Un país al borde del abismo

No habrá más compras de 200 dólares mensuales para los argentinos. No necesitan decirlo. Ya lo han hecho. Hay tantos requisitos y tanta arbitrariedad que nadie podrá acceder a esa módica cantidad de dólares. Las reservas del Banco Central están en el límite mismo de la inopia. Las grandes empresas endeudadas en dólares fueron forzadas al default. Los acreedores les aceptarán la reestructuración de la deuda (¿qué otro camino les queda?), pero pasará mucho tiempo antes de que esas compañías vuelvan a tener crédito. Esas empresas emplean a unos 60.000 trabajadores. La imposibilidad de acceder al dólar frenará dramáticamente la inversión en el país y condicionará seriamente la producción industrial, que necesita en gran medida de insumos importados. Desde el último trimestre del año pasado hasta ahora, se perdieron cerca de un millón de puestos de trabajo (informal, la mitad), según relevamientos privados. No es todo: el país está ingresando ahora en la fase más profunda de la crisis económica. El país vacila ante el abismo.

No obstante, Cristina Kirchner se dio el lujo político de destituir a tres jueces que la juzgaron o la juzgarán con el voto de 41 senadores de los 72 que hay en total. La rendición de la dirigencia peronista es tan alarmante como la decadencia económica. Ayudó a Cristina no solo ese número increíble de senadores, sino también la deserción de la Corte Suprema frente a un grave conflicto institucional, la complicidad de la Cámara de Casación Penal (que aprobó las destituciones) y las insoportables dilaciones de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que no resuelve nada sobre el planteo de los jueces damnificados. Ese proyecto explícito de vasallaje contra la Justicia provocó en gran medida las multitudinarias manifestaciones de ayer contra el Gobierno, que ocurrieron en muchas ciudades del país. Algunos manifestantes enarbolaban los nombres de los tres jueces desplazados como si estos fueran rockstars. Cristina avanza, pero el precio político es cada vez más caro para ella y para Alberto Fernández. Podría serlo también para la Corte Suprema.

Los dos únicos activos que tiene el Banco Central son las reservas y la confianza de la sociedad en la conducción política del país. Las reservas dependen de la confianza. El problema imposible de resolver es que la presencia de Cristina en la conducción política del país es incompatible con el ingreso de dólares. El conflicto se agrava cuando advertimos que, además de la matriz productiva dependiente de dólares, hay una sociedad que se resiste a ahorrar en otra moneda que no sea la norteamericana. Desde el gran empresario hasta el jubilado o el ama de casa. Una economía bimonetaria, como es la Argentina, no puede quedarse sin una de las dos monedas que necesita para sobrevivir. Pero los dólares no ingresan si Cristina está en el timón del país. Ya sucedió cuando era presidenta. Entregó el gobierno con reservas negativas en el Banco Central. No había reservas. Solo quedaban los encajes de los depósitos en dólares de los argentinos y los yuanes del acuerdo con China, que no son fácilmente transferibles a dólares contantes y sonantes.

La relación entre la confianza y el dólar puede comprobarse con dos antecedentes previos. Roberto Lavagna no limitó nunca la compraventa de dólares y le tocó el momento posterior al estallido de la gran crisis de principios de siglo. Mauricio Macri levantó el cepo de Cristina en un solo día. En ninguno de los dos casos, los argentinos colapsaron los bancos para comprar dólares. Había confianza, aunque, también es cierto, nunca se dejó de atesorar dólares. El Ahora 12 de Alberto Fernández es una caricatura del Ahora 12 de Cristina. A esta se le reprochaba que se podían comprar televisores, celulares, heladeras o lavarropas en largas cuotas, pero que no había créditos serios para la compra de viviendas. Con el Ahora 12 de Alberto Fernández se puede pagar la peluquería, pero no se pueden comprar teléfonos celulares en la era de las comunicaciones y la información. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares, aun los que se producen en Tierra del Fuego, tienen muchos componentes valuados en dólares. No hay que dar tantas vueltas: ni el Gobierno espera ya el ingreso de dólares.

La oposición está acorralada. Los senadores opositores debieron abandonar la sesión en la que los peronistas destituyeron a los tres jueces. A Macri le allanaron la quinta solo porque se había difundido que el expresidente tuvo una reunión con tres intendentes de Buenos Aires que pidieron verlo. El fiscal Jorge Sica requirió que la Justicia decomisara las filmaciones de las cámaras de seguridad de la casa de Macri desde el 3 de septiembre hasta ahora. El juez Juan Culotta autorizó el allanamiento, pero solo para que se secuestren las filmaciones del 10 de septiembre, cuando Macri se reunió con los intendentes. El expresidente se hizo dos hisopados desde que regresó de Europa (los dos, con resultados negativos) y la reunión se hizo al aire libre. ¿Por qué la reunión de Macri sería un delito y no la de Alberto Fernández con la familia Moyano, sin tapabocas y sin distanciamiento? En enero y en marzo, el Gobierno amagó con reducir a la mitad la custodia de Macri. Todos los expresidentes tienen custodia. Los casos se resolvieron parcialmente después de tormentosas discusiones telefónicas de Patricia Bullrich con Santiago Cafiero y Sabina Frederic. La esposa de Macri, Juliana Awada, se quedó sin custodia y sin auto cuando salió en marzo de una reunión en la Capital. Al final, el Gobierno logró sacarle a Macri uno de los autos de su custodia. Cristina Kirchner tuvo siempre una custodia de más de 100 policías cuando era solo una expresidenta. Postales de Venezuela.

El paisaje es yermo, se lo mire desde donde se lo mire. La Corte Suprema huyó de su responsabilidad institucional, que la obliga a tomar una decisión en el caso de los tres jueces destituidos de hecho por el Senado que gobierna Cristina. Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli son jueces que procesaron a la vicepresidenta o la juzgarán por la causa de los cuadernos de las coimas. Los tres recurrieron desesperadamente a la Corte. La Corte calla. La culpa no es de su presidente, Carlos Rosenkrantz, porque este está sometido a las decisiones de la mayoría hasta para escribir una agenda. Nunca hay tres jueces (la mayoría de cinco) que piensen lo mismo. Para llegar hasta límites que no le pedían, la Cámara de Casación Penal se adelantó y validó en el acto la decisión del Senado con la firma de los jueces Ana María Figueroa y Ángela Ledesma (las dos son siempre solidarias con el cristinismo) y la de Mariano Borinsky, que desempató porque otros dos jueces votaron para defender a los magistrados destituidos de sus actuales cargos.

Dicen que en la Casación hay tres clases de jueces: los clásicos hombres de derecho (que son cada vez menos), los «talibanes» (por su adhesión al cristinismo) y los «mexicanos» (con las debidas disculpas a México y a los mexicanos), porque, dicen, estos hacen negocios con todos. Borinsky integra esta última camada. Una llamada desde uno de los despachos de la Corte Suprema habría sido clave para volcar el voto de Borinsky. ¿El nombre de ese juez supremo? Mejor no decirlo cuando no hay pruebas.

Alberto Fernández ordenó publicar un anexo del Boletín Oficial el día después de la sesión del Senado. Necesitaba que la decisión del Congreso fuera oficializada para que él pudiera firmar el decreto que despedía a los jueces de los lugares donde estaban. Los presidentes suelen cambiar en el ejercicio del cargo. Frondizi cambió sus ideas sobre la política petrolera. Alfonsín cambió cuando reemplazó a Bernardo Grinspun por Juan Sourrouille. Menem modificó sus populistas discursos de campaña cuando designó a Domingo Cavallo. Todos ellos viajaron de cierta o mucha irracionalidad hacia territorios racionales. La diferencia con Alberto Fernández es que este hizo el viaje inverso: pasó de sus viejas declaraciones racionales a sus actuales decisiones irracionales. Lo que vemos a veces en el Presidente es un Alberto Fernández que fue, que solo ha sido.