Las pensiones en Chile: Los peligros de no ahorrar
Me gustaría que alguien más pagara mi pensión
Un sistema pionero, que necesita ser reformado
Un grupo de portadores de ataúdes garabateados con la leyenda «No + AFP» se unieron a decenas de miles de chilenos en Santiago el pasado 21 de agosto para protestar contra el sistema privado de pensiones del país. Los organizadores -una mezcla de sindicatos, asociaciones de jubilados y grupos defensores de los consumidores- afirman que los manifestantes fueron un millón en todo el país (tal vez una exageración). Los asistentes se quejan de que las pensiones son demasiado pequeñas. Después de «años de abuso … las personas finalmente han despertado«, dice Ernesto Medina Aguayo de Aquí La Gente, un grupo de presión.
El esquema que ellos critican, puesto en marcha por la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años, fue un modelo para otros países en desarrollo, como Perú y Colombia. En lugar de cargar al gobierno con un sistema inasequible de cotizaciones, en el que los contribuyentes de hoy financian a los pensionistas de hoy mientras la población envejece, Chile creó una fórmula en la que los trabajadores ahorran para su propia jubilación mediante el pago de 10% de sus ingresos, que ingresan en cuentas personales, las cuales son administradas por compañías administradoras privadas (AFP).
En cierto manera, el sistema funcionó. Las contribuciones a las AFP fluyeron hacia los mercados de capitales, que impulsaron el crecimiento. El crecimiento anual del PIB 1981-2001 fue de 0,5 puntos porcentuales por encima de lo que hubiera sido sin dicha inversión, según un estudio. Esto ayudó a sacar a millones de personas de la pobreza.
Por desgracia, los beneficios no han estado a la altura de las expectativas poco realistas de las personas. Los creadores del régimen dijeron a los trabajadores que si ellos contribuían de forma continua a lo largo de sus carreras recibirían un generoso 70% de sus salarios finales a partir del momento de su retiro. Y de hecho, muchos hombres que aportaron al sistema durante 30 años o más recibieron una pensión media del 77% de su salario final. Pero la mayoría de los trabajadores contribuyeron mucho menos. Las mujeres dedicaron parte de su tiempo a criar a sus hijos (y retirarse antes que los hombres). Muchos chilenos solo realizaron trabajos informales o estuvieron en paro. En promedio, ellos contribuyen sólo un 40% de sus mejores años de trabajo.
Para la mayoría de la gente, una cotización del 10%, sólo la mitad de la media de la OCDE, un club de países fundamentalmente ricos, es demasiado baja. Como resultado, el beneficio típico, incluyendo un suplemento pagado a los pobres, es del 45% del sueldo final de un pensionista, muy por debajo del promedio de la OCDE del 61%. El caso de las mujeres es peor. ellas reciben pensiones por valor de un 31% de sus salarios finales, en comparación con un 60% para los hombres. En 2008, el gobierno decidió premiar a las madres por cada hijo criado, aumentando sus pensiones, pero eso no compensa el déficit en su totalidad.
Otros ciudadanos chilenos con quejas diversas se han sumado a la causa de los jubilados. Algunos critican los orígenes dictatoriales del sistema. Los escépticos del capitalismo se quejan de que el régimen ha enriquecido a ciertos gestores de fondos, poco fiables. Dos antiguos dueños de AFP Cuprum están siendo investigados, acusados de que hicieron contribuciones irregulares a las campañas de decenas de políticos de derecha. El sistema ha generado altos rendimientos para los jubilados, con un promedio de 8,6% al año entre 1981 y 2013. Sin embargo, las altas tarifas de las AFP se han tragado una inmensa porción de esos retornos, reduciéndolos a 3-5,4%.
Por todo ello, las quejas tienen algún mérito. Las AFP y el gobierno no lograron hacer suficiente hincapié en que el nivel de aporte normal, interrumpido por períodos de no empleo, no produciría pensiones que cumplieran el objetivo del 70%; sólo un 0,2% de los trabajadores alcanzan el tope posible de aportación. La competencia entre las AFP era débil, lo que les ha permitido mantener comisiones muy altas. Varias las redujeron después de una reforma en 2010, según la cual la AFP que ofrezca la menor comisión recibe todos los nuevos contribuyentes.
Algunos manifestantes quieren que la presidente Michelle Bachelet reemplace el régimen privado de pensiones con un sistema de cotizaciones financiado por el Estado, que ofrezca beneficios definidos. Muchos expertos favorecen una reforma menos drástica. Para Nicholas Barr, de la London School of Economics, varios países que adoptaron el modelo chileno se han cambiado a un sistema mixto, en el que el Estado complementa pero no sustituye a los fondos privados.
Chile ya está avanzando en esta dirección. Un esquema de capitalización de impuestos introducido en 2008 para ciudadanos con ingresos relativamente bajos, el 60% de la población, cubrirá más de la mitad de la ley de pensiones del país en 2030, dice David Bravo, que el año pasado encabezó una comisión gubernamental sobre el tema de las pensiones. El 9 de agosto Bachelet propuso nuevas reformas, incluyendo una contribución del 5% que debe ser aportada por los empleadores, y que se destinarán a completar las pensiones más bajas. Una nueva AFP estatal proporcionará una mayor competencia a las privadas. Las cargas ocultas serán eliminadas. En lugar de enterrar el plan de pensiones de Pinochet, Bachelet puede darle una segunda oportunidad.
Traducción: Marcos Villasmil
NOTA ORIGINAL:
THE ECONOMIST
Chile’s pensions
The perils of not saving
A pioneering system, now in need of reform
PALLBEARERS bearing coffins scrawled with the legend “No+AFP” joined tens of thousands of Chileans in Santiago on August 21st to protest against the country’s privatised pension system. Organisers—a mix of unions, pensioners’ associations and consumer-advocacy groups—say that a million demonstrated nationwide (perhaps an exaggeration). Pensions are too small, the marchers complain. After “years of abuse…the people have finally woken up,” says Ernesto Medina Aguayo of Aquí La Gente, a pressure group.
The scheme they revile, launched by the dictatorship of Augusto Pinochet 35 years ago, was a model for other developing countries such as Peru and Colombia. Rather than saddle the government with an unaffordable pay-as-you-go system, in which today’s taxpayers support today’s pensioners even as the population ages, Chile created one in which workers save for their own retirement by paying 10% of their earnings into individual accounts. These are managed by private administrators (AFPs).
Alas, benefits have not measured up to people’s unrealistic expectations. The scheme’s founders told workers that if they contributed continuously throughout their careers they would receive a generous 70% of their final salaries upon retirement. And indeed, men who chipped in for 30 years or more earned an average pension of 77% of their final salary. But most workers contributed far less. Women took time off to raise children (and retire earlier than men). Many Chileans spent time in informal jobs or unemployed. On average, they contribute for only 40% of their prime working years.
For most people the 10% contribution rate, just half the average in the OECD, a club of mainly rich countries, is too low. As a result, the typical benefit, including a supplement paid to poor people, is 45% of a pensioner’s final salary, well below the OECD average of 61%. Women are worst off. They take home pensions worth 31% of their final salaries, compared with 60% for men. In 2008 the government decided to reward mothers for each child they raised by topping up their pensions, but that does not fully compensate for the shortfall.
Chileans with other grievances have latched onto the pensioners’ cause. Some decry the system’s dictatorial origins. Sceptics of capitalism grumble that the scheme has enriched dodgy fund managers. Two former owners of AFP Cuprum are being investigated on charges that they made irregular campaign contributions to dozens of right-wing politicians. The system has generated high returns for pensioners, averaging 8.6% a year between 1981 and 2013. But the AFPs’ high fees have bitten a huge chunk out of those returns, reducing them to 3-5.4%.
The complaints thus have some merit. The AFPs and the government failed to stress enough that the normal contribution level, interrupted by spells of non-employment, would not purchase pensions that meet the 70% target; just 0.2% of workers top up their contributions. Competition among the AFPs was desultory, allowing them to keep commissions high. Several reduced them after a reform in 2010, in which the AFP offering the lowest commission is awarded all the new contributors.
Some marchers want Chile’s president, Michelle Bachelet, to replace the private pension scheme with a state-funded pay-as-you-go system offering defined benefits. Many experts favour a less drastic reform. Several countries that adopted the Chilean model have moved to a mixed system, in which the state supplements but does not replace private funds, notes Nicholas Barr of the London School of Economics.
Chile is already moving in this direction. A tax-funded scheme introduced in 2008 for Chileans with relatively low incomes, 60% of the population, will pay out more than half the country’s pension bill by 2030, says David Bravo, who led a government commission on pensions last year. On August 9th Ms Bachelet proposed further reforms, including a 5% contribution to be levied on employers, which will go toward topping up the lowest pensions. A new state-owned AFP will provide more competition to private ones. Hidden charges will be eliminated. Rather than bury Pinochet’s pension scheme, Ms Bachelet may give it a second lease of life.
