Virginia Rivero: “Venezuela pide a gritos elecciones y el régimen de Maduro la bombardea y asesina”.

Los venezolanos venimos padeciendo un golpe continuado al estado de derecho y una violación sistemática y permanente de los derechos humanos fundamentales desde hace ya varios años.  Sin embargo, el  1° de abril  se materializó el quiebre absoluto de  la Constitucionalidad con la supresión de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de votos,  por parte del Tribunal Supremo de Justicia;   este hecho sirvió de punto de inflexión para que el pueblo venezolano y  la comunidad internacional reaccionaran contundentemente para rechazar la dictadura que se impuso en el país.

Venezuela ha salido a las calles por millares a pedir la restauración del orden constitucional y democrático durante  todo el mes de abril y lo que va del mes de mayo. Ha sido una constante y plural lucha en la que se ha destacado nuestra valiente juventud.   El Observatorio Venezolano para la Conflictividad Social –OVCS-  contabilizó a estos momentos  946 manifestaciones.   Millones de venezolanos en las grandes ciudades, en las pequeñas, en municipios y parroquias han expresado su voz con coraje cívico y actitud pacífica pero activa para demandar al gobierno el retorno al orden democrático y elecciones.   Asimismo, miles de venezolanos residentes en el extranjero han hecho lo propio en las capitales del mundo entero.

Las demandas son claras y las ha formulado de manera sistemática la Unidad Democrática, la Iglesia y toda la sociedad civil:   1. Elecciones; 2) Autorización de la ayuda humanitaria para traer comida y medicamentos a la población que padece hambre y enfermedad. 3) Liberación de todos los presos políticos y detenidos por manifestar; 4) Reconocimiento a la Asamblea Nacional como el poder legítimo de representación del pueblo venezolano;  y,  el cese a las inhabilitaciones emanadas del poder contralor contra dirigentes opositores.

La respuesta del régimen -muy propia de las dictaduras-  ha sido una represión brutal  por parte de los órganos de seguridad de Estado que a la fecha contabiliza:  48 muertes violentas, en su mayoría jóvenes,  4 de ellos adolecentes;  780 detenidos en forma arbitraria, según el propio Ministerio Público del Gobierno.  Asimismo, hemos visto la inaudita presentación de 137 civiles a la justicia militar, de los cuales ya 73 han quedado privados de libertad, violando así normas internacionales que prohíben el uso de la jurisdicción penal militar para detener y juzgar los civiles.

Ya son miles los heridos por armas de fuego o producto de uso de armas menos letales como perdigones y gases lacrimógenos. Se están procesando cientos de denuncias de tortura y malos tratos por parte de los organismos del estado, violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales.  Los ataques a periodistas nacionales y extranjeros se suceden a diario y la censura a los medios de comunicación privados (TV y radios)  es casi total.

Aunado a la represión de las fuerzas  de seguridad,  el régimen se ha valido  -para reforzar las agresiones y el terror hacia la población-  de grupos paramilitares (Colectivos) que actuando al amparo de los cuerpos de seguridad,  disparan a personas, apartamentos y casas.  Este punto ha sido objeto de condena en todos los ámbitos nacionales y extranjeros por cuanto constituye una práctica propia de estados terroristas que pudiera comportar sanciones de la justicia penal internacional.

Otra descabellada  respuesta del régimen a las demandas de la sociedad venezolana en las calles,  fue la absurda pretensión de convocar una Asamblea Constituyente por el  Decreto #2830.  Esta propuesta ha sido catalogada por las fuerzas democráticas  como la continuación de la ruptura del orden constitucional.  La constituyente es una farsa que burla y se salta por completo el texto de la Constitución.

La Conferencia Episcopal de Venezuela en el punto 4) de su comunicado del 5 de mayo pasado expresó: “La propuesta Presidencial de una Asamblea Constituyente sectorizada para la reforma de la Constitución es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental de dicha Asamblea es “constitucionalizar” el “Estado Comunal”  (…) “En definitiva, esta propuesta es querer imponer el “Plan de la Patria”, traducción operativa del “Socialismo del siglo XXI”, sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy padece nuestro país”.

El contrapeso a la brutal represión y arremetida totalitaria del régimen de Nicolás Maduro  sigue siendo un pueblo en resistencia pacífica por toda Venezuela.   Así conseguiremos triunfar.  Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos,  trabajadores, educadores,  en fin toda la sociedad civil que se cuenta por millones debe continuar manifestando pacíficamente en las calles de Venezuela.   Cada día se acrecienta con fuerza la resistencia a la opresión  y se alzan más voces para pedir  democracia y respeto a la Constitución.  Venezuela pide cambio ya!  Venezuela pide a gritos elecciones  y el régimen de Maduro la bombardea y asesina. ¡Venezuela avanza sin miedo hacia la libertad!

En el campo internacional,  los países  han solicitado del gobierno en múltiples llamados, la restitución del hilo constitucional  mediante unas elecciones. Así mismo han pedido el cese de la represión. 

La respuesta ha sido la pretensión de Maduro de despojar al pueblo venezolano del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, al solicitar el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, OEA.   La  Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, deploró la decisión del Gobierno de salirse de la OEA.   Tal pretensión es inejecutable porque  el  régimen está obligado a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos bajo la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los pactos internacionales en esta materia.   Así se lo ha hecho saber al gobierno por todas las vías, la comunidad internacional, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y  la propia CIDH/OEA.

Esta Comisión, el pasado 9 de mayo, hizo  llamamientos muy contundentes al régimen venezolano.  Entre estos quiero resaltar la “condena cualquier intento de las autoridades venezolanas de impedir la celebración de elecciones y la supresión del derecho al voto de la ciudadanía”.  Es un derecho establecido en todos los pactos internacionales y así lo contempla la Carta Democrática Interamericana,  “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. La restricción arbitraria de los derechos políticos y cierre de espacios democráticos no puede ser la respuesta a los reclamos de la sociedad; por el contrario, es un signo de la incapacidad de hacer frente a los reclamos en términos democráticos, que solo aumenta los conflictos sociales y políticos.

La CIDH-OEA ha sido clara en señalar que el gobierno venezolano está obligado a respetar sus obligaciones internacionales.  Que no piense el régimen de Maduro que por una absurda e incivilizada declaración de romper con la OEA, se salva de estos compromisos que están por encima una cualquiera epiléptica reacción de un autócrata en el poder. La comunidad internacional, América y Europa están pendientes de las demandas electorales y de respeto a los derechos humanos del pueblo venezolano para continuar por el camino democrático.  El Consejo Permanente de la OEA se reunió el día 10 de mayo,  para tratar los preparativos de la reunión de Consulta a los Cancilleres de la OEA que tratará muy en breve la situación de ruptura del orden constitucional en Venezuela.  No obstante, esta lucha –insisto- es de los demócratas venezolanos  unidos en las calles. De fuera vendrán apoyos y declaraciones pero la solución es nacional.

El cambio hacia la democracia y el rescate de la dignidad y nuestros derechos,  dependerá de nuestra  resistencia y perseverancia en hacer valer ante el poder constituido nuestras demandas de manera cívica, no violenta pero muy activos en las calles. La respuesta a la dictadura seguirá dándose en la calle: Basta ya de tanta represión!  No tenemos miedo para exigir libertad, democracia y elecciones.  Corresponderá a las instituciones atender a ese pueblo en la calle,  oír sus demandas y actuar en beneficio de todos para procurar un cambio político respetando siempre la Ley.

“Gloria al Bravo Pueblo”