¿Y ahora qué?
La semana pasada en esta misma columna comentamos cómo se iba deshojando la margarita entre quienes opinaban que el despliegue naval norteamericano en el Caribe sería una demostración de poderío destinada a dar una última advertencia al régimen madurista frente a aquellos que opinaban que la administración Trump, fiel a su estilo agresivo, iría a emprender alguna acción concreta que sirviera no solo como advertencia sino como muestra de una política real apoyada en hechos que no dejen duda acerca de cuáles son las intenciones del señor Trump.
La incógnita se ha despejado parcialmente al concretarse -en aguas internacionales- una acción de fuerza letal que deja bastante en claro que Estados Unidos bajo la administración Trump tiene la firme intención de combatir el narcotráfico, que es una amenaza existencial para su sociedad. No está claro hasta el momento de escribir estas líneas si el plan incluirá o no alguna acción quirúrgica con o sin utilización del territorio terrestre y los espacios marítimos o aéreos sujetos a la jurisdicción venezolana.
Hemos expresado antes que en nuestra opinión la acción de fuerza llevada a cabo, aun moviéndose en el marco de lo jurídicamente opinable desde el punto de vista del derecho internacional, al menos puede reivindicar argumentos que avalan su procedencia a saber: a) se realizó en aguas internacionales en una zona designada como teatro de operaciones de la fuerza naval encargada de vigilar y limpiar un área desde la cual se llevan a cabo amenazas a la seguridad norteamericana perpetrada por grupos calificados como delincuenciales y terroristas en perjuicio de la seguridad de Estados Unidos, lo cual abre la ventana para su combate, b) quien se expone a emprender un viaje nocturno en aguas sujetas a vigilancia naval militar no puede esperar ser tratado como inocente pescador, c) quien parte clandestinamente desde un puerto cuya propia existencia depende del tráfico de sustancias prohibidas no puede alegar la libertad de los mares como escenario para ejecutar sus fechorías, sino que se expone a un negocio de extremo riesgo con la posibilidad de pingües ganancias d) según el informe del incidente comentado por un oficial encargado, las autoridades norteamericanas dieron aviso a la embarcación, la iluminaron con luces desde un helicóptero, requirieron que se detuviera utilizando parlantes en idiomas español, inglés y portugués para llevar a cabo la inspección y aun así la embarcación ignoró las indicaciones.
Se dice y discute si se violaron los protocolos marítimos. En respuesta a ello nos permitimos citar al prestigioso periódico The Wall Street Journal, que en su editorial del día de ayer afirma: “Los capos venezolanos no son quienes siguen las reglas de la Marquesa (SIC) de Queensbury, por lo cual Estados Unidos está en la necesidad de enviarles un mensaje más convincente”.
Cierto es que tal como ocurrieron las cosas no se ha logrado incautar la carga de la lancha ni detener a ninguno de sus tripulantes para su posterior presentación ante la justicia. Sin embargo, no deja de tener justificación la necesidad de defender la seguridad de Estados Unidos, que es no solo atribución sino obligación de las autoridades norteamericanas.
Sea como fuere, el secretario de Estado, Marco Rubio, en su reciente viaje por México y Ecuador, dio la explicación del caso recordando la determinación de su gobierno suficientemente anunciada. ¿Acaso es necesario que un terrorista detone una bomba en medio de una manifestación como condición previa para llevar a cabo un operativo de seguridad?
Ocurrida ya la destrucción de la lancha sospechosa y muertos quienes la tripulaban, es la hora de tomar nota de quiénes aprobaron la acción, quiénes la rechazan y quiénes -inmensa mayoría- optaron por el silencio de no comprometerse.
Quienes se anotaron en una u otra opción son los mismos que en el plano mundial y regional se posicionan en una visión maniquea entre el concepto de soberanía y el de autodeterminación de los pueblos. Para este columnista está claro que la segunda (autodeterminación) está por encima de la primera (soberanía).
Queda por ver si la operación aquí comentada se extiende al concepto de cambio de régimen (regime change) con el objetivo final de sustituir a Maduro & Cía. para restituir la democracia y el Estado de derecho en Venezuela Tal dilema aparentemente no está resuelto aún en la Casa Blanca, donde ambas opciones tienen partidarios y críticos. Muchos opinan que una rebelión de los venezolanos -que aún no ha ocurrido- sería el presupuesto y detonante para dar ese paso.
También queda por ver la actitud que adoptarán los dirigentes políticos de nuestro país, entre quienes ya despunta la invocación de defender “el sagrado suelo de la patria” tal como en 1903 lo hizo Cipriano Castro, ampliamente socorrido por Nicolás.
Amanecerá y veremos.
