Una intervención injustificada

El anuncio del titular de Economía, Carlos Cuerpo, de que el Consejo de Ministros someterá a análisis la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell es un paso más en la deriva intervencionista del Ejecutivo en los negocios privados. Se trata de una decisión que no solo carece de precedentes, sino que además vulnera el principio de neutralidad institucional y mina la credibilidad de los organismos independientes, en este caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya ha emitido un dictamen sobre la operación. Es difícil evitar la conclusión de que el Gobierno pretende interferir por motivos políticos en una transacción que debería resolverse en el ámbito privado y bajo criterios técnicos.

La opa del BBVA sobre el Sabadell fue anunciada hace más de un año y ha sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la CNMC, que dio luz verde a la fusión con condiciones específicas para garantizar que no se altere la competencia. La decisión fue adoptada por unanimidad, lo que refuerza su solidez técnica y deja sin fundamento cualquier alegato sobre una posible falta de garantías. Ahora, el Gobierno puede estudiar la opa invocando criterios de interés general, pero no de competencia. Sin embargo, de los cinco motivos que ha esgrimido el ministro Cuerpo, al menos dos –la regulación sectorial y la promoción tecnológica– son muy difíciles de deslindar del plano de la competencia. Esto acrecienta la sospecha de que lo que está haciendo el Ejecutivo no es velar por el interés general, sino socavar la independencia regulatoria de la CNMC para hacer valer su propia opinión sobre la operación.

La excusa que se ha buscado para justificar esta maniobra –una inédita «consulta pública» lanzada hace semanas por el Ministerio de Economía y cuyos resultados son secretos– no se sostiene jurídicamente. En realidad, se trata de una maniobra dilatoria puramente política. Su única intención es torpedear la opa porque considera que no le conviene desde el punto de vista electoral o territorial. No es un secreto que el Gobierno teme el coste político de una operación que afecta a un banco que se ha puesto bajo el amparo del nacionalismo catalán y cuyo rechazo también ha sido verbalizado por los socios independentistas del presidente del Gobierno.

Pero el precio de este cálculo político lo pagarán la seguridad jurídica, la confianza inversora y la reputación institucional de España. Una fusión bancaria de esta magnitud no es un asunto menor: afecta a la solvencia del sistema financiero, a la percepción internacional sobre la economía española y a la estabilidad regulatoria que se presupone en un país serio. Si cualquier operación empresarial puede ser reabierta y condicionada por el Ejecutivo en función de sus necesidades coyunturales, ¿qué inversor va a confiar en nuestras reglas? ¿Quién va a tomar decisiones estratégicas de largo plazo en un país donde los equilibrios entre poderes se disuelven al antojo del Consejo de Ministros? El Ejecutivo debe elegir entre ser garante de las reglas o destructor de ellas. De momento, ha optado por lo segundo.

La conducta del Gobierno no sólo enloda el prestigio de España, sino el de la Unión Europea. Conviene recordar que la arquitectura institucional de la UE –y particularmente la del sistema bancario– se construyó para evitar este tipo de interferencias. Por eso, Bruselas ya ha advertido de que está analizando la legalidad del proceso con todo detalle. Este episodio confirma lo que desde hace tiempo viene alertando ABC: el intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez no es una excepción, sino una pauta de conducta.