Un proyecto que destruye al kirchnerismo

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, consideró que las graves denuncias contra el incombustible Gildo Insfrán son puro cuento. Pietragalla es el mismo que en diciembre de 2017, cuando era diputado, abandonó el recinto de la Cámara para alentar a los manifestantes que intentaban ocupar el Congreso por una ley de Macri que modificaba los aumentos a los jubilados, más benigna que la que rige ahora. Ahora no dijo nada. Es el mismo que trepó las rejas de la Casa de Gobierno en el velatorio de Maradona para denunciar que el gobierno de Rodríguez Larreta estaba violando los derechos humanos. La policía de la Capital trataba de impedir en ese momento el vandalismo de algunos seguidores del ídolo muerto.

Insfrán, patriarca autoritario de Formosa, hacinó a miles de personas con el pretexto de la pandemia en centros en los que se violaron todos los derechos elementales de las personas. Estaban con más policías que médicos, virtualmente encarceladas. La comida consistía en alfajores revestidos de telarañas de moho, según el testimonio fotográfico de periodistas formoseños. «Es un chiste», contestó Pietragalla cuando le preguntaron si en Formosa se habían violado los derechos humanos. Pietragalla es de los que creen que los derechos humanos son propiedad del cristinismo y que su violación es siempre culpa del otro. Y es, también, uno de los que profesan con más devoción la teoría del lawfare; esto es: predica que en la Argentina hay presos políticos que vienen de la época de Macri. Es el discurso que el cristinismo adoptó como propio en la anterior administración y que profundizó aún más en el gobierno de Alberto Fernández.

Pietragalla fue uno de los convocantes de la reciente manifestación del cristinismo ante el edificio de la Corte Suprema, al que llenaron de basura, en defensa de Milagro Sala. «La Corte, basura de la democracia», dijeron los manifestantes. Ese acto anticipó la presión de los seguidores de Cristina a los máximos jueces del país. Milagro Sala ya fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita (en la causa conocida como «Pibes villeros») por todas las instancias de la Justicia jujeña, incluido el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Es probable que, como en el caso Boudou, la Corte ordene que se cumplan las sentencias coincidentes de los tribunales jujeños. Los cristinistas lo saben. El caso Milagro Sala puede ser un pronóstico de la futura peripecia judicial de Cristina. El reproche fundamental de Cristina Kirchner al Presidente consiste en que no hizo nada en casi 14 meses de gobierno para liberarla del riesgo de terminar en la cárcel. Esa presión solo ha comenzado. Mañana reabrirán los tribunales después del receso de enero.

En la desesperación por lograr la impunidad, Cristina se autoinculpa. Ha reiterado varias veces que sus procesos judiciales son producto de decisiones políticas de Macri. Es decir, ella sería una política inocente si el expresidente no hubiera dado supuestamente la orden de que la Justicia la persiguiera. Como Cristina fue presidenta durante ocho años, debe suponerse que habla con conocimiento de causa sobre los amplios márgenes que tiene el poder político para manejar las lapiceras de los jueces. Hay algo de confesión. Siempre se supo que sus principales operadores judiciales eran el omnipresente Javier Fernández (que recorre los tribunales penales en nombre de gobiernos peronistas desde la época de Carlos Menem) y el exmandamás de los servicios de inteligencia Jaime Stiuso, hasta que rompió con este. La novedad es que la expresidenta reconoce ahora, implícitamente, que para ella la Justicia es un simple trueque político entre poderosos dirigentes. Si ella gobierna, Macri es el perseguido. Si Macri está al frente del gobierno, la perseguida es ella. Ese concepto es inexplicable en una persona que participó activamente del gobierno nacional durante 12 años. O es verdad, y la Justicia argentina es una simple ficción colectiva, o es una fantasía política suya que solo sirve para alimentar los argumentos del fanatismo que la rodea. A todo esto, la mayoría de las causas que le imputan comenzaron cuando ella era la jefa del Estado, no en tiempos de Macri.

El principal propósito judicial de Cristina es lograr ahora que la Corte Suprema le acepte una apelación para frenar el juicio oral por la obra pública. Es solo una de las 13 apelaciones que presentó ante el máximo tribunal. Al paso que va, la expresidenta necesitará una Corte Suprema propia para resolver todos sus asuntos. Lo cierto es que está pidiendo que, para continuar con el juicio actual, se haga antes una auditoría de la obra pública desde 2003 hasta 2015. Podría demorar décadas, hasta que la Justicia termine absolviéndola porque habrá transcurrido el «tiempo razonable». El máximo tribunal de Justicia estuvo a punto de postergar el inició de ese juicio sobre la obra pública, también por un reclamo de Cristina, cuando en mayo de 2019 pidió el expediente dos días antes de que comenzara el debate público. Fue tal la magnitud del escándalo político que la Corte devolvió en el acto el expediente y el juicio comenzó en tiempo y forma.

La estrategia de Cristina es casi descarada. Un eventual freno a ese juicio por la obra pública postergaría también las indagaciones judiciales por lavado de dinero en los hoteles de Hotesur y en los edificios de Los Sauces, todos propiedad de la exfamilia presidencial. El supuesto lavado lo habrían perpetrado la familia Kirchner y dos empresarios: Lázaro Báez y Cristóbal López. Báez es el principal acusado en el juicio por la obra pública. Si hubo delito en la adjudicación de la obra pública sería más fácil probar el lavado en esos hoteles y edificios. Hotesur y Los Sauces interpelan solo a Cristina, a sus hijos y a esos dos empresarios. No hay exfuncionarios en el medio. Es uno de los casos más graves que acosan a la expresidenta y sus hijos. En efecto, a esas tres causas (la obra pública, Hotesur y Los Sauces) debe agregárseles la de los cuadernos, que se abrió cuando el chofer Oscar Centeno contó casi obscenamente cómo y dónde se recibían los sobornos, para reseñar las cuatro acusaciones de las que Cristina no podrá huir nunca. Están las pruebas acumuladas de manera abrumadora; están los testimonios de los arrepentidos (empresarios, exfuncionarios y hasta el contador de la familia Kirchner), y está la reciente resolución de la Cámara de Casación, que declaró constitucional las declaraciones de los arrepentidos.

Aunque Cristina no habla públicamente de decisiones arbitrarias para salvarse, varias de las personas más cercanas a ella (el exjuez Eugenio Zaffaroni, por ejemplo) señalaron la necesidad de un indulto o de una amnistía. El indulto es una facultad presidencial que se puede resolver por un simple decreto firmado por el Presidente. Alberto Fernández anticipó que no hará eso porque el indulto debe aplicarse solo a casos con condena firme, no a los procesados, como es el caso de Cristina. Es cierto, aunque hay una excepción en la historia. Menem indultó en 1990 a militares y guerrilleros que no habían sido condenados todavía. El Presidente debería aclarar algo más: que no lo hará porque no tiene vocación de suicida político. El indulto significaría el final abrupto de su carrera política.

La otra solución, que algunos cristinistas orearon en público, es la de una amnistía. Esta es ya una resolución que debe aprobar el Congreso con el voto de las dos cámaras. Las amnistías se usaron en la historia para perdonar delitos políticos, nunca para enterrar hechos de corrupción. Y el Gobierno no tiene Congreso ahora para aprobar semejante arbitrariedad. El solo proyecto de una amnistía para esos delitos significaría también el fin del Presidente como figura política. El reclamo insistente de Cristina Kirchner para que Alberto Fernández se haga cargo de alejarla del peligro de la cárcel conlleva un final tácito, consciente o inconsciente: la autodestrucción del gobierno que ella misma creó. Es como el chiste de Pietragalla: hundió aún más a Insfrán en las profundidades del descrédito.