Un gobierno y dos criterios

La gestión del caso Rubiales está generando un marco de disenso en el seno del Gobierno en funciones. Desde el inicio de la crisis derivada por la conducta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, la vicepresidenta segunda ha aprovechado para marcar perfil propio en el seno del Ejecutivo. Hasta la fecha, la pérdida de protagonismo político de las ministras Montero y Belarra había generado una previsión optimista en las filas socialistas al prever que el talante de Díaz podría resultar más asimilable a la imagen que se propone proyectar Pedro Sánchez. Sin embargo, ha bastado que arranque el curso político para que la ministra de Trabajo subraye una personalidad que aspira a ser crítica con un Gobierno del que, paradójicamente, ella misma todavía forma parte.

El pasado lunes, y contra la recomendación del propio ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, Yolanda Díaz denunció que el Gobierno estaba actuando con lentitud y llegó a lamentar que la FIFA, un órgano privado y sujeto a menos garantías que un Estado soberano, hubiera sido más ágil que el Ejecutivo de Sánchez a la hora de tomar medidas cautelares con respecto a Luis Rubiales. Asimismo, la vicepresidenta, excediendo sus competencias y en lo que a todas luces parece un gesto ventajista, alcanzó a sugerir que tanto el seleccionador femenino, Jorge Vilda, como su homólogo del equipo masculino, Luis de la Fuente, no deberían seguir en el cargo. Su compromiso contra lo que denominó ‘machismo estructural’ no la impidió, en su momento, votar a favor de la primera versión de la ley del ‘sólo sí es sí’ ni de la posterior modificación promovida por los socios mayoritarios de Gobierno. Tras el consejo de ministros celebrado ayer, Miquel Iceta se vio en la necesidad de responder a la ministra de Trabajo apelando al rigor y a las garantías legales del proceso. Es más, el ministro de Cultura y Deporte expuso cuál había sido el proceder del Gobierno y concretó que se ha actuado tan pronto como ha sido posible.

Si bien los matices de Iceta resultan atinados para responder a la urgencia y a la heterodoxia procesal exigida por Díaz, la prontitud en la gestión a la que apela el ministro no se corresponde con la realidad. El Gobierno tenía constancia directa de no pocas irregularidades vinculadas con Luis Rubiales y existían indicios más que suficientes para incoar medidas de carácter político y jurídico que pudieran haber protegido al fútbol español. Los escándalos vinculados a las comisiones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí o la denuncia interpuesta por Juan Rubiales, primo del todavía presidente de la RFEF, en la que se daba supuesta cuenta de fiestas celebradas en Salobreña con fondos de la Federación, demuestran que este dirigente no cumplía con las aptitudes deseables para ostentar un cargo de tanta responsabilidad y tan importante para la imagen exterior de nuestro país.

En contra de lo que ahora intenta subrayar el ministro Iceta, el Gobierno no sólo no ha actuado lo antes posible sino que, durante demasiado tiempo, ha estado mirando para otro lado mientras la Real Federación Española de Fútbol se mantenía en manos de gestores dudosos. Acierta Díaz al criticar la gestión de su propio Gobierno, pero olvida que es la protección política de Rubiales, y no el razonable proceder de las últimas semanas, es lo que ha hecho posible que lleguemos la situación crítica en la que ahora se encuentra el fútbol español. Esa protección política debería investigarse y esclarecerse lo antes posible.

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