Venezuela: las incertidumbres del acuerdo de Barbados
El 17 de octubre, la oposición y el gobierno venezolanos firmaron en Barbados un acuerdo parcial para celebrar elecciones en 2024. A cambio, Estados Unidos levantó algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela. Por el momento, todas las partes piensan que se beneficiarán de estos acuerdos, pero puede que esto no dure. Una perspectiva en profundidad de Mariano de Alba.
Luego de prácticamente un año sin avances formales en la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y un grupo de partidos de oposición –conocido como la Plataforma Unitaria–, ambas partes se reencontraron el 17 de octubre en Barbados para firmar un acuerdo que prevé mejoras en las garantías electorales para las elecciones presidenciales que corresponden en 2024. Estuvieron acompañados por representantes de Colombia, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, Argentina, Reino Unido, Países Bajos, Rusia, México y Noruega, país facilitador del proceso de negociación iniciado en 2021.
La incógnita fundamental ahora es si el gobierno tendrá la voluntad política de permitir la implementación efectiva del acuerdo, lo que dependerá de varios factores como se explica a continuación. Por lo pronto, el acuerdo de Barbados2 ha tenido una consecuencia inmediata: el gobierno estadounidense anunció una flexibilización amplia, inicialmente de sólo seis meses, de algunas sanciones económicas impuestas durante el gobierno del expresidente Donald Trump. La voluntad del gobierno de implementar el acuerdo estará en buena parte vinculada a si se produce una mejora sustancial en la economía venezolana, que además el gobierno pueda capitalizar para recuperar un nivel de apoyo político que le otorgue competitividad electoral.
Un acuerdo para garantizar las elecciones
Entre las garantías electorales que incluye el acuerdo, primero está el compromiso de proponerle al Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, que la elección presidencial sea “en el segundo semestre del año 2024”. Igualmente, se acordó una actualización amplia del Registro Electoral Permanente, un tema ignorado durante años y la razón por la cual aproximadamente3 3 millones de jóvenes en Venezuela no han podido inscribirse para votar. Esto incluye también la realización de jornadas de actualización en el extranjero, un detalle relevante considerando que, hasta agosto de 2023, agencias de Naciones Unidas estimaban que hay casi ocho millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo.
Asimismo, el documento establece que el Consejo Nacional Electoral invitará misiones de observación electoral, incluyendo de la Unión Europea, Naciones Unidas, la Unión Africana y el Centro Carter; un asunto fundamental para la oposición, que ve en la presencia de observadores internacionales un posible freno o moderación al ventajismo y abusos del gobierno, especialmente el día de la elección. Sin embargo, el gobierno logró incluir en el acuerdo que las misiones de observación serán “técnicas”, lo que busca evitar una misión de observación de la Unión Europea, que usualmente cuentan con un componente político y público. Esto probablemente limitará a la Unión Europea a evaluar el envío de una misión de expertos electorales, tal y como fue la misión que desplegó la ONU en las elecciones regionales de 2021, la cual no declaró a la prensa y envió un informe confidencial al Consejo Nacional Electoral.
El acuerdo también prevé que “sea levantada cualquier medida que pueda afectar la seguridad de los candidatos”, en una referencia indirecta a la recompensa de 15 millones de dólares que mantiene el Departamento de Estado de Estados Unidos por cualquier información que lleve al arresto y/o condena de Nicolás Maduro. Para el gobierno de Maduro, el levantamiento de esa recompensa es una condición necesaria para que el presidente venezolano pueda hacer su campaña electoral, ya que argumentan que representa un condicionamiento importante para garantizar su seguridad, incluso dentro del territorio venezolano.
Quizás el asunto más polémico es el acuerdo para promover “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”. Esta es una clara referencia a las inhabilitaciones políticas que afectan, de manera más trascendental, a María Corina Machado, la candidata electa por una mayoría abrumadora de opositores el 22 de octubre para enfrentar a Maduro en 2024. En Barbados, minutos después de firmar el acuerdo, el jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, interpretó la cláusula diciendo que quiénes están inhabilitados por la Contraloría General de la República, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular.
¿A quién beneficia el acuerdo?
El tema de las inhabilitaciones es tan relevante que, el Secretario de Estado Antony Blinken, en respuesta a la firma del acuerdo, emitió un comunicado donde afirma que le ha transmitido al gobierno de Maduro su expectativa de que antes de que finalice el mes de noviembre, “comenzará” la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y venezolanos, presos políticos injustamente detenidos en Venezuela y se definirá “un cronograma y un proceso específico” para la habilitación de todos los candidatos.
Ese condicionamiento no es un asunto menor teniendo en cuenta que Estados Unidos, gracias al acuerdo, emitió una licencia general de seis meses que autoriza la reinserción del sector petrolero y gasífero de Venezuela en el mercado estadounidense, además de otras flexibilizaciones relacionadas con el sector aurífero y la transacción de deuda venezolana. Esta es una medida trascendental que abre la posibilidad de que Venezuela pueda empezar a exportar petróleo al mercado estadounidense y en consecuencia el gobierno pueda recibir y administrar un nivel muy superior de recursos económicos. Sin embargo, el gobierno estadounidense advirtió que el incumplimiento de los términos del acuerdo, desembocará en una reversión de estas medidas.
Ahora bien, lo que el acuerdo de Barbados contempla textualmente es que haya un procedimiento conforme a legislación venezolana para autorizar a quiénes pueden ser candidatos presidenciales. El mismo comunicado del Departamento de Estado habla de un “proceso específico” y por ende no queda claro que consagre una obligación por parte del gobierno de habilitar a María Corina Machado u otros políticos opositores. Las declaraciones de funcionarios estadounidenses resaltando que su enfoque es en un “proceso democrático” y no en una candidatura o persona específica, hace presumir que para el gobierno estadounidense todavía no está claro si la eventual falta de habilitación de Machado llevaría a Washington a revertir las concesiones que ha otorgado. Más bien, esa decisión parece estar en evaluación, con un alto funcionario de la Casa Blanca, declarando que dependerá de la cantidad de dinero que reciba Venezuela gracias a la flexibilización de las sanciones y lo que esté concediendo como contraprestación en términos de garantías electorales. También evaluarán la credibilidad e impacto que podría tener una reimposición de las sanciones económicas levantadas temporalmente.
Esto sugiere que el gobierno estadounidense está consciente que, para Maduro, la concesión de garantías electorales está muy vinculada al nivel de ingresos que podría recuperar la economía venezolana producto de la flexibilización de sanciones y si dicho florecimiento es lo suficientemente amplio como para que la popularidad de su gobierno también aumente. Al mismo tiempo, el gobierno de Biden no parece estar interesado en aumentar las restricciones económicas sobre Venezuela por el impacto que ello podría estar teniendo en exacerbar la migración venezolana.
Visto que el impacto de la flexibilización de sanciones puede ser limitado, no es descartable un escenario donde ante la falta de una mejora económica o si ésta no es suficiente para que Maduro logre recuperar apoyo político, el gobierno termine concluyendo que no puede darse el lujo de conceder las garantías electorales acordadas, y decida incumplir el acuerdo.
Este dilema resalta la necesidad, aunque hoy no sea lo más probable, de que más allá del acuerdo electoral, haya un esfuerzo por promover una negociación de asuntos más complejos como la restauración del Estado de derecho y la reparación a las víctimas de la violencia. Estos asuntos ya están previstos en el memorándum de entendimiento firmado en 2021 entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, pero no han sido abordados. Asimismo, va a ser necesario tender mayores puentes de comunicación, al menos informales, que exploren los términos de una eventual coexistencia política, incluyendo con sectores del chavismo. Este es quizás el elemento que a fin de cuentas podría eventualmente generar una estabilidad política que a su vez permita un crecimiento económico sostenido que impacte en las grandes mayorías del país, actualmente en una situación muy difícil.
El papel de la comunidad internacional
En este escenario, para los países que acompañaron la firma del acuerdo en Barbados, es crucial desplegar un esfuerzo diplomático que no sólo exija, sino que haga más probable la implementación de las garantías electorales consensuadas en Barbados. Para ello, no sólo habrá que apelar a la diplomacia pública, sino también hacer esfuerzos discretos que busquen resolver los eventuales estancamientos o retrocesos en la implementación del acuerdo electoral.
Es importante reconocer que una mayoría de gobiernos latinoamericanos, Bruselas y Washington, coinciden en este momento que la política de la “máxima presión”, que buscó precipitar una salida de Nicolás Maduro del poder a través del aislamiento y las sanciones económicas, no produjo resultados. Más bien, consideran que eventualmente terminó exacerbando la migración venezolana, un asunto que se ha convertido en un grave problema para la administración Biden (y la región), y una de las razones por las que Estados Unidos trabajó este año durante meses para que se concretara el acuerdo de Barbados y por ende pudiera relajar las sanciones a la economía venezolana.
Hasta finales de noviembre, se abre un compás de tiempo donde es previsible que María Corina Machado y sus seguidores buscarán aumentar la presión para que su candidatura sea habilitada por el gobierno. Mientras tanto, el gobierno proseguirá en su estrategia de tratar de ocasionar mayores divisiones dentro de la oposición. Tal y como lo afirma Crisis Group, la aspiración de Maduro es que, a pesar de su baja popularidad, tenga posibilidades de derrotar a una oposición fraccionada en 2024. No sólo busca que el descontento predominante en el país se divida en el apoyo a varias candidaturas. También que al menos un sector de la oposición concluya que no hay alternativa a llamar nuevamente a la abstención electoral y una nueva campaña de máxima presión internacional, lo que sería posible si el Partido Republicano gana las presenciales estadounidenses en noviembre de 2024. Que ese escenario no se concrete dependerá, en parte, de la capacidad opositora de lograr una coordinación estratégica sólida, un panorama incierto hoy por hoy.
