Una hoja de ruta para reconquistar el derecho a decidir

Existe una desconexión entre el calvario cotidiano de la población en la lucha por la sobrevivencia, y la lucha contra la dictadura. La mayoría de los grupos de oposición no han logrado articular una política y discurso que sirva de nexo entre los requerimientos básicos e inmediatos de la población, y la batalla política por la democratización de Nicaragua.

Mientras la mayoría del pueblo lucha desesperadamente por llevar el pan de cada día a sus hogares, pagar los recibos de agua y luz cada vez más caros, los grupos de oposición discuten y negocian en las alturas del Olimpo la arquitectura de la llamada Coalición Nacional (CN). De mantenerse esta tendencia que concibe la política como una oscura negociación de cuotas entre cupulas encerradas en una burbuja, la oposición comparecerá cada vez más débil y dividida al escenario electoral del año 2021. La fuerza de la oposición no dependerá de cuantos grupos suscriban o formen parte de la Coalición Nacional, sino del discurso que se arraigue en el corazón de las masas populares.

Desbalance interno de la Coalición Nacional

Hasta el momento, no ha quedado claro cuál es la naturaleza de la Coalición Nacional. Contrario a la sensatez política, definieron estructuras organizativas, antes de ponerse de acuerdo en los temas políticos cruciales. Debe ser a la inversa: primero establecer las políticas y el discurso, y después definir el tipo organización capaz de impulsar esos acuerdos.

Observando desde la llanura, parece que la Coalición Nacional es un nuevo partido político, o una extraña confederación de partidos políticos y movimientos sociales, que crea estructuras con una jerarquía, de arriba hacia abajo.

El problema existencial más grave que tiene la Coalición Nacional es que al momento de iniciar la campaña electoral, conforme la actual Ley Electoral, quienes tienen el monopolio para presentar candidatos son los partidos políticos. Hay un enorme desbalance interno: dos partidos políticos nacionales, un partido regional y cinco movimientos sociales, que obligatoriamente terminaran girando alrededor de los partidos políticos.

La fuerza real del PRD todavía no se conoce, porque obtuvo su personalidad jurídica hasta 2017. En esas circunstancias, quien tiene el verdadero poder y control dentro de la Coalición Nacional es el PLC: un partido con 14 diputados, algunas alcaldías y conserva todavía una parte de su antigua estructura nacional.

Una arquitectura laberíntica

Los arquitectos de la Coalición Nacional han definido la siguiente estructura: Consejo Nacional como máximo organismo de dirección compuesto por 24 personas (tres por organización); un Coordinador Nacional rotativo electo cada mes por método aleatorio; una Asamblea Consultiva; un Consejo de Asesores y dos secretarias (ejecutiva y financiera); siete comisiones de trabajo, y una estructura territorial conformada por Concejos Municipales, Departamentales y de Regiones Autónomas.

Cada organización tiene un voto, aunque tenga tres personas como representantes.

En realidad, una coalición electoral no requiere duplicar instancias organizativas que ya tienen los partidos políticos y las organizaciones que la conforman. A la hora de la campaña electoral se requiere una coordinación sencilla y eficiente, que centralice las tareas y se apoye en el tejido de las organizaciones existentes

A simple vista, la Coalición Nacional parece una réplica casi al carbón de la actual estructura de la UNAB, con una gran diferencia: El Consejo Nacional toma las principales decisiones y “(…) Ningún otro organismo de la Coalición podrá cambiar o revocar sus decisiones”. La Asamblea Consultiva es simplemente decorativa.

Detrás de ese amplio laberinto de comisiones y concejos territoriales, sobresale un solo organismo: el Consejo Nacional, verdadero centro de poder dentro de la Coalición Nacional, la única instancia de negociación y de resolución de contradicciones entre sus miembros. Las decisiones se tomarán, en primera instancia, por consenso. Si fracasa el consenso en tres sesiones consecutivas, en la próxima sesión se tomará decisión por votación calificada de las tres cuartas partes de las organizaciones que componen el Consejo Nacional: 6 votos.

Las votaciones de mayoría calificada son útiles dentro de una sola organización, pero pierden eficacia cuando se trata de resolver conflictos entre varias organizaciones. Esta fórmula de tres cuartas partes de los votos, no asegura la estabilidad interna, porque la mayoría de los votos provienen de movimientos sociales sin personalidad jurídica. ¿Qué pasaría si los dos votos en contra de determinada decisión provienen de los partidos con personalidad jurídica? Ese sería el fin de la Coalición Nacional.

¿Se repetirá el drama del 2006?

En la medida que avanzamos hacia las elecciones del año 2021, la situación se torna más compleja. Debido a la resistencia de la ACJD y la UNAB en convertirse en nuevas fuerzas políticas, solo existen, por el momento, dos casillas posibles para la oposición: el PLC y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Todas las propuestas de unidad de la oposición al final terminan en esta disyuntiva, porque la actual Ley Electoral está diseñada para obligar a las alianzas a ir en la casilla de un partido político determinado, para mantener el bipartidismo. De esta manera los miembros de cualquier alianza terminan perdiendo su identidad y no tienen oportunidad de desarrollarse como nuevos partidos políticos.

Sin lugar a dudas, el PLC defenderá hasta las últimas consecuencias los privilegios de partido del segundo lugar. No obstante, la casilla del PLC ya no está asegurada porque existe una litis interna que será resulta en los tribunales controlados por la dictadura.

Las reticencias del partido CXL de no pertenecer a la Coalición Nacional tiene algún grado de justificación. En las elecciones municipales del año 2008 la oposición unida fue en la casilla del PLC, y los resultados fueron desastrosos. En esa ocasión, el PLC se mostró como un partido subordinado a la dictadura que se comenzaba a construir.

Para terminar con el pleito sobre cuál será la casilla utilizada por la oposición, se requiere una profunda y democrática reforma electoral que permita la creación de nuevos partidos políticos, para no depender del PLC o de CxL, y también que una alianza de partidos políticos tenga el derecho a escoger el nombre y emblemas de su casilla electoral, como ocurrió en las elecciones de 1990 y 1996.

Definir la hoja de ruta

En las próximas semanas se abrirá una negociación sobre reformas electorales. La dictadura intentará ganar tiempo esperando el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Todos los grupos de oposición debemos cerrar filas en torno a la propuesta consensuada de reformas electorales que se presentó el 12 de diciembre del año 2019.

Cualquier negociación sobre reformas electorales debe estar acompañada de la exigencia de libertad inmediata para los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, y la restauración plena de los derechos y garantías contemplados en la Constitución.

Para democratizar el sistema electoral se requiere revertir las reformas constitucionales que establecieron un sistema excluyente. Sin este requisito, cualquier reforma a la Ley Electoral tendrá un efecto muy limitado, porque siempre se estrellará contra el marco constitucional.

La oposición debe impulsar una campaña masiva a favor de la creación de condiciones para la realización de elecciones libres, única manera de derrotar el pesimismo y el abstencionismo.

Los partidos políticos y movimientos sociales puedan agruparse desde ya en torno a intereses y puntos de vista comunes, organizando los bloques o frentes comunes, pero las alianzas electorales deben conformarse hasta mediados del 2021, cuando ya se encuentre despejado el panorama electoral.