Velásquez: Las Malvinas de Venezuela
Nicolás Maduro ha reavivado un delicado conflicto territorial con un país vecino, Guyana, que se remonta al siglo XIX. Existe la posibilidad de que muchos venezolanos no recuerden esta reclamación, al igual que otra grave disputa territorial con otro país vecino.
El pasado 3 de diciembre, se llevó a cabo un referéndum convocado por el gobierno revolucionario, en el cual, básicamente, se preguntaba a los venezolanos si estaban de acuerdo con la anexión del Esequibo, un territorio selvático rico en minerales y petróleo bajo la administración de Guyana. Con resultados poco fiables, el ente electoral informó que el voto a favor alcanzó el 95%, con un 50% de participación. Sin embargo, no hay una sola fotografía de ningún colegio electoral que certifique una afluencia masiva para participar en el mencionado referéndum consultivo.
La convocatoria a esa consulta fue posterior a las primarias de la oposición, en las cuales María Corina Machado ganó por una amplia mayoría. Sin embargo, las autoridades chavistas la tienen inhabilitada para participar en procesos electorales. María Corina Machado, según las encuestas, sería la favorita en la contienda presidencial prevista para 2024.
Vale señalar que la celebración de esas elecciones no está asegurada todavía.
El chavismo utilizó el conflicto territorial para agitar la sombra de la conspiración interna y aprovechó para apresar a parte del equipo cercano de María Corina Machado, acusándolos de traición a la patria. La tensión con Guyana le permitiría al heredero de Chávez Frías la posibilidad de decretar un estado de emergencia y aplazar la elección presidencial que debería realizarse en diciembre de 2024.
Todo parece indicar que cada día que pasa se siente más presionado por la posibilidad de perder el poder en unas elecciones presidenciales, por lo que su decisión apunta a desviar la atención utilizando para ello una causa nacional común, como es la vieja disputa con Guyana por la soberanía del Esequibo, salvando algunas distancias, lo mismo que ocurrió en 1982 con la guerra de Malvinas durante la última dictadura militar argentina.
El Goebbels de la revolución bonita sabe, por profesión, que el ser humano, por su naturaleza, responde a las reclamaciones territoriales.
Es importante recordar que en el año 1982, Argentina, en plena dictadura militar (1976-1982), sufría una grave crisis económica con una fuerte inflación, siendo que la situación social era cada vez más precaria. El entonces presidente de facto, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, buscaba un pretexto para ganar tiempo, controlar la situación y mantener a la cúpula militar en el poder. En su desesperación, intentó apelar al sentimiento nacionalista, ordenando, el 2 de abril de 1982, el desembarco de tropas argentinas en las islas Malvinas ubicadas en el Atlántico Sur, a unos 600 kilómetros de la costa argentina y cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido desde hace 190 años, desatando una guerra entre ambos países que terminó el 14 de junio con una victoria británica. Pese a su corta duración, el conflicto fue brutal: murieron más de 900 personas (649 argentinos, 255 británicos y tres isleños).
Esa decisión también significó el principio del fin de la dictadura argentina y, en medio del dolor y la indignación, miles de personas salieron a las calles a protestar, lo que obligó a los generales del Ejército a pedirle la renuncia a Galtieri. Al año siguiente, Argentina recuperó la democracia con la elección del Dr. Raúl Alfonsín como Presidente de la República Argentina.
A mi modo de ver, se puede trazar un paralelo entre ambas realidades, por supuesto, dejando de lado el contexto histórico y el tipo de dictadura. Cabe destacar que el territorio en disputa tiene una extensión de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rico en minerales, tierras raras y petróleo.
Al igual que Galtieri en 1982, Maduro necesita aglutinar a los venezolanos en torno de una causa patriota y nacional. Cabe recordar que en una Venezuela sumida en la peor crisis humanitaria que jamás haya visto la región y un gobierno cada vez más presionado por la comunidad internacional por la celebración de elecciones libres y transparentes, Maduro busca ganar tiempo y reacomodar su estructura con un solo objetivo: su permanencia en el poder.
En efecto, lejos de seguir lo indicado por el derecho internacional, Maduro fue a fondo y elevó al máximo las tensiones, instando a la petrolera estatal PDVSA a comenzar a otorgar licencias de explotación en ese territorio, y propuso la creación del estado Guayana Esequiba. También ordenó entregar la nacionalidad venezolana a las casi 125.000 personas que viven en la zona en disputa y ordenó el despliegue de militares en localidades cercanas al área esequiba.
Si bien, por ahora, no se ha hecho referencia a posibles incursiones militares sobre el territorio administrado por Guyana, el temor existe, motivo por el cual dicho país solicitó que la situación fuera tratada en el Consejo de Seguridad de la ONU ante lo que se considera una “amenaza inminente” del régimen venezolano a Guyana. Dicha reunión se realizó el viernes 8 de diciembre y, aunque no hubo declaraciones de prensa al respecto, al parecer la opinión generalizada de los 15 miembros del Consejo fue que el Derecho Internacional debía ser respetado, incluyendo el requisito de la Carta de la ONU que obliga a todas las naciones miembro, así como el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cualquier otra nación, así como que las partes acaten las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y su papel como árbitro.
Ese pronunciamiento suena paradójico proviniendo del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que en su momento no pudo evitar la invasión de Rusia a Ucrania, siendo que el invasor es miembro permanente de ese consejo. La posibilidad de una acción militar en el territorio en disputa siempre ha existido, pero si llegara a materializarse, las pérdidas serían mayores que las ganancias, y eso debería a una serie de factores: 1) la comunidad internacional no estaría dispuesta a aceptar una guerra en la región; 2) le crearía demasiados problemas a un amigo cercano de la revolución venezolana, Brasil, que tiene importantes intereses empresariales en la zona en disputa y no va a priorizar los intereses venezolanos por encima de los de su país. Además, Lula Da Silva ya enfrenta el descontento de las fuerzas armadas por el tipo de relaciones que mantiene con Maduro; 3) Cuba, el mentor del socialismo del siglo XXI, puesto en práctica por el finado Chávez, apoya a Guyana, al igual que todo el Caribe agrupado en la CARICOM, organismo del cual Venezuela también forma parte; 4) China, socio importante del gobierno revolucionario también apoya a Guyana y tiene importantes inversiones en ese país, siendo una de las principales, la empresa Huawei; 5) Estados Unidos ya se encuentra realizando maniobras militares con las fuerzas armadas guyanesas; 6) MERCOSUR adoptó una declaración en la que sus miembros (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), alertaron «sobre acciones unilaterales que deben ser evitadas, pues añaden tensión, e instan a ambas partes al diálogo y a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia, a fin de evitar acciones e iniciativas unilaterales que puedan agravarla».
La pregunta que se me ocurre es: ¿y ahora qué?. Pese a las dudas sobre la transparencia del referéndum, sus consecuencias, tanto en el plano interno como en el internacional podrían marcar la agenda político-electoral de Venezuela en lo inmediato y en 2024. Aunque suene desagradable reconocerlo, el chavismo se anotó puntos al apelar al enemigo externo y al sentimiento nacionalista, adueñándose de una narrativa que desplazó el impacto de las primarias opositoras.
Y por si fuera poco, la planificada reunión entre el presidente de Guyana, Irfaan Alí, y Nicolás Maduro, el próximo 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, de la cual se espera sea un «punto de partida» para la vuelta al diálogo entre ambos países. En cuanto al desarrollo futuro, esta situación puede ir desde una nueva negociación hasta un escalamiento serio de un conflicto, lo cual podría afectar la agenda electoral de Venezuela en 2024.
Luis Velásquez
Embajador