La Asamblea Nacional de Venezuela abre el proceso de destitución de Maduro
El Legislativo acusa al presidente de «abandono de cargo» y de no respetar los derechos y libertades constitucionales
El Parlamento de Venezuela acordó este martes abrir el proceso de destitución del presidente Nicolás Maduro por su «responsabilidad penal y política» en la «ruptura del hilo constitucional», por no respetar los derechos y libertades del país y por «abandono de cargo». Este proceso, sin embargo, cuenta ya con el rechazo frontal de las instituciones dominadas por el chavismo, que niegan cualquier autoridad al Legislativo.
El Tribunal Supremo de Justicia ya se adelantó a la jugada hace semanas, cuando dictaminó que todas las decisiones parlamentarias serán «nulas» hasta que no se expulse a tres diputados acusados de comprar votos. Más contundente fue el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, cuando afirmó:«La Asamblea Nacional legalmente no existe». En el mismo sentido se pronunció el número dos del chavismo, Diosdado Cabello:«Desde que entraron en desacato dejaron de existir», recalcó. La polarización y el enfrentamiento entre el chavismo y la oposición volvió así a agudizarse mientras la crisis económica no deja de empeorar.
La Asamblea acordó citar para el próximo martes a Nicolás Maduro, para que responda de todas las acusaciones que le han formulado y demuestre que se somete a la Constitución. El diputado Julio Borges, jefe del grupo parlamentario opositor, que cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea, anunció que ya se ha pasado a preparar el expediente para iniciar el juicio político contra Maduro.
La sesión de este martes se celebró en un ambiente tenso. Después de que se aprobara el inicio del proceso de destitución de Maduro, los diputados oficialistas abandonaron el hemiciclo. Momento en el que los diputados opositores entonaron el Himno Nacional. Hubo gritos de escándalo de los legisladores oficialistas, voces de indignación de los opositores y un forcejeo entre varios diputados, entre ellos Héctor Rodríguez, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y José Manuel Olivares, de la Mesa de Unidad Democrática. Una muestra del clima de crispación y enfrentamiento que se ha apoderado del país ante el inmovilismo del chavismo a la hora de buscar una salida.
La oposición, que tiene 112 de los 167 escaños del Parlamento, decidió pasar a la ofensiva después de que el Gobierno anulara la recogida de firmas para la celebración del referéndum revocatorio prevista precisamente para hoy. En su lugar, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha convocado una gran marcha de protesta a la que han denominado «la toma de Venezuela».
Asamblea ninguneada
En todo caso, el Legislativo ha tenido que recurrir al proceso de destitución después de que el chavismo ignorara por sistema todas sus iniciativas políticas y económicas, y no prestara ninguna atención a sus planes para una transición pacífica.
La Asamblea Nacional apeló al artículo 233 de la Constitución, que la faculta a declarar si algún alto cargo del Gobierno ha incurrido en «irresponsabilidad política», que podría ser sancionado con la destitución. La legislación venezolana, sin embargo, no prevé la moción de censura o un proceso de destitución o «impeachment» como el de Brasil. El Parlamento no ha entrado a debatir todavía la posible nacionalidad colombiana de Maduro, por la que también podría ser destituido.
Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, aclaró que la responsabilidad penal o civil del jefe de Estado la fijan los tribunales, en tanto que la administrativa corresponde a la contraloría o tribunal de cuentas. Pero que la responsabilidad política del presidente es vigilada por la Asamblea Nacional. «Y si resultara que se determina abandono del cargo presidencial, entonces el Parlamento puede solicitar el juicio o la sentencia que corresponde a la Corte Suprema». Ramos Allup lamentó que el oficialismo vea en «todo una conspiración, una confabulación, concertación de fuerzas para derrocar el sacrosanto gobierno de Nicolás Maduro sin admitir que este Parlamento lo que hace es traducir lo que ocurre en Venezuela».
En este caldeado ambiente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, leyó un comunicado en nombre de las Fuerzas Armadas en el que éstas rechazan la existencia de un golpe de Estado, como declaró la Asamblea en su sesión extraordinaria del domingo. El ministro acusó al Parlamento de «invitar a la insubordinación o sublevación». Tras lo que insistió:«No se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 de la Constitución». Se da la circunstancia de que Maduro puso la responsabilidad de la lucha contra el desabastecimiento en manos de Padrino y de las Fuerzas Armadas, en un abierto intento de vincularlas con el régimen.
Ramos Allup cuestionó a Padrino López por tomar abiertamente partido a favor de Maduro y amenazar con no acatar las decisiones de la Asamblea. Lo calificó de «fanfarrón», e incluso le acusó de ser cómplice de la narcoguerrilla y de la corrupción.
La peor crisis
Los diputados opositores expusieron en su intervenciones el largo rosario de causas y efectos que ha llevado a Venezuela a vivir su peor crisis económica, social y política, con unos niveles de pobreza, desnutrición, inseguridad, violencia y violación de los derechos humanos que jamás había conocido el país.
El diputado Juan Miguel Matheus afirmó que una declaración de responsabilidad política debe dar lugar, inevitablemente, a un «desenlace de su gestión». «Debería dar la cara, pero está viajando por los países petroleros, gastando nuestro dinero. No nos aclara su doble nacionalidad ni ha presentado la partida de nacimiento», aseguró. «Eso es responsabilidad política. La corrupción que el oficialismo ha reconocido. Han creado una estructura, una casta de corrupción sucia», aseguró.