Víctor Salmerón: ¿Qué está pasando con las empresas en manos del Gobierno?

El escenario

En un entorno donde la imposibilidad de comprar dólares obliga a empresarios privados a paralizar plantas por falta de materia prima, insumos o equipos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, detecta una oportunidad para continuar incrementando el peso del Estado: “Planta parada, planta tomada por el pueblo”, amenazó el pasado 14 de mayo durante el acto en el que encendió “el motor de la economía comunal”.

En Venezuela, 96 de cada 100 dólares que ingresan al país provienen del petróleo y, tras no ahorrar durante el prolongado boom de altos precios del barril, endeudarse masivamente, vaciar las reservas en efectivo del Banco Central y gastar en proyectos que no son capaces de exportar, el Gobierno se ha quedado sin suficientes divisas. Analistas consideran que, para disminuir el costo de este desajuste, la administración de Nicolás Maduro ha podido implementar un plan de financiamiento, renegociar los pagos de la deuda y aplicar un programa de reformas estructurales, pero ha optado por un profundo recorte de las importaciones que golpea con fuerza al sector privado.

La posición del Gobierno es que los empresarios deben utilizar dólares propios para importar lo que necesitan para producir, idea que el vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, sintetizó con la frase: “Es hora de romper el cochinito”. Pero a pesar del riesgo a que las plantas sean tomadas, luce muy poco probable que las empresas den este paso en un ambiente de negocios hostil, pérdidas crecientes para los accionistas y mayor inestabilidad política.

Si en definitiva Nicolás Maduro se decide a tomar las plantas paradas, sumará nuevos nombres a la larga lista de empresas que controla el Gobierno. En 2007, Hugo Chávez inició la expansión del Estado comprándole a multinacionales un conjunto de empresas estratégicas y expropiando compañías en el sector de alimentos, tierras, manufactura y de servicio petrolero. El resultado dista mucho de lo planificado en los papeles del Primer Plan Socialista Simón Bolívar.

¿Qué ocurre en el área de alimentos?

En el sector de alimentos, el Gobierno obtuvo el dominio en la producción de café tras asumir la administración de empresas de referencia en el ramo, como Fama de América y Café Madrid; comenzó a gestionar 11 centrales azucareros, fundó compañías de helados, sardinas, atún y pasó a controlar un conjunto de fábricas con capacidad instalada para abastecer a la mitad del mercado de harina de maíz precocida. Al mismo tiempo, creó un rompecabezas donde distintos organismos públicos otorgan subsidios, almacenan, distribuyen y venden, mientras que las miles de hectáreas expropiadas a los “terratenientes” deberían garantizar el crecimiento de la producción agrícola en rubros como arroz, carne y leche.

El 26 de junio de 2015, el entonces ministro de alimentación, Carlos Osorio, publicó en la Gaceta Oficial 40.690 una resolución en la que agrupó en 14 conglomerados a la larga lista de empresas que se desenvuelven en el sector de alimentos y donde el Estado tiene algún tipo de control. Los conglomerados dejan en claro que la mano visible del Estado ha creado un gigantesco consorcio que hoy debería estar abarrotando los abastos y supermercados con una gran variedad de productos. No obstante, el resultado es una creciente escasez que obliga a los venezolanos a realizar largas colas a las puertas de los comercios.

El conglomerado de aceites y grasas cuenta con 9 empresas, el de arroz 17, el cárnico 29, el avícola 8, el de pesca 38, el de lácteos y frutas 45, el de harina de maíz 15 y el de alimentos balanceados para animales 6. Además, en el área de silos existen 43 empresas, en el de transporte 6, en acopio y frío 36, empaquetadoras y empaques 16. Redes de distribución formadas por Pdval, Mercal, Bases de Misiones, una comercializadora y Fundaproal. Finalmente, existen 10 compañías en el conglomerado mixto. En total, se trata de 283 empresas en el sector de alimentos que hasta ahora no han cumplido con el objetivo de impulsar la “producción del sistema socialista” y convertir al Estado en un eficiente proveedor de alimentos.

El Banco Central de Venezuela indica que en 2015 la producción de alimentos y bebidas en la agroindustria que maneja el sector público se redujo 5,3% respecto a 2014, mientras que la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación registra datos en rojo. De acuerdo con las cifras oficiales del despacho de Alimentación, en 2015 Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Mercal (Unidades Productivas y Carnes Venezuela) y Venalcasa produjeron 418 mil 293 toneladas de alimentos, cifra que representa un declive de 14% respecto a 2014 y de 23% respecto a 2013.

Al mismo tiempo, al contrastar 2015 con 2014, la producción de las plantas empaquetadoras se contrae: en la planta de granos Quíbor cae 52%, en la planta de granos Urachiche 30%, en la planta empaquetadora de azúcar Mampote 28%, en la planta empaquetadora de azúcar y granos Hugo Chávez 46% y en la empaquetadora de granos, azúcar y leche en polvo Tinaquillo 19,6%.  En la producción de las plantas procesadoras de harina de maíz precocida también hay descensos importantes en la producción al contrastar 2015 con 2014: en la planta Guanare hubo una contracción de 9%, en la planta Zamora Vive de 51%, en la planta San Francisco de 3,5%, en la planta la Colonia de 10% y en la planta Juana Ramírez la Avanzadora de 6%. Además, la producción de la procesadora de Harina de Arroz Barinas cae 34% y la de la Planta Procesadora de Harina de Pasta Turen 23%.

La manufactura

Las estadísticas del Banco Central de Venezuela desnudan que la producción de la industria sufre una fuerte contracción. Al contrastar el tercer trimestre de 2015 (último dato disponible) con el mismo lapso de 2014, surge una severa caída de 11,1% y la magnitud del descalabro es tal que el PIB del sector se ubica en el nivel más bajo desde 2004. En este resultado incide el desempeño de las empresas públicas.

Dispuesto a convertirse en un poder dentro del sector automotriz, el gobierno de Hugo Chávez se asoció con empresas extranjeras para crear compañías que, de acuerdo a los planes, inundarían el mercado de camiones, tractores y vehículos, pero el resultado no ha sido el esperado. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias correspondiente a 2015 revela que la producción se encuentra muy por debajo de lo planificado y se utiliza un porcentaje muy pobre de la capacidad instalada.

El 10 de diciembre de 2007, el Estado se asoció con la República de Belarús para crear la empresa mixta Maz Ven destinada a producir, ensamblar, distribuir y comercializar camiones con capacidad para transportar cargas consideradas media-pesada que van desde 10 a 27 toneladas.  Al momento de anunciar el nacimiento de la empresa, Hugo Chávez expresó:

“En América Latina nadie tiene una fábrica de camiones, ni nuestro querido hermano Brasil, pero luego vamos a ramificarnos hacia América Latina. Tendremos una fábrica de grandes camiones de carga, los más modernos del mundo”.

Pero las estadísticas oficiales revelan que, en 2015, Maz Ven ensambló 325 camiones de carga, una cantidad que apenas representa 13% de los 2.500 que se habían planificado a comienzos de año. El resultado es que la empresa sólo utilizó 7% de la capacidad instalada.

Entre las causas que explican la poca producción destaca que la compañía se quedó sin repuestos. El Ministerio de Industrias admite que:

“Hubo disminución en el cumplimiento de las metas de ensamblaje, debido a la caída de los precios del petróleo y a la disponibilidad de las divisas, ocasionando incumplimiento de cronograma de pago (65,9 millones de dólares) con la empresa Fábrica de Automóviles de Minsk (Maz), correspondiente a la deuda que se tiene con los aliados Bielorrusos, ocasionando faltantes de inventarios de repuestos para el ensamblaje de los camiones”.

 Además, el despacho de Industrias reconoce: “limitantes en cuanto a recepción de materia prima y demora de los convenios para la entrega de los kits semiensamblados”.

 El 7 de diciembre de 2007, el Estado se asoció en otro proyecto con la República de Belarús: Veneminsk Tractores C.A, que tiene la misión de:

“producir tractores de alta calidad de forma eficiente, confiable y rentable a precios competitivos, destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades agrícolas a nivel nacional, así como para la exportación a los países pertenecientes a la Alternativa Bolivariana para las América (ALBA)”.

 El Estado venezolano controla 79,98% de las acciones y la República de Belarús 20,02% y la empresa no ha logrado mayor cosa. En 2015 se ensamblaron 705 tractores, una cantidad que sólo representa 41% de la meta establecida y el uso de apenas 9% de la capacidad instalada.

La compañía explica este desempeño como producto de:

“Alto índice de ausentismo laboral en la institución durante el tercer trimestre del año 2015, dificultad para la adquisición de insumos nacionales para la producción y retardo en la llegada de las partes y piezas faltantes en los SKD (materia prima) adquiridos para el ensamblaje de los tractores, lo que generó una limitación en el cumplimiento de la meta programada”.

La Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) es el emblema de lo que ocurre con las empresas básicas de Guyana. En 2007, cuando aún estaba bajo el control del grupo trasnacional Techint, la empresa batió récord de producción al colocar en el mercado 4,3 millones de toneladas de acero. Las estadísticas oficiales indican que en 2015 sólo produjo 1,06 millones y escasamente utilizó 21% de la capacidad instalada.

En el caso de CVG Aluminios del Caroní (Alcasa) el resultado también es decepcionante. La capacidad instalada de esta empresa para la producción de aluminio líquido es de 170 mil toneladas y el año pasado apenas produjo 28 mil 536 toneladas, cifra que representa 16,8% de su potencial.  La escasez de cemento obedece al declive de la producción. Las cifras oficiales registran que en 2015 la Fábrica Nacional de Cementos elaboró 257 mil 270 toneladas, cantidad que se traduce en un desplome de 41% y el nivel más bajo desde 2011.

En general, el desempeño de las empresas públicas, en los casos en los que existen cifras, evidencia una situación crítica que explica el desabastecimiento en distintas áreas de la economía.

Los incentivos

Las causas por las que el gobierno ha fracasado como empresario son conocidas: las empresas públicas no pueden mantenerse sanas cuando la lealtad política es la principal condición al momento de seleccionar a los gerentes, una total opacidad que permite que no se conozca la condición financiera de las compañías, crecimiento desproporcionado del número de trabajadores y precios controlados que no reportan rentabilidad.

Otro elemento a tomar en cuenta es lo que analistas denominan restricción presupuestaria blanda, es decir, como el Estado cubre las pérdidas por el ingreso que obtiene a través del cobro de impuestos y la renta petrolera, hay pocos incentivos para reducir costos, colocar precios que permitan obtener ganancias y no aumentar la nómina por objetivos políticos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que, al cierre de diciembre de 2015, un total de 2 millones 779 mil personas laboraban para el sector público, dato que se traduce en un salto de 1 millón 148 mil empleados respecto a la nómina de diciembre de 2004. La consecuencia es que durante los últimos once años el número de trabajadores públicos aumentó 70% y, en promedio, cada día, ingresaron 289 nuevos empleados a la nómina que debe atender el Gobierno.  En marzo de 2014, Jorge Giordani, en ese entonces ministro de Planificación, le entregó a Nicolás Maduro un documento donde alertó:

“No existe suficiente contraloría para los recursos que insumen las empresas públicas, los numerosos programas de los ministerios y otros organismos públicos, y la demanda de importaciones públicas, entre otros gastos, con lo que estos han crecido sin suficiente control y en muchos casos sin los resultados que se prometieron”.

Todo indica que incrementar el número de empresas y continuar disminuyendo el rol del sector privado aumentará la escasez y el peso para la nación de un entramado que cubre sus pérdidas e ineficiencias con los impuestos que pagan los ciudadanos y una renta petrolera que cada día alcanza para menos.