Venezuela, el país que otra vez es campo minado
Las minas antipersona no se circunscriben a territorios en guerra convencional. La guerrilla que las siembra y el Estado que no las quita
Las redes comenzaron a mover un tema espinoso y abrió los fuegos el perfil de Radio Fe y Alegría, medio de la institución educativa fundada en Venezuela por el sacerdote jesuita José María Velaz en 1955, presente hoy en 22 países de América Latina: «Murieron dos campesinos en La Victoria, Alto Apure, al caer en una mina antipersonas».
Un tuitero agregaba: “Ahora ponen minas también en Venezuela”. Pero el asunto tiene historia.
En abril del 2021, murieron dos militares al activarse una mina antipersona. El propio ministerio de la Defensa de Venezuela informó que dos militares habían perecido, debido a la detonación de una mina antipersonal, durante las operaciones para confrontar a grupos armados colombianos en una zona fronteriza. Otros nueve resultaron heridos.
El ejército venezolano combatía en Apure contra grupos armados colombianos. En un comunicado, el ministerio de Defensa dijo textualmente que dos oficiales fallecieron «producto de la detonación de una mina activada» .
Llamado a la ONU
En aquella oportunidad, un grupo ONG de Venezuela y Colombia hizo un llamado público a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que designara un enviado especial que atendiera la crisis en la zona fronteriza.
El gobierno venezolano se apresuró a informar, a través del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceonfanb), que se encontraba en plena preparación para desactivar las minas antipersonas sembradas por grupos irregulares colombianos en el sur del estado Apure.
«Mientras se avanza en las coordinaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el apoyo y capacitación técnica para desactivar minas, así se prepara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para desminar las zonas sembradas con minas antipersonales por grupos irregulares colombianos que incursionaron en Apure», señala el comunicado del CEOFANB, difundido a través de la red social Twitter. Revelaba que había pedido ayuda a la ONU para desactivar el material explosivo diseminado por el territorio.
En junio del mismo año anunciaban avances en el «desminado» y también que se emplearía un «prototipo» local para desminar una zona del occidental estado de Apure, aunque entonces no brindó detalles del funcionamiento ni de sus características técnicas.
Los antecedentes
La región fronteriza entre Venezuela y Colombia, especialmente la intrincada área del estado Apure, ha sido muy problemática con la incursión de la guerrilla colombiana donde no sólo se enfrenta de tanto en tanto el ejército regular de ambos países con piquetes de la guerrilla, sino también facciones de irregulares entre ellas.
Desde 1995 el gobierno venezolano recurrió a la siembra de minas para proteger bases navales de los ataques de grupos armados colombianos a lo largo de la frontera, sobre todo en el estado de Apure.
Sin embargo, en mayo de 2013 el país fue declarado territorio libre de minas antipersona. Desde Ginebra se dio a conocer la buena nueva: “Venezuela se ha convertido en el más reciente país del continente americano en cumplir con la obligación de desminado adquirida bajo la Convención Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, o Convención de Ottawa”, citando un mensaje enviado por el Presidente del Comité Nacional de Desminado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General de División Gilberto Antonio Barrios Contreras leído ante el Comité Permanente de Desminado de la Convención que se reúne en Ginebra dijo:
“La República Bolivariana de Venezuela se complace en anunciar que no posee minas antipersonales sembradas en territorio nacional. Luego de una exhaustiva inspección por parte de equipos técnicos, se llevaron a cabo tres operaciones de desminado en forma simultánea entre febrero y marzo de este año lo que permitió la finalización de operaciones”.
Un día fuimos ejemplo para otros países
El Presidente de la Convención de Ottawa, el Embajador de Eslovenia Matjaz Kovacic, señaló que a Venezuela se le había dado hasta el 1º de octubre de 2014, como fecha límite para que cumpliese con sus labores de desminado, felicitando al país suramericano por su logro y poniéndolo como ejemplo para otros países con la tarea pendiente. Destacaron que, a diferencia de la mayoría de países afectados por las minas antipersonal, Venezuela había hecho uso exclusivo de sus propios recursos para llevar a cabo el desminado.
Según los datos que circularon, Venezuela destruyó 1.073 minas antipersonal que se encontraban en 13 campos minados en periferias de seis puestos navales. Además de la obligación de desminado y también en virtud de la Convención, Venezuela debía destruir todo su arsenal de minas antipersonal. Venezuela cumplió con tal obligación en 2003 destruyendo un total de 47.189 minas antipersonal que tenía almacenadas.
De nuevo minados
Hoy, la situación es otra. La guerrilla exporta tácticas de minas terrestres para expandir y blindar su territorio por lo que han sido llamadas “armas de guerra a cámara lenta”.
El fin de imponer terror y violencia a la población, en este caso La Victoria, municipio José Antonio Páez del estado Apure. De hecho, las recientes denuncias sobre la muerte de dos campesinos al caer en una mina antipersona de esa zona indican claramente que ha vuelto a ser un campo minado en pleno territorio venezolano.
Radio Fe y Alegría -de lo cual otros medios digitales se hicieron eco- reveló que este lunes 31 de enero (2022), pasadas las 8 de la mañana, murieron de forma trágica dos campesinos de la población de La Victoria, en la frontera del Alto Apure, al caer en una mina antipersonas que explotó al instante.
También ofrecía detalles sobre las víctimas, tío y sobrino, quienes fueron identificadas como Emil Antonio Rojas, de 43 años, y Jonathan Yilber Rojas, de 24 años, quienes residían en el barrio Flor de Apure de esta población.
Según las primeras versiones de los lugareños, los dos campesinos salieron a activar una motobomba de agua para darle de beber al ganado que se encontraba en un predio rural del sector Santa Rita cuando pisaron, accidentalmente, un terreno donde se encontraba la mina.
Los vecinos dicen sentirse profundamente consternados por la muerte de estos pequeños productores, muy conocidos y apreciados en el lugar. Por razones obvias –miedo, indefensión- no se atreven a responsabilizar a alguna agrupación irregular armada de las que operan por esos territorios, concretamente en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio fronterizo Páez así como en la población de Arauquita, Colombia.
Dos discursos
Las Farc ha acusado sistemáticamente a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) venezolana de atacarlos y de violar los derechos humanos de campesinos y civiles mediante secuestros, saqueos y extorsión en Apure. El grupo guerrillero detalló en un comunicado: «Añadimos que no hay bajas ni heridos de nuestras tropas en el marco de los enfrentamientos, por ende, esta acción es una grave violación al derecho internacional humanitario, pues insistimos que las agresiones son hacia la población civil».
Por su parte, el alcalde del municipio Páez del estado Apure, José María Romero, reconoció que en su territorio hay minas antipersonas puestas por grupos irregulares para enfrentarse a la FAN, que realiza una operación de captura de guerrilleros en esa zona.
Grupos irregulares -que no identificó- “han tenido la osadía de colocar minas antipersonales que han segado la vida de militares de nuestra Fuerza Armada”. Indicaba que las operaciones militares “generan zozobra, incomodidades e incluso hasta excesos, de los cuales nosotros estamos vigilantes”, pero aseguró que la población de La Victoria está “en paz”. No explica en qué consiste esa vigilancia, pero la realidad y el éxodo desmienten que exista esa «paz».
El diputado chavista por el estado Apure, Héctor Orlando Zambrano, señaló que los grupos armados que se han enfrentado con la Fuerza Armada han puesto minas antipersonas en territorio venezolano, indicando que lo que intentan los militares venezolanos es “golpear a un sector, a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población”.
Son dos discursos, dos caras de un mismo drama donde el único afectado es el pueblo de Apure y cada familia que vive en el terror y debe emprender la huida hacia territorio vecino. Los enfrentamientos se suceden hasta el último, muy sangriento, que tuvo lugar en 2021.
A fines de año, la ONG que vela por los derechos humanos, Provea, recordaba que la conocida como “Masacre de Ripial” –25 de mayo 2021-, cuando fueron ejecutados 5 miembros de una misma familia, continúa en la total impunidad.
Fundaredes (*) ha venido alertando, puntual y valientemente, que se producen ataques contra la población civil durante los enfrentamientos. Su director, Javier Tarazona, denunció que en la zona de La Victoria se estaban cometiendo violaciones masivas de los derechos humanos contra los civiles, señalando los parecidos con la masacre de El Amparo, donde las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles y luego pretendieron decir que eran guerrilleros.
Hoy, a consecuencia de sus denuncias, Tarazona permanece detenido por la seguridad del Estado. Poco se sabe de su situación, sólo que tiene problemas de salud; y son constantes los llamados de organizaciones de derechos humanos y de la iglesia Católica por su liberación.
El costo que ya estamos pagando
El resultado es que el gerente de fronteras de Colombia, Lucas Gómez, contabiliza en varios miles los venezolanos que han cruzado al municipio colombiano de Arauquita, a los cuales se asiste como desplazados huyendo de los enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El funcionario relató que en conjunto con la Consejera Presidencial para las Regiones, apoyan en Arauquita en la asistencia humanitaria para la inmensa cantidad de personas que huyen de los combates en Venezuela. Y alertó: «Nunca olvidar que albergar bandidos en total impunidad termina por traer consecuencias«.
InSight Crime analizó el problema en estos términos: “A pesar de los informes de estrechas relaciones entre ciertos elementos disidentes de las FARC y el gobierno venezolano, el despliegue de minas terrestres es un duro recordatorio de que la benevolencia de Caracas no se extiende a todos los grupos de las ex-FARC”.
En Colombia –recordaron- las guerrillas han sido las mayores responsables del uso de minas como arma de guerra y en años recientes la práctica se ha extendido a otros grupos criminales, quienes se han valido del uso de esta táctica para proteger rutas, cultivos, laboratorios y territorios claves para el funcionamiento de las economías ilegales.
Y si bien Venezuela ha sido una zona importante para ciertas facciones disidentes que rechazaron el proceso de paz colombiano de 2016, “su país pronto podría asumir el costo de antiguas tácticas guerrilleras desplegadas contra su pueblo y fuerzas de seguridad”, terminaban advirtiendo. Y es lo que está ocurriendo.
(*) Busca promover cultura ciudadana, democracia, el conocimiento de los derechos humanos y los deberes que fortalecen la convivencia