucción del aparato productivo nacional; un sometimiento prácticamente absoluto de los productores al Estado venezolano; y los mayores índices de pobreza y desnutrición que se recuerden.

Vinculado con la situación de la propiedad privada, indicamos como punto de partida el año 2007 porque en dicho año las actuaciones y omisiones del Poder Público se convirtieron realmente en un patrón que con el tiempo se fueron acentuando (ver: Rondón Andrea, Herrera Luis Alfonso, Arias Tomás: «Private Property Abolition in Venezuela», en International Property Rights Index 2010 Report). Los primeros ataques a la propiedad privada (amparados en la ley en la mayoría de los casos y luego de facto por el caos generado) se centraron en las tierras con vocación agraria y para el cultivo. Con las primeras cifras alarmantes sobre desnutrición en el país, en pocos años pudimos ver la relación causa efecto de estas medidas que destruyeron la producción agropecuaria.

Hoy asistimos al punto culminante y extremo de un proceso que lleva cerca de veinte años, con el paulatino avance del poder estatal sobre la propiedad y la producción. Además de las terribles consecuencias económicas que ello tuvo para la población, la planificación económica constituye un instrumento para lograr otros propósitos de sometimiento a la población del país, tales como la clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminio y negación. Es decir, las distintas etapas del genocidio.

Las medidas más comunes aplicadas en estas dos décadas de proceso autoritario hasta su conversión en dictadura pueden sintetizarse en: 1) distintas violaciones a la propiedad privada (ver: Glosario de términos del Observatorio de Propiedad); 2) régimen de control de cambio; 3) régimen de control de precios; 4) eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela; 5) todo tipo de regulaciones y controles a la propiedad, producción y comercialización de productos. Entre estas últimas se pueden mencionar regulaciones como el carnet de la patriapara obtener alimentos a más bajos precios, la estatización de los medios de comercialización y distribución de ciertos alimentos, la estigmatización de la actividad de los comerciantes y empresarios, la persecución a partir de fiscalizaciones selectivas (por razones electorales o por temporadas) a establecimientos comerciales (rubros escogidos al azar), la propaganda con un discurso que denuncia una “guerra económica” por parte del sector empresarial, el uso de milicias (incluyendo grupos parapoliciales) y de la Guardia Nacional para efectuar las fiscalizaciones, etc.

Todas estas medidas han empobrecido a la población, impidieron la generación de riqueza, convirtieron a los productores en dependientes del Estado, y por lo tanto imposibilitaron el sostenimiento de un aparato estatal cada vez más grande, destinado no sólo a cumplir sus funciones específicas, sino especialmente el rol de persecutor de esa propia población para cuya protección se justifica su existencia.

La imposibilidad de sostener esos gastos crecientes, convirtió además a Venezuela en el país con mayor inflación del mundo, en tanto se ha recurrido a la emisión monetaria descontrolada y sin contrapartida en productos, con la pretensión de cubrir el presupuesto del régimen dictatorial.

La mayoría de los economistas, siendo conservadores en nuestra opinión se orientaron por la definición de Philip Cagan, según la cual la hiperinflación consiste en una inflación mensual de al menos 50%. Para economistas de la Escuela Austríaca, los parámetros no son numéricos sino conceptuales: la hiperinflación es un caso extremo de destrucción monetaria, que ocurre cuando el dinero ya no cumple su función de instrumento de intercambio. Esto es, en tanto la inflación distorsiona los precios, entorpece el cálculo económico y desalienta inversiones, la hiperinflación es aquella situación en la cual ya no existen precios de modo que toda inversión y producción se convierte en poco menos que imposible.

Mises anticipaba que “La inflación no es un fenómeno aislado, es parte de un marco político-económico y socio-filosófico de las ideas de nuestra época. Así como la política monetaria de los defensores del patrón oro van de la mano con el liberalismo, libre comercio, capitalismo y paz, así la inflación es parte del imperialismo, militarismo, proteccionismo, estatismo y socialismo” (The causes of the economic crisis: And other essays before and after the Great Depression).

Ahora bien, cualquiera de los criterios que se tome en consideración, en Venezuela ya no cabe duda que estamos en presencia de un caso de hiperinflación. Si bien resulta difícil saber cuántos papeles de los denominados “moneda” han sido emitidos por el gobierno en los últimos tiempos, sí es posible hacer un cálculo aproximado a partir de las consecuencias de la inflación, es decir, el incremento de los precios. A título de ejemplo, en 30 días, comprendidos entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre de 2018, los precios tuvieron una variación de 84,86% (cifras tomadas del inflaciómetro del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad). Adicionalmente, para una revisión exhaustiva de la hiperinflación del caso venezolano recomendamos revisar el estudio “Hiperinflación: Perspectiva histórica para Venezuela” elaborado por Cedice Libertad.

Esta situación, que coloca a Venezuela en un estado de virtual destrucción de la economía por imposibilidad de establecer precios, es culpa exclusiva del gobierno, que es quien imprime esos papeles y obliga a las personas a usarlos como moneda, a pesar de que ya carecen de valor como tal.

En este sentido, el propio Mises recordó que »Para evitar ser acusado de las nefastas consecuencias de la inflación, el gobierno y sus secuaces recurren a un truco semántico. Tratan de cambiar el significado de los términos. Llaman ‘inflación’ a la consecuencia inevitable de la inflación, es decir, al aumento en los precios. Ansían relegar al olvido el hecho de que este aumento se produce por un incremento en la cantidad de dinero y sustitutivos del dinero. Nunca mencionan este incremento. Atribuyen la responsabilidad del aumento del coste de la vida a los negocios. Es un caso clásico de ladrón gritando ‘¡Al ladrón!’. El gobierno, que produjo la inflación multiplicando la oferta de dinero, incrimina a los fabricantes y comerciantes y disfruta del papel de ser un defensor de los precios bajos» (Economic Freedom and Interventionism. An Anthology of Articles and Essays, Liberty Fund, New York, 1990, pp. 109-110).

Estas medidas, ponderadas en su conjunto, muestran la existencia de un plan sistemático para controlar completamente el proceso de intercambio económico y producción en el país, lo que ha llevado a la destrucción de la economía, el empobrecimiento, y la consecuente falta de alimentos, medicamentos e insumos de todo tipo. Al menos un significativo segmento de la población venezolana, en consecuencia, se ve perseguida y sometida a condiciones de existencia que acarrean su destrucción, lo que constituye una de las formas de genocidio según recordamos al inicio. Una demostración palmaria de ello es el éxodo masivo de venezolanos hacia otros países de la región, escapando del hambre y la miseria, lo que suele considerarse como un indicio fuerte de persecución y actitudes genocidas por parte del gobierno.

Friedrich A. Hayek explicó en 1944 en Camino de servidumbre los nefastos resultados de este tipo de medidas, y cómo son tomadas por los gobiernos con el propósito de alcanzar sus propios fines. Luego de tanta evidencia advertida a lo largo del tiempo, no puede atribuirse a ignorancia o desconocimiento de la teoría económica lo que ocurre en Venezuela desde hace años, sino que debe ser atribuido a la deliberada intención del gobernante autoritario.

Por lo tanto, entendemos que cuando se examina una eventual imputación a Nicolás Maduro y miembros de su gobierno por delitos de lesa humanidad y genocidio, a las imputaciones de persecución política a disidentes, encarcelamientos, muertes, fomento de grupos paramilitares descontrolados, detenciones arbitrarias y corrupción, no deben olvidarse –porque a esta altura constituye una clara forma de persecución sistemática e intento de aniquilamiento de parte de la población civil– todas las medidas económicas y sus nefastas consecuencias. Lo que se ve agravado, en este caso, por el hecho de haber rechazado la ayuda humanitaria internacional para palear de alguna forma el hambre y enfermedades que crecen en el país.

Una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, según entendemos y propiciamos desde aquí, que no debe considerarse genocidio únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares, convierten al dictador en genocida, y esas consecuencias son palmarias en la actual Venezuela.

Ricardo Rojas: es Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal No. 18 de la Capital Federal. Ha sido profesor de asignaturas vinculadas con el análisis económico del derecho, la filosofía del derecho y el derecho constitucional en varias universidades argentinas como la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad del Salvador, la Universidad del Museo Social Argentino y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.

Andrea Rondón García: es Doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Directora del Comité de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), Directora Académica del Instituto Ludwig von Mises Venezuela, miembro de la Cátedra Carlos Rangel de la UCV y Profesora de la Escuela de Derecho y de la Maestría de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).