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Virginia Rivero: Diplomacia vaticana en acción…
Hace unos días vimos como la Directiva de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) sostuvo un importante encuentro con el Papa Francisco y otros altos Cardenales en el Vaticano para tratar el agravamiento de la crisis en nuestro país.
Se encuentran en Roma, al momento de hacer estas líneas, el Presidente de la CEV y Arzobispo de Cumaná Diego Rafael Padrón Sánchez; el Vicepresidente y Arzobispo de Barinas Luis Azuaje Ayala; los obispos de San Cristóbal, Mario Moronta y de San Felipe, Víctor Hugo Basabe; También están el Cardenal Jorge Urosa Savino, y el Cardenal Baltasar Porras Cardozo.
No es cualquier delegación de la Iglesia, sino su más alta representación la que ha ido en procura de luces en esta hora oscura de la patria. Hay comunión de objetivos en la Iglesia universal y la Iglesia venezolana. Hay unidad en el diagnóstico y en las líneas para la acción. De ello, no me cabe la menor duda. El propio Papa Francisco expresó que “en la voz de los obispos venezolanos resuena la mía“.
Todo está claro, el Vaticano no se ha desligado de Venezuela, a través del Nuncio Apostólico y de nuestros Obispos, se mantiene al día con todo lo que aquí acontece y es evidente que el Papa sigue dispuesto a ayudar porque nos quiere como pueblo, sufre con nuestra tragedia y como dijo el propio Mons. Diego Padrón. “El Papa tiene un gran radio de acción. Todos los contactos, toda la moral que tiene para hablarles a los Gobiernos y a los pueblos, y él puede hacer mucho en favor de Venezuela”…”Confiamos en que esa visión internacional y esa ayuda internacional va a ayudar al pueblo venezolano”.
¿Esto significa que en los próximos días veremos la diplomacia vaticana en acción?
La Santa Sede comunicó formalmente que el Papa Francisco, sólo tomará parte en una nueva iniciativa de diálogo, siempre y cuando el gobierno cumpla con las cuatro condiciones ya expresadas en la Carta del Cardenal Pietro Parolín a inicios de diciembre de 2016. Entre dichas condiciones, debemos recordar, se solicitó la apertura de un canal humanitario que permita hacer ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma general de elecciones, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y, la liberación de los detenidos por causas políticas. Los llamados cuatro puntos de Parolín son la base de partida para esta nueva etapa de acción de El Vaticano.
El Papa públicamente hace pocos días dirigió “un apremiante llamamiento al gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando a la población”. Porque es claro que la solución está en manos nuestras. Los demás sólo pueden ayudar a que la alcancemos, pero es asunto nuestro. El pedido de Papa Francisco, va en la línea de buscar una solución negociada por parte de los actores principales de la política venezolana y por supuesto del Gobierno que resulta ser el actor principal. Es la hora de la política, no de las balas; basta ya de la violencia o de la guerra declarada por un gobierno contra todo un pueblo desarmado.
Entre tanto soy de las que cree que la protesta debe continuar arreciando. Aquí se comenzará a hablar de paz cuando tengamos 1) restitución del hilo democrático quebrantado hace meses; 2) cese de la represión brutal al pueblo; 3) elecciones libres, universales y secretas que conlleven a un cambio político para solventar el hambre, la falta de medicinas, la ruina económica y la desintegración social, entre otros problemas; 4) libertad para los presos políticos; y 5) respeto a los derechos humanos fundamentales y a la dignidad de los venezolanos. En simultáneo nada impide y es urgente que se exploren y estudien iniciativas a nivel nacional e internacional que puedan significar soluciones a la crisis; todo ayuda.
El gobierno, por su parte, sigue no cooperando, lejos de ayudar ha escalado la confrontación con la propuesta de una Asamblea Constituyente. Esto empeora su condición de ilegitimo. Su desempeño “no democrático” lo condujo a ser calificado como una dictadura. Habla de paz pero le pone gasolina al fuego. Obviamente, el país democrático tiene que rechazar esta fraudulenta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente porque viola el artículo 347 de la Constitución vigente y usurpa el poder del pueblo de Venezuela, al desconocer que sólo “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y sólo éste “puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva Constitución”.
La convocatoria viola además, los artículos 62 y 63 de la Constitución vigente en los que se reconoce que “el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional”. El voto universal es un derecho humano y es uno de los fundamentos de la democracia como lo establece la Carta de la OEA. La Constituyente además de innecesaria, es un peligro para la continuidad de la República y la paz de Venezuela como lo ha señalado la Conferencia Episcopal de Venezuela el 5 de mayo pasado.
Es hora de que los países de América, Europa, la diplomacia Vaticana y todos los organismos internacionales acompañen las voces de los ciudadanos de este país que cívica y pacíficamente demandan por más de 65 días el respeto a la Constitución, las leyes¸ piden comida, medicinas y elecciones. Millones de ciudadanos exigen libertad y restitución del hilo democrático, cese de la represión, liberación de los presos y detenidos por razones políticas; y restitución de la Asamblea Nacional. Una Asamblea, electa por sufragio universal de 14 millones de venezolanos y anulada de facto por el Tribunal Supremo de Justicia en franca violación a la Constitución.
Este clamor lo ha sintetizado muy bien nuestra Iglesia en su conversación con el Papa “Lo que necesita y reclama el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas”.
Los venezolanos estamos en la obligación moral y constitucional de: por un lado, impedir la instalación de la Asamblea Constituyente por mandato de la propia Constitución en su artículo 333 que dice todo ciudadano “tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” y el pueblo de Venezuela “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Y por el otro, también es importante prestar apoyo a instituciones como la Fiscalía General, la Asamblea General, la Iglesia y todos aquellos que trabajan por una solución en el marco de la Constitución y las leyes. Bienvenida cualquier iniciativa de entendimiento para la búsqueda de una solución pacífica, electoral e institucional a la crisis humanitaria, social, política y económica. Apostemos a un entendimiento por el bien común de Venezuela, para buscar soluciones con garantía de cumplimiento, apego a la verdad y la justicia. No más violencia y barbarie para imponer voluntades. Hagamos política.