Un triunfo en la legislación ambiental

Una vez más, resurge la imagen del aleteo de la mariposa que en algún lugar del planeta desencadena un tsunami en otro en las antípodas, al leer que las acciones de la EXXON registraron hace un par de semanas una caída de 12% después que un tribunal local sentará jurisprudencia sobre los costos a pagar por eventuales daños ambientales derivados de la explotación hidrocarburífera.

En este caso, por las actividades de la transnacional en Guyana, nuevo El Dorado de la industria petrolera, desde que la Alta Corte de Justicia de ese país ordenó a la Agencia de Protección Ambiental –APA- incrementar sustancialmente el fondo de garantía en previsión de cualquier problema ecológico, extendiendo el amparo a los territorios de doce estados insulares en su vecindad caribeña.

Una decisión que traerá consecuencias porque la empresa estima suficiente la suma que hasta ahora depositaba para  satisfacer las demandas de los ciudadanos y de las compañías afectadas por eventuales perjuicios ocasionados en la antigua colonia británica.

La Alta Corte dictaminó, sin embargo, que corresponderá a la empresa y no al Gobierno guyanés responder por fallas que causarían severos daños en las frágiles economías de las islas cercanas, que dependen a veces exclusivamente de los ingresos de la pesca y el turismo; y, de ñapa, sobre la base de una actualización anual del  monto involucrado.

Una medida trascendente porque el nivel de penalización a escala mundial, que en teoría es ilimitado, se reduce en la práctica para amortiguar su impacto en los balances que los accionistas  esperan con lógico interés, y debería contribuir a racionalizar los desarrollos en las costas de Africa, Asia y el Caribe.

Así lo plantean  instituciones como el Centro para el Derecho Ambiental Internacional –CIEL- a fin de fortalecer los intereses de los estados receptores, usualmente pobres, indefensos ante las todopoderosas multinacionales de la energía.

Desde 1989, en sus oficinas en Washington y Ginebra, el CIEL ha brindado asesoría legal, investigación y respaldo institucional en temas vinculados con el clima y la energía, la salud ambiental y recursos humanos y naturales, y entrenamiento a juristas del mundo entero en combinación con la Escuela de Leyes de la Universidad de Washington, para avanzar un novedoso concepto de democracia ambiental basado en la capacidad de las comunidades para influir en las decisiones que les atañen y proteger sus intereses.

Es una lucha que según sus directivos es cada día más ardua, por los profundos y acelerados cambios geopolíticos que vivimos, el poder creciente de actores no-estatales, retrocesos políticos en los Estados Unidos y el resto del planeta y la tendencia a tratar de manera segmentada problemas cuya magnitud exigen cooperación y  soluciones globales.

Precisamente por eso, el litigio guyanés dista mucho de haber concluido, porque nada menos que el Fiscal General alerta sobre el impacto de la medida  en el conjunto de la economía nacional y la APA ya introdujo un recurso en su contra, que, de aceptarse obligaría a elevar el  caso al Tribunal de Justicia caribeño, difiriendo así la explotación del maná parolero en que el país imagina asentado un  bonancible porvenir.

Varsovia, mayo de 2023.