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Armando Durán / Laberintos: Elecciones municipales y crisis terminal en Venezuela

   Los venezolanos han sido convocados a votar el próximo 9 de diciembre para elegir a 2.459 concejales. Una nueva “fiesta democrática” en la que pocos, muy pocos electores dicen estar dispuestos a jugar. De acuerdo con los más recientes sondeos de opinión sólo 14 por ciento de ellos acudirán a las urnas de ese día. La pregunta que se hace uno es elemental: ¿Podría ser de otro modo?

   Muy diversas son las causas del rechazo masivo de los venezolanos a participar en estos comicios. Las dos principales son, por supuesto, la deriva totalitaria del régimen, desde enero de 2016 ya sin disimulo alguno, y el descrédito absoluto de sus instituciones. Sobre todo del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, los órganos del poder público más comprometidos constitucionalmente con la tarea de garantizar la transparencia de toda consulta electoral. Un episodio más de la conspiración anti-democrática cuya fase final estalló en enero de 2016, al desconocer el régimen la derrota aplastante de sus candidatos en las elecciones parlamentarias del 5 de diciembre, cancelar después las elecciones regionales y municipales previstas para diciembre de 2016 y principios de 2017 y finalmente asumir, en lo que fue un auténtico golpe de Estado, las atribuciones y funciones constitucionales de la nueva Asamblea Nacional, ahora bajo control absoluto de la oposición.

   Estas son razones suficientes para que los ciudadanos, todos a una, le hayan dado la espalda al régimen, pero también a la alianza electoral de los partidos de oposición que se han prestado sistemáticamente a colaborar con el régimen en la tarea de no desestabilizar la situación política del país. Un rechazo popular tan masivo a los actores políticos de uno y otro bando que son poquísimos los ciudadanos que en Venezuela todavía creen factible solucionar los problemas que padecen por la vía pacífica del diálogo, la negociación y los acuerdos con el régimen y la participación en sus parodias electorales.

   Esta realidad ha alcanzado tales magnitudes, que el régimen se vio obligado a introducir grandes cambios en sus planes a partir del primero de septiembre, fecha señalada por Nicolás Maduro para iniciar un programa de ajustes y estabilización económica y financiera que, según él, en un plazo máximo de dos años, lograrían el objetivo de reconstruir las estructuras económica y financiera de la nación. Ahora, en vísperas de estas elecciones que no significan nada, apenas 90 días después de anunciado el plan, asumido por Maduro como obra personal suya, el proyecto hace agua por todas sus costuras y convierte la atroz crisis general del país en lo que bien puede llegar a ser muy pronto la crisis terminal de la mal llamada revolución bolivariana.

   Plan de ajuste y estabilización

   La primera medida del plan Maduro consistió en introducir tres modificaciones monetarias importantes: quitarle 5 ceros a la moneda nacional, aumentar el salario mínimo a 1.800 bolívares de los nuevos bolívares, llamados ahora bolívares Soberanos, o sea, aumentarlo a 180 millones de los bolívares de los de antes, y fijar el tipo de cambio oficial, que para entonces era de unos 250 bolívares por dólar mientras que en el mercado negro el dólar paralelo se cotizaba a cerca de 6 millones de bolívares, en 60 bolívares. El plan se completaba con el aumento del precio de la gasolina -que en ese momento, cuando un dólar costaba nada menos que 6 millones de bolívares, no llegaba a 1 bolívar por litro- a niveles similares a los precios internacionales de la gasolina. Para no afectar a la población de menores recursos se implementaría, anunció orgullo Maduro, un subsidio que beneficiaría a los portadores de una tarjeta electrónica llamada “de la Patria”, quienes recibirían en sus cuentas bancarias un reembolso mensual.

   Por supuesto, nada de esto ha funcionado en estos tres primeros meses del supuesto reordenamiento de la economía, las finanzas y el comercio en Venezuela. El dólar “paralelo”, el único al que en definitiva tienen acceso libre los ciudadanos de a pie y los empresarios privados, ya no se cotiza a 60 Soberanos, sino que en estos momentos, jueves a las 7:18 de la mañana, mientras escribo estas líneas, ya se cotiza a un promedio de casi 462 bolívares, con una devaluación diaria del bolívar de entre 5 y 7 por ciento. En función de esta inevitable realidad, la hiperinflación es desesperante. Con el salario mínimo actual apenas se puede comprar un kilo y poco más de cebolla, un kilo de tomates y bastante menos de un kilo de carne molida, si se encuentra. Y así, a pesar de estar en revolución socialista, hasta tanto Maduro anuncie un nuevo, espectacular y devastador aumento del salario mínimo, los únicos venezolanos con capacidad de enfrentar los contratiempos de vivir en esta absurda y contradictoria sociedad chavista, son los muy ricos y los que reciben dólares del exterior.

   Para colmo de este disparate, el dichoso y controversial aumento de la gasolina, acordado para ahorrar lo que le cuesta al régimen importar a precio internacional la gasolina que ya no está en condiciones de producir, a un costo de 12 mil millones de dólares anuales, no ha podido aplicarse, sencillamente porque la crisis por ahora irreparable de los sistemas de telefonía y telecomunicaciones hacen imposible el pago electrónico de la gasolina. Resultado de este fiasco es que ningún funcionario del régimen habla del dichoso aumento. Peor aún: cuando uno echa gasolina en una estación de servicio, se encuentra con el hecho inaudito de que como el precio antiguo en términos del nuevo cono monetario resulta impracticable, no puede cobrarse y lo que el cliente termina pagando es lo que se le ocurra, una suerte de propina al Estado que después de dar este paso en falso, en lugar de aumentar el precio de la gasolina, sencillamente la regala.

 

   Petróleo y divisas

   El fracaso total del plan Maduro, a pocos días de las oscuras Navidades que se avecinan, o para no agravar la situación durante las fiestas a comienzos del próximo año, tendrá que actualizarse de muy mala manera, aunque nadie se aventura siquiera a insinuar los verdaderos alcances que tendría esa modificación, y refleja el indiscutible colapso económico y financiero de Venezuela. Una realidad que de manera indirecta pero rotunda anunció el pasado martes Arabia Saudita, al informar que a pesar del derrumbe de los precios del crudo en los mercados internacionales por séptima semana consecutiva, su gobierno había resuelto aumentar “ligeramente” su producción de petróleo para compensar la grave reducción de la producción venezolana, que en octubre apenas llegó a 1,197 millones de barriles diarios, 3.3 por ciento menos que en septiembre. Una realidad con la que se entiende con precisión y vergüenza la devastación ocasionada a Venezuela por las políticas económicas del régimen, si recordamos que en 1998, año en que fue electo presidente por primera vez Hugo Chávez, la producción diaria de Petróleos de Venezuela era de casi tres millones y medio de barriles diarios. Si a esta dramática destrucción de una industria cuyo manejo desde su nacionalización en 1976 había sido ejemplar, le añadimos la corrupción y el despilfarro asociado al manejo de la industria al margen de la más elemental racionalidad técnica y empresarial, entendemos perfectamente bien la razón de que la crisis de Venezuela, un país en que prácticamente todo depende de los ingresos de su industria petrolera, carece de una salida real mientras no se aplique un plan de costos financieros y sociales incalculables para restaurar la industria petrolera a sus niveles de 1998 y el aparato productivo nacional.

   En este sentido vale la pena tener presente que una de las primeras medidas “revolucionarias” adoptadas por Hugo Chávez fue el pecado original que ha condenado a Venezuela al infierno, al transformar la industria petrolera en el instrumento político esencial de la expansión ideológica del socialismo antiimperialista a la cubana. Para ello, lo primero que hizo fue politizar una gerencia que los diversos gobiernos venezolanos habían mantenido al margen por completo de toda tentación intervencionista. La destrucción de la industria petrolera mexicana al ser nacionalizada era el gran ejemplo a no seguir y eso hicieron los presidentes venezolanos sin excepción, hasta que Chávez, ahora de acuerdo con un Fidel Castro acorralado por la desintegración de la Unión Soviética, le metió la mano a la joya de la corona venezolana. Una pautada demolición de la industria a partir de abril de 2002, cuando desde su programa dominical de televisión, uno a uno, fue destituyendo groseramente a los gerentes y técnicos de la empresa por oponerse a la radical politización de la industria. Tan demoledora resultó esta decisión, que esa fue la causa de la inmensa manifestación de protesta ciudadana del 11 de aquel mes, del pronunciamiento militar en respaldo a la sociedad civil y del derrocamiento y prisión de Chávez durante 47 horas.

   Venezuela entró entonces en un período de aparente moderación chavista, pero la industria petrolera ya no volvería a ser lo que había sido. Cuba resolvió sus problemas energéticos, la izquierda latinoamericana encontró en el dúo Castro-Chávez un respaldo político decisivo y el nuevo régimen venezolano, sobre todo después del desmesurado aumento de los precios del petróleo en los mercados internacionales, utilizó el suministro de petróleo y la asistencia financiera a sus aliados, todo a costa de nada, tanto para financiar sus campañas electorales como la estabilidad de sus gobiernos. La marea roja diseñada por el dúo Castro-Chávez comenzó a extenderse por toda la región y Chávez, al precio de destruir la industria petrolera venezolana, pasó a ser la gran nueva figura de la izquierda latinoamericana, socialista y antiimperialista. Hasta que el deterioro de su salud, la crisis financiera del año 2008 y la devastación de la economía y las finanzas de Venezuela, convirtieron al país en esta tierra arrasada que entra ahora en la fase terminal de su crisis.  

¿Puede alguien en su sano juicio pensar que en el marco de esta situación insostenible servirían de algo unas nuevas y trucadas elecciones, municipales como las de ahora o de cualquier otra naturaleza el día de mañana, que conseguirían ser la solución pautada políticamente entre Maduro y los dirigentes de esta falsa oposición agrupada en una alianza que ya ha cambiado de nombre y ahora se llama Frente Amplio?

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