Julio César Moreno León / Una Bitácora Venezolana (III): El diálogo como veneno

La confrontación entre el país y el gobierno no tiene retroceso. La caótica situación existente hace que el descontento colectivo crezca de manera vertiginosa. Por eso la Toma de Caracas fue un hecho histórico, una de las manifestaciones ciudadanas más grandes de todos los tiempos. Y también por eso, la inesperada escaramuza margariteña en Villa Rosa significó una muestra del inmenso desprecio popular hacia quien intenta fungir de Presidente.

Hoy no podemos hablar de una polarización  entre gobierno y oposición, sino de resistencia democrática a una dictadura que pretende consolidarse totalitariamente. Sin embargo algunos sectores parecieran no dimensionar en toda su magnitud esa innegable realidad.

Interpretando el creciente malestar ciudadano, la MUD logró fortalecerse  a partir de la victoria parlamentaria del 6 de diciembre pasado. En ese entonces la gente votó para que los diputados de la Unidad impulsaran la salida de Nicolás Maduro y el cambio radical del régimen político. Esa fue la causa principal del aplastante triunfo opositor. Gracias a esa victoria renacieron  las esperanzas ciudadanas. Y a partir de entonces la Asamblea Nacional se convirtió en la institución más legítima y en la trinchera política más importante del país.

Cuando ocurre un pronunciamiento popular tan claro y definitivo como el del 6D, en los sistemas democráticos se reorientan las políticas y se buscan  acuerdos de gobernabilidad. Se habla, se buscan acuerdos, se negocia con el adversario (que no es visto como enemigo). Sin embargo, por el contrario, lejos de rectificar y dialogar con los sectores ajenos al entorno oficialista, el régimen que tenemos dirige sus pasos hacia la consolidación del totalitarismo y la ratificación de las políticas causantes de la crisis que hoy vivimos.

Ante el manifiesto rechazo expresado en la votación popular, el régimen ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia para suspender a los diputados de Amazonas proclamados por el CNE, para asumir inconstitucionalmente poderes extraordinarios, para dejar sin efecto todas las leyes aprobadas en el órgano legislativo, y para anunciar oficialmente el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Con esas medidas, claramente ilegales, ha buscado liquidar la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho.

Sería ingenuo pensar que después de avanzar en esa ruta pueda producirse alguna rectificación por parte del oficialismo; de un oficialismo que tiene en su ADN la impronta totalitaria castrista. El más elemental sentido de la realidad nos indica que nos encontramos en una encrucijada definitiva en la que se enfrentan de manera irreductible la democracia y la tiranía. Ese sentido de la realidad debe indicarnos igualmente que hoy el diálogo es una quimera perniciosa destinada a debilitar la política desarrollada hasta ahora por las fuerzas democráticas. A pesar de ello, las dudas y contradicciones existentes en la MUD en torno a este tema constituyen factores de confusión, desconfianza e incertidumbre.

Y es que no se puede entender cómo algunos líderes de la oposición guardan silencio, o dan validez a las misteriosas gestiones de Zapatero, Torrijos, Fernández y Samper, permitiendo que en la comunidad internacional se hable de unas supuestas mediaciones en las que están a punto de embaucar al propio Papa Francisco y a la diplomacia vaticana.

Y tampoco se puede entender cómo, mientras nuestros parlamentarios, diversas ONG, y las esposas y familiares de los presos políticos sensibilizan al mundo  sobre la violación de los derechos humanos y la hecatombe humanitaria de nuestro país, se le permita al régimen la posibilidad de vender en el exterior un diálogo  que no existe.

Voceros importantes de la oposición, entre los que se encuentra el Vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Un Nuevo Tiempo Enrique Márquez, declaran sobre conversaciones, desconocidas por el resto del país, en las que representantes de Maduro y de la oposición estarían buscando acuerdos políticos.

En Panorama, el 12 de septiembre, Márquez afirmó que “el diálogo está en una etapa interesante, pero no tanto como para mostrarse a la opinión pública”. Y señaló además que en Venezuela al diálogo “se le ve extraño por la intolerancia, pero ese tiempo está muriendo, el país no puede seguir en eso”.

Es decir, de acuerdo con el Vicepresidente de la AN en nuestro país lo que priva es un clima de intolerancia en la que cargan la misma responsabilidad tanto los victimarios, jerarcas del régimen, como la ciudadanía que sufre la corrupción, el hampa, la violación de los derechos humanos, la censura, la destrucción  de la economía, la producción y la convivencia social.

Más adelante Márquez señala en sus declaraciones que  “ni la oposición ni el gobierno han entendido que la transición está en marcha”, y que ambos sectores “no la han sabido llevar sino que la han frenado”, y remata cuestionando a la oposición por transitar un camino equivocado al pretender liquidar al gobierno, “con el que hay que tratar de entenderse”.

Esas declaraciones dadas por el dirigente de Un Nuevo Tiempo nos dan a conocer que  efectivamente ese diálogo al que Márquez ubica en una “etapa interesante”, se está realizando aunque todavía no pueda “mostrarse a la opinión pública”. O sea que para Márquez la transparencia no es un rasgo que deba caracterizar las políticas del sector democrático.  Y nos obliga a preguntarnos quiénes del gobierno y quiénes de la oposición participan en esos encuentros, en nombre de quién hablan y cuáles son las metas trazadas para el logro de una supuesta transición.

Cuando miramos las cada día más preocupantes noticias económicas, la ruina de PDVSA, el avance del gobierno en su ofensiva contra la empresa privada, el crimen ecológico y el genocidio contra los pueblos indígenas en el arco minero del Orinoco -denunciado, entre otros, por el doctor Alexander Luzardo-; cuando se reportan nuevas detenciones de dirigentes de la oposición y de jóvenes activistas apresados ilegalmente y sometidos a vejámenes y torturas; y cuando un millón de ciudadanos respaldan a sus líderes y dan su espontánea cuota de solidaridad militante, tenemos derecho a preguntarnos si algún grupo político ostenta con legitimidad el derecho a decidir, tras bastidores, el destino del país y de esos centenares de miles de ciudadanos que se manifiestan en las calles a favor de un cambio sin componendas vergonzosas.

En tiempos de una terrible confrontación como la que vivimos, el régimen está decidido a implementar el modelo castro-comunista, y para ello ha colocado los obstáculos destinados a impedir su remplazo del poder por la vía constitucional y electoral.

Las condiciones establecidas finalmente por el CNE en relación con el referéndum revocatorio, demuestran una vez más que el totalitarismo comunista no admite condiciones distintas a las que garantizan su control absoluto del poder.

Del mismo modo, la suspensión indefinida de la elección de gobernadores pone en evidencia la decisión de proclamar la dictadura mediante la violencia y la represión.

Agotada la etapa correspondiente al populismo corrupto y millonario que le permitió al chavismo mostrar al mundo una falsa “democracia revolucionaria”, ahora, ante la inminente derrota en cualquier votación que se realice, apoyado en la complicidad de la cúpula castrense, el gobierno se dispone a asumir abiertamente la tiranía militar, diciendo como Fidel Castro en La Habana, el primero de mayo de 1960, “¿elecciones para qué?”