Venezuela: 15.000 presos políticos en cinco años

Desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019 fueron arrestadas arbitrariamente en Venezuela 1503 personas. De esa cifra, 765 personas permanecen detenidas en la nación sudamericana: 591 privados de libertad, 39 a la espera de fiadores

En apenas cinco años, la administración de Nicolás Maduro ha llevado a la cárcel a 14.471 personas con fines políticos. De ese universo, 8.154 permanecen sometidas a medidas restrictivas a su libertad, pese a que fueron oficialmente excarceladas.

La cifra récord se desprende del más reciente balance del Foro Penal Venezolano contabilizado en el período del 1º de enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2019, y la lista cuenta con la certificación internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, 837 civiles venezolanos “han sido juzgados inconstitucionalmente”, ante la jurisdicción penal militar, con un repunte particular durante el primer trimestre de 2019, que incluyó detenciones arbitrarias debido a protestas por la ausencia de servicios públicos elementales como luz y agua.

En los primeros tres meses de este año, el régimen de Maduro ejecutó el arresto de 1503 personas de forma arbitraria en el país, entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2019. De esa cifra, 765 personas permanecen detenidas: 591 privados de libertad; 39 privados de libertad a la espera de fiadores, 135 pendientes por presentación.

Particularmente en marzo hubo 237 arrestos arbitrarios y la cifra de presos políticos en Venezuela, al cierre 31 de marzo de 2019, se ubica en 864 personas.

Destacan los días con mayor cantidad de detenciones políticas: el 10 de marzo y el 31 de marzo, días en los que algunos ciudadanos protestaron por las fallas en los servicios básicos, tales como electricidad y agua.

Los 5 estados en los que se evidenció mayor cantidad de arrestos fueron: Anzoátegui con 86 arrestos, Carabobo con 45, Monagas con 29, Barinas con 19 y Lara con 16.

El Foro Penal Venezolano (FPV) detalla además que 8.154 personas permanecen sometidas a medidas restrictivas a su libertad, lo cual incluye prohibición de salida del país en algunos casos, prohibición de participar en asambleas o hablar ante medios de comunicación; así como presentación periódica ante tribunales, al tiempo que se les mantiene con un proceso judicial en suspenso y la amenaza de poder ser detenidas nuevamente.

“Puerta giratoria”

Acusado de usurpador por la Asamblea Nacional y parte de la comunidad internacional por su posesión tras comicios fraudulentos, Maduro acumula detenciones arbitrarias que el Foro Penal no contabiliza como detenciones políticas, por no ser política la causa, “lo que no quiere decir que muchas de ellas no sean arbitrarias”.

Como dato importante, hay que señalar que mientras algunos ciudadanos detenidos son liberados o excarcelados, otros son arrestados por motivos políticos. Por ello, en Venezuela siempre se mantiene tras las rejas a un número de presos políticos.

Es lo que se ha calificado desde el Foro Penal como el efecto “puerta giratoria”. Por ejemplo, para la fecha 25 de marzo de 2019, había 864 presos políticos. El 31 de marzo, a pesar de haber sido excarceladas 10 personas en la semana anterior, fueron a su vez encarceladas 10 nuevos presos políticos.

“Mientras el Gobierno habla de la supuesta liberación de presos políticos, o de personas a las que se les quiere dar una concesión por haber cometido actos en su contra, paralelamente encontramos que se está incrementando el número de presos políticos”, ha explicado anteriormente en conversación con Aleteia el abogado Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano (FPV).

“De nada sirve excarcelar presos políticos si en paralelo sus celdas se vuelven a llenar con nuevos encarcelados” añade por su parte el abogado y activista de Derechos Humanos, Gonzalo Himiob, quien es director vicepresidente de la organización que hace monitoreo especializado en el país.

Acción permanente de la Iglesia Católica

A través de acciones, pronunciamientos y comunicados, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha solicitado en repetidas ocasiones al gobierno nacional cumplir con la garantía de los derechos  humanos, que cada vez son violados de manera más sistemática.

La Iglesia Católica ha exhortado a instancias públicas a cesar la “cacería de bruja” (persecución) “contra los ciudadanos que piensan distinto” y mantiene activa la Vicaría de Derechos Humanos que brinda asistencia técnica a los afectados, al tiempo que documenta los casos ante instancias internacionales.

En 2015, la comisión de Justicia y Paz de la CEV pidió a las autoridades permitir la visita a los presos políticos autorizando a hacerlo a representantes de ese organismo. El presidente de la comisión, el arzobispo emérito de Coro, monseñor Roberto Lückert, se lo pidió por escrito al Gobierno tras reunirse con el Papa Francisco.

A través de un comunicado oficial, la comisión de la Iglesia pidió que “se permita la visita de organismos de carácter humanitario, entre ellos la Cruz Roja Internacional y a esta comisión de Justicia y Paz de la CEV, a quienes se encuentran en esta situación”. El texto recordó que el derecho a la vida y la salud se deben anteponer a cualquier posición ideológica, y reiteró que “el Estado está obligado a respetarlo y garantizarlo”.

Acciones como ésta son continuas por parte de la Iglesia, que actúa también por vía diplomática para ayudar a mejorar la condición de los presos políticos en Venezuela, debido a las dificultades ante la inexistencia de un sistema democrático en el nación sudamericana.

“¡Urge la libertad!”

Al igual que en Venezuela, en Nicaragua la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos pide el “cese de la represión, la liberación de los detenidos y el compromiso de justicia para las víctimas”.

A mediados de 2018, el cardenal venezolano y arzobispo emérito de Caracas, Jorge Urosa, dijo que “urge la libertad plena de los presos por razones políticas y que se cumplan oportunamente las boletas de excarcelación”.

Advirtió el purpurado criollo que “los recursos utilizados para estas medidas reflejan la dictadura del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes públicos”, hoy constatado por buena parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza.

También se pronunció el ahora Administrador Apostólico de Caracas, monseñor Baltazar Porras, quien enfatizó que las medidas de Maduro “indudablemente tienen un carácter político”. Juntos claman a Dios: libertad y justicia urgente para Venezuela.