Una decisión con consecuencias: Maduro y las Naciones Unidas
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó el jueves 15 del corriente mes de febrero a un organismo de las Naciones Unidas, que supervisa y defiende los derechos humanos, que abandonara Venezuela, acusando a los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país de ser un «bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. Los analistas políticos señalan que esta medida extraordinaria despoja, aún más, al país de la supervisión extranjera en un momento en que su gobierno ha sido acusado de intensificar la represión.
Ciertamente, esta acción rompe con el canal que se había establecido en 2019, para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos en el terreno, canalizar ayuda humanitaria y hacer recomendaciones para mejorar el sistema de justicia en el país. Las buenas intenciones de la ex-Alta Comisionada Michelle Bachelet no fueron suficientes. No tuvo en cuenta que se trataba de una dictadura y, como toda dictadura, no atiende ni le interesan sugerencias sobre los derechos humanos ni sobre ninguna política que desee poner en práctica. Ven en cualquier pronunciamiento una intromisión, una violación a la soberanía del país, concepto que se ha transformado en un paraguas bajo el cual se esconden los violadores de los derechos humanos.
La represión, la violación de los derechos humanos, la expulsión de diplomáticos extranjeros o la renuncia a organismos regionales e internacionales se practican en Venezuela desde la asunción al poder del difunto, Hugo Chávez, hasta nuestros días. En tal sentido, la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas solo engrosa una amplia lista de medidas similares que el chavismo ha tomado a lo largo de los años contra sus críticos.
Me atrevería a decir que ha sido el pan nuestro de cada día y para muestra un botón: la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en junio de 2020, la expulsión de diplomáticos de EEUU en 2010, la expulsión de la DEA en 2005, la expulsión de diplomáticos de Colombia en 2010, la expulsión de diplomáticos paraguayos en 2012, la expulsión de periodistas y la expulsión de diplomáticos de España en enero de 2018, la declaración de persona non grata a diplomáticos de Brasil y Canadá en 2017, la expulsión de eurodiputados en febrero de 2019, la expulsión de diplomáticos de El Salvador en noviembre de 2019, y el retiro de la OEA el 27 de abril de 2017, por calificarla como “una corporación secuestrada desde su nacimiento por intereses contrarios al espíritu de integración y unión”.
Creo estar claro en que el objetivo que se percibe es que el gobierno de Venezuela busca zafarse de sus responsabilidades tanto con el Sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, especialmente en lo referido a derechos humanos. Es decir, no hay nada nuevo; es parte del menú que el gobierno ofrece en Venezuela. Nada ha cambiado desde 1999.
La expulsión de los funcionarios de las Naciones Unidas se da dentro de un marco con distintos componentes: 1) la tensión generada por la detención de la Dra. Rocío San Miguel, activista por los Derechos Humanos, y por las denuncias que han hecho diversas organizaciones sobre un patrón de desapariciones forzadas cometidas por los cuerpos de seguridad; 2) la proximidad de un proceso electoral, que si se realizara dentro de lo que establece la ley y las buenas costumbres, implicaría que Maduro y su entorno tendrían que salir del poder y enfrentar las consecuencias de haber convertido a Venezuela en un estado fallido.
Según el gobierno de Maduro, la Doctora San Miguel estaría implicada en una de las cinco tramas conspirativas para supuestamente asesinar al presidente Maduro, denunciadas por las autoridades venezolanas el pasado mes de enero, y hasta ahora solo se ha presentado como prueba de este caso, la grabación con ediciones y cortes, de la declaración de un exmilitar detenido en diciembre.
Por otro lado, lo que menos necesita Maduro y su grupo es tener gente husmeando a su alrededor, aunque de todas maneras se sepa cómo escamoteó la victoria al candidato de la oposición. Yo me atrevería a decir que la estrategia de lucha de Maduro y su grupo es hacer creer que las elecciones presidenciales, cuando se realicen, están sumidas dentro de una gran conspiración internacional para sacarlo del juego de la vida, por lo que el Estado se encuentra en la necesidad de dar una respuesta adecuada.
Y, 3) la debilidad, como consecuencia del desprestigio que sufren las instituciones creadas en la posguerra, entre otras la ONU y sus distintos órganos especializados. Está muy bien que lleven la cuenta de cuántos desaparecidos hay en un país, cuántos presos políticos se tienen, etc., pero al final del camino es un registro solamente, y ese registro parece que no necesariamente genera medidas o sugerencias de políticas que permitan poner fin a los desmanes ocasionados, ya que serían consideradas como una intromisión en los asuntos internos del país.
La presencia del personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas fue autorizada por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2019, cuando se había agudizado el cerco diplomático por los cuestionamientos de la comunidad internacional a su reelección de 2018.
Cabe recordar que en febrero de 2018, Maduro convocó elecciones presidenciales cuatro meses antes de la fecha prevista. Hubo muchas irregularidades, incluida la exclusión de varios partidos importantes de la oposición. Maduro fue declarado ganador en mayo de 2018, siendo objeto de muchas críticas por el mundo democrático.
En un principio, la creación de esa oficina permitió documentar los informes que se siguen presentando en el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la recurrencia de casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones graves. A esto se sumó el trabajo de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, cuyo mandato fue renovado el año pasado, pese a la negativa de Venezuela, la cual se ha dedicado a sistematizar los patrones de persecución de opositores y grupos críticos de la gestión.
Sin embargo, las tensiones entre el Gobierno y Naciones Unidas están lejos de aplacarse, antes bien, todo lo contrario. Una semana después del arresto de la Dra. San Miguel, el relator especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Michael Fakhri, hizo una visita de dos semanas al país, tras la cual concluyó que persiste la crisis alimentaria e hizo duras declaraciones sobre el programa de venta de bolsas de comida a bajo costo de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), señalando que se había convertido en un “sistema clientelar” y que no cumplía con los valores nutricionales y de calidad que debería garantizar el Estado. Lo anterior fue rechazado por el gobierno.
Me pregunto: ¿qué consecuencias traería para los venezolanos la expulsión de los funcionarios de las Naciones Unidas?
Si tomamos en cuenta que las labores de la Oficina estaban enfocadas en evitar que se repitan las violaciones o ataques contra los venezolanos mediante el establecimiento de alertas tempranas, reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores y concienciar y aumentar la visibilidad de los casos, según indica el sitio web de Naciones Unidas. Podemos decir lo siguiente:
En primer lugar, la previsible aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Una medida copiada al carbón de lo que los Ortega-Murillo están aplicando en Nicaragua, con el objetivo de abolir todas las organizaciones no gubernamentales que funcionan en el país. Con lo cual quedarían con las manos libres para poner en práctica cualquier iniciativa que tenga que ver con persecuciones, encarcelamientos, juicios sumarios, etc.
En segundo lugar, la decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos insinúa una limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.
En tercer lugar, el cese de operaciones de esta oficina reduce la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, a mi juicio, la más importante. Ello debilitaría la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos, lo que repercutirá en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
Pero ojo, estamos hablando de una oficina que hace seguimiento sobre la situación de derechos humanos en el país, y la permanencia de esa oficina no garantiza que la violación de los Derechos Humanos no continúe.
En síntesis, estimado lector, Si bien es una mala noticia para los venezolanos y la comunidad internacional que se pierda esa conexión entre la sociedad y los mecanismos internacionales de protección, también lo es, la constatación de que el sistema de Naciones Unidas está perdiendo el control sobre las intrincadas variables de la realidad internacional actual.
Luis Velásquez
Embajador
