Yoani Sánchez: La soberanía del internauta
Busqué infructuosamente en la pantalla esos rostros que conozco tan bien. En cada reporte que transmitió la televisión sobre la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el Ámbito Digital, escudriñé a los invitados para identificar a geeks, informáticos, blogueros, tuiteros y demás «criaturas» vinculadas al uso de la nuevas tecnologías en Cuba. En lugar de ellos, mi vista tropezó con connotados burócratas, periodistas oficiales, cibercensores y funcionarios ministeriales.
En la calle, el humor popular no pasó por alto el evento que se desarrollaba en el Palacio de las Convenciones con invitados de más de 34 países. La gente atribuyó los constantes cuelgues que tuvo desde el viernes el servicio de correo electrónico Nauta en los móviles a que «la red wifi de la ‘conferencia esa’… se ha robado el ancho de banda». Nada risible el argumento, conocedores de tantos trucos hechos en otros sectores para mostrar una hermosa vitrina ante los participantes extranjeros.
Por su parte, la escasa representatividad de los invitados nacionales al encuentro contrastó con la diversidad de fenómenos vinculados a la informática que existen en nuestro país. Desde el paquete semanal, como compendio de audiovisuales que circula de manera viral, hasta el arrasador portal de clasificados Revolico y la tuitósfera independiente, pasando por las redes inalámbricas clandestinas, las tribus urbanas que se juntan alrededor de los videojuegos o el impacto de Facebook entre los más jóvenes. Una vasta y plural cosmogonía a pesar de las limitaciones de conectividad que padecemos.
Internet no es un capricho ni un lujo, mucho menos algo superfluo, es una necesidad imperiosa para todo ser humano del siglo XXI
Sin embargo, no fue la ausencia del sector alternativo la única limitación que lastró a la Conferencia. Su falta más llamativa radicó en no haber incluido con objetividad los justos reclamos de soberanía individual y protección al internauta que recorren la Isla. Especialmente aquellos que se encaminan a una salvaguarda de la información privada de los usuarios frente a los servicios de inteligencia y el propio Gobierno. Temas globales como la ciberseguridad de los países y la gobernanza de Internet tampoco dejaron espacio en la agenda a impostergables discusiones sobre la existencia de una ciberpolicía, la creación de falsas matrices de opinión por parte de la maquinaria oficial y los sitios censurados debido a considerandos políticos.
Como principal requerimiento en temas de tecnología y comunicación, los cubanos esgrimen hoy el acceso a Internet. La demanda de esa conectividad, largamente escamoteada, ha aumentado en los últimos años y no es exclusiva del sector más informatizado de nuestra sociedad. Desde el hacker que quiere probar sus últimos códigos en la web, hasta la propietaria de una cafetería privada a la que le gustaría acceder a foros sobre gastronomía, una buena parte de la población siente la necesidad de estar interconectada.
Entre los millones de cubanos cuyos apremios alimentarios, habitacionales y económicos son apabullantes, la idea de que una presencia digital les brindaría más oportunidades para su vida cotidiana también ha madurado en el último lustro. Internet no es un capricho ni un lujo, mucho menos algo superfluo, es una necesidad imperiosa para todo ser humano del siglo XXI.
Ante esa urgencia, el Gobierno cubano ha optado por la cautela y por suministrar a cuentagotas las ventajas de ese bien común que es la red de redes. Para tal política de racionamiento y control ha utilizado precios prohibitivos en la conexión desde locales públicos, en los que ahora mismo una hora de navegación por Internet cuesta –como mínimo– el salario correspondiente a tres jornadas laborales, unos 2,25 pesos convertibles. A eso se le agrega una férrea política de censura y vigilancia sobre la web que le ha limitado el acceso al conocimiento, las oportunidades y la información a toda una nación.
El papel de un Gobierno debe radicar en facilitar el acceso universal al ciberespacio y garantizar que nuestros derechos a la libre información y asociación se cumplan
Por lo tanto, la primera reivindicación en Cuba en cuanto a tecnología y comunicaciones es precisamente el respeto a la soberanía individual del usuario, sobre cuyas bases debería levantarse la soberanía nacional en esas lides. Esta última no puede verse como una contradicción con el espíritu de confluencia, aldea mundial y interconexión que nos brinda el ciberespacio. La «conservación de nuestra identidad cultural y lingüística«que se esgrimió en el recién concluido evento no debe constituirse en argumento para cerrarnos a las influencias de otras culturas y naciones. En la web no se puede jugar a ser Robinson Crusoe…
El Estado tampoco puede autoerigirse como la autoridad para guiar nuestros pasos en la red. No es su papel proteger a los ciudadanos de «los peligros» de la conectividad, ni impedir que nos «contagiemos» de tendencias, opiniones o noticias que encontremos en nuestro bregar por la red. El papel de un Gobierno debe radicar en facilitar el acceso universal al ciberespacio y garantizar que nuestros derechos a la libre información y asociación se cumplan tanto en el mundo real como en este otro formado por kilobytes.
Al no adentrarse con profundidad en esos puntos candentes y cruciales, la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política en el Ámbito Digital se convirtió en otra oportunidad perdida. Un espacio que privilegió la voz gubernamental por encima de los reclamos de la sociedad. Una cita para proyectar una Internet en manos de quienes quieren controlarlo todo.
