40 años de reformas en China

En diciembre de 2018 hará 40 años que Deng Xiaoping dio comienzo a las reformas en China con un famoso discurso que animaba a los ciudadanos a “emancipar la mente, buscar la verdad de los hechos y unirse todos para mirar al futuro”. Con él concluyó la Conferencia Central de Trabajo sobre Economía de 1978 y se sentaron las bases para el tercer pleno del XI Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). El discurso empleaba con brillantez los pensamientos de Mao Zedong para apartarse del maoísmo, rechazaba los dos “lo que quiera” del sucesor de Mao, Hua Guofeng (“Lo que quiera que Mao dijera, lo que quiera que Mao hiciera”), y desencadenaba décadas de reformas que situarían a China donde hoy se encuentra: la segunda economía del mundo y una de las pocas que pronto dejará de ser un país de rentas bajas para convertirse en uno de rentas altas.

Es un buen momento para reflexionar sobre las reformas de China. Entenderlas es importante ante todo para aclarar los antecedentes históricos, que siguen cambiando a pesar de los muchos volúmenes que se han dedicado ya al asunto. Entender las pasadas reformas de China y, con ellas, la base del éxito chino es también importante para las futuras reformas del país; entender la senda recorrida, las circunstancias en las que se tomaron decisiones históricas y qué repercusiones tuvieron en el rumbo de la economía china ayudará a los políticos a decidir qué hacer a continuación. Gracias a su éxito económico, cada vez más países ven en China un ejemplo a seguir, un modelo de desarrollo que podría ayudarles a pasar de mendigos a millonarios en el transcurso de una generación.

El último Congreso del PCCh, celebrado en octubre de 2017, fue el primero en que China se vio también a sí misma como ejemplo. Un extracto del discurso del secretario general, Xi Jinping, muestra un alejamiento de las ambiciones y las aspiraciones del pasado. Al analizar el éxito del país, y por deducción del Partido Comunista, Xi declaraba: “Significa que la senda, la ­teoría, el sistema y la cultura del socialismo con características chinas han seguido evolucionando, iluminando un nuevo camino para que otros países en desarrollo alcancen la modernización. Propone una nueva opción para otros países y naciones que quieran acelerar su desarrollo y, al mismo tiempo, conservar su independencia; y brinda la sabiduría y el método chinos para resolver los problemas que afronta la humanidad”.

En algunos aspectos, las reformas de China han seguido muchas de las recetas que los economistas convencionales recomendarían. El país se abrió al comercio y a la inversión extranjera, liberalizó gradualmente los precios, diversificó la propiedad, reforzó los derechos de propiedad y mantuvo la inflación bajo control. La (relativa) estabilidad macroeconómica permitió convertir el elevado ahorro en una inversión elevada y en una urbanización rápida, lo que a su vez propició una acelerada transformación estructural y el aumento de la productividad. Pero esto simplifica y ofusca la esencia de las reformas chinas: lo que da interés a la experiencia reformadora es el modo concreto en que se llevó a cabo.

El método gradual y experimental seguido por China, sobre todo en los primeros tiempos, contrastaba fuertemente con las reformas que emprendieron Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Aunque a menudo eran objeto de comparación, las condiciones económicas iniciales, la evolución política y el entorno externo de China y otros países en transición eran demasiado distintos como para que esa comparación resultase de gran utilidad. De modo similar, la comparación con buena parte de las reformas latinoamericanas parece fuera de lugar: países como Brasil, México y Argentina estaban mucho más cerca del sistema de mercado que China en 1978, y sus reformas –liberalización y estabilidad macroeconómica– eran de un orden de complejidad distinto. La prescripción política para Latinoamérica se centraba en estos asuntos, y el “consenso de Washington”, que resumía la receta política para esos países, nunca pretendió ser un modelo de crecimiento o de desarrollo. Por consiguiente, contraponer la estrategia de desarrollo de China con la del consenso de Washington carece de sentido.

Cuando inició las reformas, China se encontraba entre las naciones más pobres del mundo y era un país predominantemente rural y agrícola. Tenía una historia de apenas 25 años de planificación central, enturbiada por el fracaso del Gran Salto Adelante y los trastornos políticos vividos durante la Revolución Cultural. El país no estaba integrado en la economía mundial y tampoco formaba parte del Consejo de Ayuda Mutua Económica (Comecon, por sus siglas en inglés). En el plano interno –en parte debido al Tercer Frente de Mao, que exigía que cada región pudiera sobrevivir al aislamiento económico en caso de guerra– la industria era ineficiente, pero también estaba mucho menos concentrada que en Europa del Este y en la URSS. Cuando se relajó la planificación central, se hizo posible la competencia entre las regiones y sus empresas, y se evitó la oligarquía económica.

Al ser graduales, las reformas no hicieron que el capital físico y humano acumulado durante el socialismo se volviera obsoleto como consecuencia de una crisis de transición. Quizá lo más importante fuese que, aunque con el tiempo se efectuaran importantes reformas políticas en el partido y en el Estado, el Estado y el partido gobernante permanecieron intactos de principio a fin, de modo que China pudo centrarse en la transición económica y social.

En  cambio, la mayoría de los otros países en transición eran de renta media, estaban muy urbanizados e industrializados y habían experimentado más de 40 años y en algunos casos hasta 70 de colectivización y planificación estatal. Tenían una estructura de producción altamente especializada y estaban integrados en el Comecon, con una fuerte concentración de la industria en empresas a menudo monopolísticas. Las reformas graduales iniciadas en el sistema –primero en Hungría y más tarde en la URSS– solo habían obtenido un éxito limitado, en especial en la segunda. Las reformas empezaron en una situación de grandes desequilibrios macroeconómicos y un gran sobrante monetario, de modo que la liberalización de precios provocó un aumento de la inflación casi inmediato, que erosionó los ahorros de la población.

La mayor diferencia con China fue sin duda el hundimiento de los sistemas políticos en buena parte de la antigua URSS. Este hundimiento prácticamente imposibilitó una transición gradual del sistema económico para la mayoría de ellos. Algunos, principalmente los países de Europa del Este, encontraron rápidamente un nuevo marco institucional en forma de Unión Europea, en la que la mayoría han ingresado. Esta adopción de un sistema económico ya hecho eliminó la necesidad de buscar instituciones que encajasen en cada país. Aunque tal vez no se adaptara del todo a los países en transición de rentas medias, el marco de la UE ofrecía estabilidad y una senda de reforma claramente especificada. Como consecuencia de ello, la recesión provocada por la transición en aquellos que aspiraban a ingresar en la Unión fue breve, y en su mayoría son ahora países prósperos y de rentas altas.

¿Cómo se reformó China?

Reformas graduales. Las reformas en China se desarrollaron poco a poco y empezaron en las zonas rurales con el sistema de responsabilidad familiar y las empresas de municipios y pueblos (EMP), así como algunos pasos iniciales para abrir la economía al comercio y la inversión extranjeros, que no empezaron a desempeñar una función importante hasta la década de 1990. Las medidas para reformar el sector financiero y las empresas de propiedad estatal (EPE) también fueron graduales, y aunque se habló mucho de ellas en la década de 1980, no cobraron impulso hasta mediados de los años noventa. “Cruzar el río probando las piedras” se convirtió en el modo de reforma económica chino, que consistía en aplicar de manera experimental reformas parciales que con frecuencia empezaban en unas cuantas regiones y luego se ampliaban una vez que su éxito había quedado demostrado. Solo con las “Decisiones del Comité Central del PCCh sobre Algunas Cuestiones Referentes a la Creación de una Estructura Económica de Mercado Socialista”, adoptadas en 1993, surgió una estrategia general más amplia. Pero también se aplicó de manera gradual y experimental, no general.

Había varias razones para aplicar este gradualidad. En primer lugar, era una forma de evitar la resistencia política a la reforma. Si bien tras la muerte de Mao se había abandonado la ideología política de lucha de clases plan­teada por la Revolución Cultural, muchos miembros del Partido Comunista seguían sintiendo profundos recelos hacia el mercado y confiaban más en el sistema “administrativo”, incluido el partido. Julian Gewirtz proporciona en Unlikely Partners: Chinese Reformers, Western Economists and the Making of Global China, un interesante análisis de estas batallas ideológicas en los primeros tiempos de la reforma y explica de qué manera influyeron en ella los asesores extranjeros (incluidos los del Banco Mundial). En segundo lugar, la reforma gradual y experimental constituía un enfoque pragmático en un entorno fuertemente distorsionado en el que era improbable que se pudieran aplicar las “primeras mejores” soluciones. Las reformas experimentales, limitadas a regiones o sectores concretos, permitieron a las autoridades recopilar información sobre los efectos de las reformas que no podían preverse. Eran también necesarias para desarrollar y poner a prueba los necesarios procedimientos administrativos y las políticas complementarias para adoptar las reformas. Una vez demostrado su éxito, el experimento podía ampliarse a otras regiones y sectores. En tercer lugar, es posible que la reforma experimental se adaptase bien a la cultura china, como medio para evitar la “pérdida del honor”: si algo no funcionaba, podía abandonarse como un experimento y no considerarse un fracaso político.

La estrategia gradual de China reforzó con el tiempo la credibilidad de la reforma. Al emprenderlas paso a paso y empezar con aquellas que tenían más probabilidades de dar resultados, el gobierno fue forjando su fama reformista. Con cada reforma que prosperaba, la probabilidad de que la siguiente saliese adelante aumentaba. Y al mismo tiempo incrementaba la experiencia y las capacidades para diseñar reformas y llevarlas a la práctica. Así, gracias a las reformas graduales, China ampliaba su capital “reformista”.

La promoción del personal dentro del PCCh estuvo vinculada durante años a crecimiento económico, creación de empleo, atracción de inversión y control de natalidad

Descentralización e incentivos. La descentralización en gobiernos locales se convirtió en una poderosa herramienta de progreso dentro de los confines de la dirección política central. Los gobiernos provinciales y locales recibían cada vez más autoridad para la aprobación de reformas y también en lo relativo a  recursos y políticas fiscales. Se les permitía –se les animaba incluso– a experimentar con reformas en áreas específicas, y los experimentos que salían bien se convertían entonces en política oficial y se adoptaban rápidamente en todo el país. En cierto modo, con la descentralización, China convirtió el país en un laboratorio de reformas.

El sistema fiscal y la organización política del PCCh fueron esenciales a la hora de alinear los incentivos del gobierno subnacional con los del central. Las reformas fiscales introducidas en 1980, que acabaron conociéndose como “comer de cocinas separadas”, formaron en la práctica un sistema de contrata de impuestos, con elevadas tasas de retención de ingresos para los gobiernos locales, y en especial para aquellos que estaban creciendo. Por ejemplo, la provincia de Guangdong solo tenía que pagar una cantidad estipulada de ingresos al gobierno central y conservaba el 100% del resto. Esto distribuía los beneficios de las reformas a una gran parte de la población, así como a los gobiernos y a los funcionarios del partido locales, que en consecuencia tenían fuertes incentivos para fomentar el crecimiento y promover una economía de mercado. La competencia entre gobiernos locales también servía como control efectivo del poder gubernamental, incluso en ausencia de controles formales de esos poderes.

Dentro del PCCh, el sistema de promoción del personal se basaba en gran medida en alcanzar el crecimiento. Los criterios principales para los ascensos eran el crecimiento en sí, la creación de empleo, la atracción de inversión extranjera directa (IED), el control del descontento social y la consecución de los objetivos de control de la natalidad. Cuatro de los cinco estaban estrechamente alineados con el crecimiento del PIB. La experiencia en las regiones también contaba enormemente en el ascenso a puestos más altos en el partido, lo que proporcionaba incentivos a los de más talento para acumular experiencia y demostrar su capacidad para implantar reformas y potenciar el crecimiento. La función emprendedora de las autoridades locales también compensaba la falta de instituciones formales propias de una economía de mercado y garantizaba la alineación de los intereses de los inversores y de las autoridades locales. Visto en conjunto, este entorno proporcionaba un fuerte estímulo para el crecimiento.

Una de las desventajas era el control macroeconómico imperfecto y los repetidos brotes de inflación provocados por el relajamiento por parte de las autoridades locales de los controles a la inversión y al crédito. Estas condiciones dieron pie al proteccionismo local, que amenazaba con debilitar el mercado unificado de China y la competencia entre empresas nacionales. También fomentaban la corrupción entre las autoridades, a medida que la línea que separaba las funciones oficiales de los intereses privados se volvía más borrosa. Mientras que en las primeras décadas de las reformas la corrupción se controló mediante unas sanciones muy duras, en la década que desembocó en la campaña contra la corrupción que emprendió Xi Jinping en 2012, la corrupción se convirtió en un importante reto político y económico.

Pragmatismo e instituciones de transición. El método que siguió China para las reformas creó el margen para que surgiesen instituciones específicas del país, que se ajustaban bien a sus propósitos en cada momento concreto. En todas las instituciones de transición prevaleció el sistema de “doble vía” para salir de la economía planificada. Permitía continuar con el sistema de planificación con precios regulados, lo que evitó un hundimiento de la producción, pero también consentía que surgiese una economía no planificada. Esto también proporcionaba la información necesaria para reformar gradualmente el sistema de precios regulados, de forma que, cuando se produjo la abolición de la mayor parte de la planificación material, a mediados de la década de 1990, los precios libres y los regulados eran prácticamente equiparables.

De manera similar, el sistema de contrata fiscal instaurado después de 1980 daba a los gobiernos subnacionales fuertes incentivos para el crecimiento, al dejar buena parte del aumento de ingresos en las provincias. El creciente control que las autoridades locales tenían sobre los recursos les servía de estímulo para continuar con las reformas y atraer las inversiones necesarias para fomentar el crecimiento.

Sin embargo, el precio que tuvieron que pagar fue una pérdida cada vez mayor del control macroeconómico. Cuando la inflación se convirtió en el problema dominante, a comienzos de la década de 1990, fue sustituido por un sistema de reparto de impuestos más convencional, aunque no sin una considerable lucha política liderada por el entonces viceprimer ministro Zhu Rongji.

A comienzos de la década de los noventa, la falta de infraestructuras se había convertido en un cuello de botella para el crecimiento

El mejor ejemplo de institución de transición tal vez fuesen las EMP, empresas que operaban fuera del plan pero que eran propiedad de los gobiernos locales de la China rural y que en cierta medida las gestionaban. Nacidas de las brigadas de producción colectivas, estas empresas lograron ampliar la producción y crear empleo, aunque su forma de propiedad distaba mucho de ser la privada que, según la teoría convencional, mejor funcionaría. Sin embargo, como sostenían Yingyi Qian y Wu Jinglian, en un entorno en el que la propiedad privada era en muchos círculos objeto de sospecha y apenas estaba protegida por la ley, crear una forma de propiedad que alinease los intereses del gobierno local con los de la empresa era crucial para el desarrollo y la supervivencia de esta. Aunque quizá no fuese la forma de propiedad más eficiente, sí era una forma factible –mejor que las EPE existentes– y como tal aumentó la eficiencia de la economía en su conjunto. A medida que mejoraban los derechos de propiedad, el éxito de las EMP empezó a flojear y, en las últimas dos décadas, las empresas privadas y con financiación extranjera las han superado como principal fuente de crecimiento y creación de empleo.

China utilizó sus peculiares políticas territoriales para acelerar el desarrollo del país. Desde la década de 1950, la tierra era propiedad del Estado en las zonas urbanas y de colectivos en las zonas rurales. La descentralización de los derechos de uso a las familias en las zonas rurales desencadenó un fuerte aumento de la productividad en la agricultura, lo que permitió una industrialización rápida. En las zonas urbanas, el valor del suelo aumentó y la recalificación de terrenos rurales en urbanos contribuyó en gran medida a financiar la urbanización y la construcción de infraestructuras. Hacia comienzos de la década de los noventa, la falta de infraestructuras se había convertido en un cuello de botella para el crecimiento. Empezando por las grandes ciudades, las empresas de infraestructuras y desarrollo urbano (EIDU) se convirtieron en parte de la solución. A menudo capitalizadas con los derechos de uso del suelo de los gobiernos locales, las EIDU podían endeudarse con el fin de desarrollar las infraestructuras necesarias para ampliar las ciudades para uso industrial y residencial. El aumento de valor de los terrenos así liberados se atribuía a las EIDU, que podían usarlo para pagar su deuda. Estas empresas eran medios prácticos para permitir a los gobiernos locales endeudarse, algo que la Ley Presupuestaria de 1995 había prohibido. En la última década, este mecanismo de financiación basado en las tierras se ha quedado sin fuerza y las desventajas del sistema han empezado a superar a las ventajas. La dependencia que los gobiernos locales tenían de los ingresos derivados de los terrenos había conducido a una recalificación desproporcionada, a un diseño ineficiente de las ciudades, a la acumulación de deudas y a la insatisfacción social entre aquellas comunidades cuyas tierras habían sido expropiadas. Por consiguiente, la revisión de 2014 de la Ley Presupuestaria abrió canales formales para el endeudamiento de los gobiernos locales, además de cerrar gradualmente la ruta de las operaciones no reflejadas en el balance general.

Institucionalización de las reformas. El estudio y la declaración de las reformas y de las nuevas políticas –importante para otros países que aspiren a la reforma– también se institucionalizaron en China. Empezando por la Academia China de Ciencias Sociales, el único lugar en el que se mantuvo el estudio de la economía “occidental” durante la Revolución Cultural, surgieron diversas fundaciones para estudiar y promover la reforma. Entre las más influyentes se encontraba el Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) del Consejo de Estado, una organización de investigación política que depende directamente del gobierno, que aportó una corriente continua de datos para las reformas. En años recientes, el CID ha colaborado con el Banco Mundial en los estudios China 2030 (2013) y Urban China (2014), entre otros. El Centro de Conocimientos para el Desarrollo Internacional, fundado en 2017 y dependiente del CID, tiene como cometido estudiar la experiencia reformista de China para hacerla accesible y asumible para otros países. Otro organismo influyente fue la Comisión de Reforma de Sistemas (CRS), oficialmente, la Comisión Estatal para la Reforma del Sistema Económico, cuya tarea consiste en proponer reformas. El CID y la CRS, aun siendo organizaciones públicas, se crearon para proporcionar a los dirigentes chinos opciones de reforma en el sistema económico y en política económica. Al no verse lastradas por los intereses institucionales como muchos departamentos públicos tradicionales, estas organizaciones dieron origen a muchas de las reformas emprendidas en las décadas de 1980 y 1990.

¿Y a continuación, adónde?

Es útil distinguir analíticamente tres fases de las reformas: reformas para buscar el mercado, desde 1978 hasta 1993; reformas para construir el mercado, desde 1993 hasta 2003; y reformas para potenciar el mercado, desde 2003. Esta división es en cierta medida arbitraria, y las fechas de las fases no es exacta; no obstante, capta las distintas direcciones políticas emprendidas.

En la primera fase tuvo lugar una verdadera búsqueda de las instituciones económicas adecuadas para China. En parte guiada por la política, la experimentación y las iniciativas descentralizadas, China buscaba formas de permitir más mercado en su sistema. Las reformas en el país, influidas por las de Europa del Este bajo el comunismo, se concentraron en la microeconomía, descuidando hasta cierto punto la macroeconomía, como atestigua la tasa de crecimiento altamente volátil de la década de 1980. Tras la política de racionalización, la gira de Deng por el sur de China dejó claro que las reformas de mercado no tenían vuelta atrás.

Las decisiones del tercer pleno del XIV Congreso del PCCh, en 1993, dieron comienzo a la segunda fase, al establecer un plan general para la creación de las instituciones propias de una economía de mercado, entre ellas un sistema tributario moderno, reformas empresariales y un sistema financiero que separase las entidades de crédito oficiales de la banca comercial. El comienzo de reformas profundas de las EPE, a mediados de la década de los noventa, permitió que esos bancos comerciales se volviesen realmente comerciales. En 1995 se abolió la planificación del crédito y a continuación se establecieron reformas de la vivienda y la Seguridad Social (urbana). El ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 no solo sirvió como palanca para las reformas internas, sino que garantizó una competencia mucho mayor en el mercado de bienes. La reducción de los aranceles de importación convirtió a China en un país mucho más competitivo en las exportaciones, y también en una plataforma viable para el montaje final de buena parte de las exportaciones asiáticas producidas hasta entonces en otras partes. La unificación del tipo de cambio a niveles altamente competitivos en 1995 ayudó a potenciar el Gran Salto Adelante y convirtió a China en una potencia exportadora.

La inclusión de los derechos a la propiedad privada en la Constitución china de 2004 concluyó la fase de construcción del mercado. Esta fase –los años de Zhu Rongji, por así decirlo– puede considerarse el momento en el que el Estado retrocedió y dejó cada vez más margen al mercado. El mejor indicador de esto tal vez fuese la explosión de la inversión privada, que aumentó su proporción en la economía y pasó de menos del 2% del PIB en 1992 hasta aproximadamente el 15% en 2003 (en parte debido a la reclasificación de empresas colectivas y privadas).

La proporción de empresas privadas en la producción industrial aumentó desde menos de un tercio en 1995 hasta el 72% en 2003. En 1999, el gobierno chino también consolidó los ministerios relacionados con la industria en el ministerio de Comercio y el ministerio de Industria y Tecnología de la Información.

Desde entonces, las reformas se han centrado en potenciar el mercado. El primero de los dos ingredientes principales de esta potenciación es una ampliación gradual de la red de Seguridad Social (pensiones, sanidad, bienestar), principalmente después de que la “sociedad armoniosa” se convirtiese en el objetivo de la política estatal en 2006. En segundo lugar, hemos presenciado un retorno de la política industrial, como señalan Ling Chen y Barry Naughton, para quienes la “política tecnoindustrial” nunca desapareció, sino que había estado a la defensiva después de 1978, para reaparecer cuando Zhu abandonó el poder. Quizá para dar a entender que se trataba de una nueva fase, la Comisión de Reforma de Sistemas, que desempeñó una función clave en que las reformas pasaran del papel al mercado, se fusionó en 2003 con la Comisión Estatal de Planificación del Desarrollo, formando la Comisión Nacional de ­Desarrollo y Reforma (CNDR).

Con la publicación del Plan para la Ciencia y la Tecnología a Medio Plazo y la iniciación de los “16 megaproyectos” (ambos en 2006), la política industrial ha vuelto a ser una prioridad en la agenda del gobierno chino. Esto se ha ampliado desde entonces con el quinto pleno del XIV Congreso del PCCh (sobre productividad e innovación), el decimotercer plan quinquenal y la estrategia Made in China 2025. Esta vuelta de la política industrial al primer plano se vio impulsada  por la crisis financiera mundial, que China contrarrestó con un gran estímulo interno que proporcionó amplios recursos a las administraciones central y locales para aplicar esas políticas. Se pidió a los bancos públicos y a las EPE que sirviesen de instrumentos para aplicar esta política. Aunque en el tercer pleno del XVIII Congreso del PCCh, celebrado en 2014, se declaró que el mercado debería desempeñar una “función decisiva” en la asignación de los factores de producción, también se prometió adhesión al “sistema económico básico”, en el que la propiedad pública desempeñaría una función dominante en la economía.

La nueva era

El XIX Congreso y el informe del presidente Xi confirman estas directrices políticas: asignación basada en el mercado, función dominante de la propiedad pública y fuerte hincapié en la política industrial, así como en la ciencia y la tecnología, para alcanzar los objetivos de la “primera fase de la nueva era” (2020-35); es decir, la modernización socialista. Es interesante que la modernización socialista fuese también lo que Deng previó cuando puso en marcha su programa de reformas en 1978. Deng habló de las “cuatro modernizaciones”: de la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y la tecnología, una idea inspirada en Zhou Enlai, el primero en formular este concepto, en la década de 1950. Se convirtió en política en 1963, pero la Revolución Cultural la interrumpió.

Con el “socialismo de características chinas para la nueva era”, China parece haber encontrado su sistema económico característico, en el que los mercados coexisten con la propiedad estatal y en el que la política estatal guía el mercado. Sin duda, la crisis financiera mundial contribuyó a la idea de que la economía de mercado de estilo occidental no era la panacea para el ­desarrollo económico de China, y que el país tenía que construir un sistema económico propio.

El actual sistema económico de China tiene complejidades y problemas, tanto internos como en el ámbito internacional. En el plano interno, hay tensión entre la visión y las políticas industriales del gobierno central y la aplicación descentralizada de las mismas. La aplicación descentralizada de las políticas, en otro tiempo motor de crecimiento e innovación institucional, ha provocado cada vez más despilfarro y exceso de capacidad, ya que los gobiernos locales intentan establecer sus políticas industriales y apoyan a sus empresas a expensas de otras, extranjeras y nacionales por igual. La reorganización gubernamental anunciada en 2018 promete un aumento del control central sobre las políticas públicas y un margen más limitado para que los gobiernos locales sigan su rumbo. Los cambios en las políticas de competencia y presupuestarias limitan más este margen, mientras que las políticas anticorrupción han reducido los incentivos para que las autoridades locales mantengan su tradicional función emprendedora. Por otra parte, las políticas gubernamentales de “emprendimiento masivo” orientan esa función más hacia el mercado, dando una mayor importancia al PCCh en las empresas privadas para compensar este giro.

En el ámbito internacional, el sistema mixto chino encuentra cada vez más resistencia. Aparte de las consideraciones geopolíticas, las recientes tensiones comerciales reflejan la incomodidad de muchos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el modelo chino, ya que consideran a las empresas chinas estatales y financiadas por el Estado una competencia desleal. Aparte de las medidas comerciales, estos países piden cada vez más reciprocidad en las restricciones a la inversión, y están aumentando sus restricciones a la adquisición por parte de intereses extranjeros de empresas de tecnologías claves. Estas medidas podrían debilitar el sistema internacional que tanto ha beneficiado a China en el pasado, y que los líderes chinos han apoyado firmemente en años recientes contra la creciente marea de proteccionismo.

Es demasiado pronto para saber si el “socialismo con características chinas para la nueva era” le servirá a China para alcanzar sus dos objetivos centenarios, cómo se modelará el equilibrio entre el Estado y el mercado en los próximos años y si las políticas industriales chinas seguirán siendo compatibles con el actual sistema económico internacional. Con independencia de los resultados, quienes creían que “al cruzar el río” China alcanzaría una orilla conocida al otro lado –una economía de mercado no muy distinta de las múltiples variedades que se encuentran en los países de la OCDE– deberían replantearse esta idea.