De guerrilleros de las FARC a escoltas profesionales de sus ex jefes
Quienes cumplan los requisitos y aprueben un curso, recibirán una pistola y un salario mensual 560 euros, el triple del sueldo mínimo colombiano
Los máximos jefes de las FARC tendrán de escoltas a centenares de ex guerrilleros escogidos por ellos mismos. Quienes cumplan los requisitos y aprueben un curso, recibirán una pistola reglamentaria y un salario mensual de 1.800.000 pesos (unos 560 euros), el triple del sueldo mínimo colombiano.
La decisión de permitir que un máximo de 1.200 subversivos puedan convertirse en guardaespaldas profesionales, fue uno de los polémicos acuerdos derivados del proceso de paz que sellaron Juan Manuel Santos y alias ‘Timochenko’. Los opositores al pacto consideran un exabrupto que porten armas, con todas las de la ley, quienes las usaron por años para atentar contra sus compatriotas y el Estado.
«Las FARC ya pasaron un listado de 300 personas. Ninguna puede tener delitos de lesa humanidad ni antecedentes penales y antes de ser escoltas deben dejar las armas -certificado por la ONU-, contar con el reconocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y haber sido amnistiados e indultados«, explica Diego Fernando Mora, Director de la UNP (Unidad Nacional de Protección) a EL MUNDO. «Una vez regularizados, recibirán una capacitación de 45 días en establecimientos privados».
De la lista inicial, la ONU ya ha descartado a varios por su prontuario y la gravedad de los delitos cometidos, según ha podido saber este diario.
«La UNP y la Policía Nacional dictarán clases de Derechos Humanos, de configuración de esquemas de protección, de cómo garantizar la integridad del protegido y manejo defensivo», precisa Mora, cuya entidad, responsable de brindar seguridad a miles de personas en toda Colombia, depende del ministerio del Interior y de fondos públicos. «Una vez pasen el curso, les someteremos a exámenes psicológicos y psicotécnicos y a una prueba de poligrafía. Sólo entonces entrarán a ser parte de nuestro esquema».
Para dirigir lo concerniente a las FARC, está configurando una Subdirección especial dentro de su entidad. En la actualidad y mientras salen los primeros guardaespaldas, a la cúpula de lo que fue una sanguinaria banda terrorista, la protege en sus desplazamientos 85 escoltas y varios todoterrenos blindados. Unos solían cuidar a líderes de la izquierda y otros pertenecen al personal de la UNP y fueron seleccionados por los propios protegidos.
Aunque el decreto permite un máximo de 1.200 guerrilleros, Mora piensa que quizá no completen el cupo y que algunos pueden ser civiles siempre y cuando cuenten con el visto bueno de los ex comandantes subversivos.
Cabe anotar que buena parte de la tropa de las FARC no está fichada pese a que la inmensa mayoría de los 7.000 reportados, ha cometido algún delito grave, ya sea asesinar, secuestrar, extorsionar, atentar contra policías y militares o sembrar minas anti-persona, entre otros. Y un elevado número fue sentenciado por «rebelión», figura con la que condenaban a los que detenían por pertenecer a una banda guerrillera pero no podían probarles crímenes concretos. El proceso de paz, en todo caso, acordó conceder a la base de las FARC una amnistía amplia y generosa.
Para la oposición, el que puedan ser escoltas no es el único objeto de polémica. También su sueldo. Durante la campaña del pasado plebiscito, la oposición acusó a Santos de que pagaría dicha cantidad a los subversivos desmovilizados, medida impopular en sectores sociales que apenas gana el salario mínimo. El presidente respondía con un «mentirosos».
Ya ocurrió con otras ‘guerrillas’
No es la primera vez que el Estado permite a antiguos miembros de una organización terrorista reconvertirse en escoltas de sus ex jefes. Ocurrió a principios de los 90 en la desmovilización del M-19 y del Quintín Lame, pequeñas organizaciones guerrilleras de corta existencia. Unos aún ejercen el mismo oficio dentro de la UNP y los dirigentes de las FARC han acudido a ellos para que les ayuden a estructurar sus esquemas de seguridad.
También varios de los antiguos comandantes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que se acogieron al proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe, cuentan con guardaespaldas de la UNP cuando salen de prisión. En su día aceptaron el minúsculo castigo de ocho años tras las rejas por sus crímenes atroces a cambio de dejar las armas, contar la verdad, pedir perdón y entregar sus bienes. Si la Agencia Colombiana para la Reintegración, organismo que les supervisa, hace la solicitud en función del riesgo que corren al abandonar la cárcel, la UNP debe protegerles. No obstante, a diferencia de las FARC, la antigua tropa paramilitar no puede convertirse en guardaespaldas profesionales ni sus jefes escoger al personal que los resguarde.