Velásquez: Ciudadanos de nadie

Ciudadanos de nadie son los que son nadie, son los excluidos, los que no cuentan ni siquiera para las estadísticas demográficas, aquellos que su voz no será escuchada jamás en su país de origen.

Salvando algunas distancias eso fue lo que pasó el pasado 9 de febrero del corriente año 2023, cuando el gobierno de Nicaragua liberó a 222 opositores al gobierno de los Ortega-Murillo, que estaban presos en diversas cárceles, y los deportó a Estados Unidos. Pero antes los declaró «traidores a la patria» y les despojó de la nacionalidad nicaragüense, en consecuencia privándoles de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, así como la confiscación de sus bienes en el país.

Para ubicar en el contexto adecuado, es importante mostrar cómo define el derecho internacional a un APÁTRIDA: «es una persona que no es considerada como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación». De forma más sencilla, esto quiere decir que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país.

Cabe recordar que esas personas a las que se les niega una nacionalidad luchan por los mismos derechos fundamentales que la mayoría de nosotros damos por sentado. Es lo grave de la medida que tomo el dueto maligno que oprime a Nicaragua.

La liberación de los presos políticos en ese país y su envío a Estados Unidos difícilmente puede ser considerado como un gesto humanitario por parte del régimen de Ortega-Murillo. Quizás la explicación de este adefesio jurídico se puede encontrar, más bien, en que como gobierno autoritario se siente cercado y busca alguna forma de normalización. Como se dice en lenguaje coloquial: “quiere hacer una gracia y le sale una morisqueta”.

La locura es tan grande que cuando los ya ex-presos políticos estaban en vuelo, y antes de que aterrizara el avión en Washington, la Asamblea Nacional, controlada por Ortega, aprobó una reforma de la Constitución que despojaba, a esas personas de la nacionalidad nicaragüense, y que además inhibe, de manera perpetua, sus derechos civiles y políticos por supuesta traición a la patria.

Las diversas declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del propio Daniel Ortega han dejado claro que la liberación, la expatriación y el destierro fueron decididos unilateralmente y sin condiciones por parte de Managua. Es decir ninguno de los dos gobiernos reconoce una negociación previa.

Estados Unidos ha venido señalando que el primer paso para abrir una negociación con Nicaragua es la liberación de los presos políticos, además de restablecer las libertades y derechos ciudadanos. Según la lógica de los Ortega-Murillo ese paso ya habría sido cumplido con esa medida.

Sin embargo no han tomado en cuenta que el resto de la sociedad nicaragüense permanece como rehén de un gobierno que en los dos últimos años ha formalizado un Estado policial para, por un lado, asegurarse la perpetuidad en el poder y por el otro, mantener el control y la vigilancia sobre la población. Esa lógica no coincide con la postura del gobierno norteamericano que insiste en que, de sostenerse la deriva autoritaria, se mantendrán las sanciones que pesan sobre las instituciones involucradas en actos represivos, sobre la familia presidencial y sobre su entorno más cercano.

Y es que las fuentes y fondos de financiamiento externo del gobierno se han reducido durante el último año, y aunque las remesas familiares provenientes del exterior se han incrementado, no son suficientes para cerrar la brecha económica, ni para sostenerse en el tiempo. Con esas condiciones parecería lógico que Ortega busque una rara vía para negociar con quien considera su interlocutor y principal adversario: Estados Unidos.

La noticia de la cuasi liberación desató un torbellino de emociones entre los familiares de los liberados y los desterrados por las numerosas denuncias sobre torturas y malos tratos a los que fueron sometidos desde que se los capturó a mediados de 2021, cuando el gobierno de Ortega inició una escalada de violencia estatal que se mantiene hasta hoy. Entre las personas liberadas y expatriadas se encuentran quienes aspiraban a competir por la Presidencia en las elecciones de 2021, dirigentes de partidos políticos, de organizaciones cívicas y movimientos sociales, intelectuales de gran talla, así como de organizaciones juveniles, numerosos periodistas, diplomáticos, sacerdotes, empresarios, defensores de derechos humanos, activistas sociales, e incluso partidarios de Ortega que se atrevieron a criticarlo públicamente.

Me atrevo a decir que el dueto malevo se colocó al nivel de lo más despreciable en la política mundial.

Ese dueto se aseguró su continuidad en el poder con los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales en 2021, porque los ciudadanos no tuvieron condiciones ni garantías para ejercer libremente su derecho al voto. Es por lo que conscientes de que su nuevo mandato se iniciaba con una legitimidad reducida al mínimo, decidieron institucionalizar un Estado policial, aprobando un marco jurídico que legaliza las políticas represivas y pone al Estado en su conjunto al servicio de un proyecto político, dinástico y autoritario. Cualquier parecido con la Venezuela de Maduro es solo una coincidencia.

La desviación autoritaria ha aislado a los Ortega-Murillo de la comunidad internacional, que además de rechazar la escalada represiva de 2021, ha demandado condiciones y garantías para los procesos electorales, el restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, así como la búsqueda de una salida democrática a la crisis. Una prueba de ello es la reacción que varios países, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México y por supuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, la OEA. Y en particular el ofrecimiento de Argentina, Chile, México, Ecuador y España de otorgarles a los expatriados por Ortega la nacionalidad.

Esta medida de deportación no solamente viola la legislación internacional que prohíbe expresamente «la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos», sino como también la propia constitución nicaragüense que en su artículo 20 establece expresamente que: “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de ni siquiera adquirir otra nacionalidad “.

Por ello la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica-migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en un país. Y están llamando deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos.

Finalmente, el Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional, establece que los hechos que pueden configurar un crimen de lesa humanidad son: ataque sistemático contra una población civil, así como la deportación ilegítima de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

Luis Velásquez – Embajador