Venezuela da otro paso más hacia la ‘cubanización’ de su economía

Venta de productos farmacéuticos en Caracas, en febrero. / JORGE SILVA (REUTERS)

Mientras Cuba comienza a dar muestras concretas de avanzar hacia un sistema menos restrictivo en lo político y económico, Venezuela hereda la huella del castrismo y replica su modelo. El gobierno de Caracas implementará en los próximos días el Sistema Integrado de Acceso a los Medicamentos (Siamed), con el objetivo de regular la venta de las medicinas recetadas para las enfermedades crónicas.

Esta decisión se suma a medidas similares implementadas para vender alimentos básicos en los supermercados públicos y privados, donde la mayoría de los clientes debe colocar su huella dactilar para comprar productos regulados en cantidades limitadas, o acudir determinados días de la semana a abastecerse de estos según número final de su documento de identidad. Ha sido la manera de administrar la escasez y el desabastecimiento que caracteriza a la economía local, que tiene la inflación más alta del mundo.

El ministro de Salud, Henry Ventura, ha justificado la medida con el argumento del alto consumo per capita de medicamentos y por la dificultad de conseguirlos. “Eso hay que cambiarlo”, aseguró el viernes a través de su cuenta de Twitter. Los pacientes deberán inscribirse en la farmacia de su preferencia con el documento expedido por su médico tratante. El gobierno asegura que el Siamed notificará mediante un mensaje de texto la llegada del medicamento a la farmacia para que entonces puedan adquirirlo.

La prolongada escasez, la marca de fábrica del régimen de Nicolás Maduro, ha provocado un cambio de comportamiento de los consumidores. Muchos venezolanos están haciendo negocios revendiendo los artículos subsidiados por el Gobierno a precios que al menos duplican lo que invirtieron. Otros, con mayor poder adquisitivo, están acaparando medicinas y artículos de primera necesidad para evitar salir en procesión a buscarlos por todas las ciudades venezolanas.

El anuncio tomó por sorpresa a los representantes de los laboratorios, las droguerías y las farmacias. Aún no se sabe cómo funcionará el sistema y desde ya se anticipa que su entrada en vigencia aumentará la escasez de medicamentos. Los clientes, mientras, no saben si podrán inscribirse en varias farmacias, o si solo podrán anotarse en una sola y esperar por la llegada de su medicina. Lo único claro para las fuentes del sector es que esa medida no resolverá el problema de fondo: la falta de insumos médicos no es un asunto de distribución, sino de manufactura. El gobierno debe a los laboratorios unos 4.000 millones de dólares, lo que impide que estos importen materia prima para fabricarlos.

En una entrevista con la cadena radial venezolana Unión Radio, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, aseguró que este nuevo sistema no ataca el problema de fondo: el Gobierno no está asignando divisas a la empresa privada para producir. “¿Qué van a distribuir a los pacientes que se van a inscribir si no hay medicamentos?”, se preguntó. “Si todo estuviese normal en el país, no necesitaríamos este sistema”, agregó.

La firma venezolana Ecoanalítica calcula que el Gobierno adeuda unos 23.500 millones de dólares a la empresa privada (se incluyen no solo divisas para importaciones, sino dividendos, renta y servicios que fueron aprobados pero no cancelados). Esta cantidad supera con creces el nivel de las reservas internacionales, que este viernes bajó a 19.339 millones de dólares, el marcador más bajo desde octubre de 2003. La prensa local se ha hecho eco del reclamo de los representantes de las compañías productoras de bienes, quienes claman por un mecanismo más expedito para poder adquirir los dólares necesarios para trabajar. Pero el Gobierno no tiene dinero para pagarles. Debido a la caída del precio del petróleo los ingresos del Estado, que siempre ha fracasado tratando de diversificar su economía, han caído hasta 50%.

En Venezuela rige un estricto control cambiario desde 2003. Si en un principio la medida buscaba evitar la fuga de capitales, hoy los altos cargos del Gobierno justifican su existencia con razones políticas.