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La exfiscal Ortega y su marido pasan a la clandestinidad para huir del chavismo

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) realizan un allanamiento en el edificio La Cañada, residencia de la exfiscal Luisa Ortega Díaz  EFE

Seis patrullas de la policía política, Sebin, rodeaban ayer el edificio donde residen el diputado del bloque oficialista Germán Ferrer y su esposa la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, en la caraqueña urbanización de Alta Florida, que se ha convertido en uno de los sitios más vigilados y solicitados por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde ayer esta pareja de chavistas disidentes, que no se encontraba en su residencia en el momento de la detención, está huyendo de la justicia chavista. El diputado Ferrer tiene una orden de encarcelamiento solicitada por el fiscal Tareck William Saab, que ha sido designado por el régimen para reemplazar a Luisa Ortega.

Así, Ferrer y Ortega han pasado a la clandestinidad. Son los protagonistas de la actualidad política más seguida por las redes sociales en estos momentos que ha desplazado a un segundo lugar al líder opositor Leopoldo López y su mujer Lilian Tintori.

La detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la cesada fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la aprobó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras ser aprobada por el responsable provisional del Ministerio Público, Tarek William Saab, quien lo señaló como el «líder» de la presunta red de extorsión y chantaje que, según él, opera en el organismo.

Diosdado Cabello, el número dos del régimen, fue el que presentó los documentos de la trama en la que Ferrer habría abierto, entre marzo de 2016 y abril de 2017, cuentas en un banco de las Bahamas por unos seis millones de dólares, junto con al fiscal Pedro Lupera, y su auxiliar, Luis Sánchez.

Comunicado de Ferrer

En medio de la persecución, el diputado Ferrer, que rompió con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y montó su propio grupo aparte junto a otros tres oficialistas en la Asamblea Nacional, envió un mensaje al periodista Vladimir Villegas en el que desmiente las acusaciones.

«Hermano. Qué indignación. Cómo es posible ser tan cínico y mentiroso un personaje como Tareck William Saab», afirmó en un comunicado. Ferrer alega que el fiscal Tareck ha mostrado «firmas, que no he hecho, de documentos que no resisten la más mínima prueba. Reto a que comparen lo que él presenta como una firma original mía para desenmascararlo por inmoral».

El diputado afectado señaló que «como todo neofascismo, este gobierno ya no tiene ningún parámetro ni vergüenza. ¡Lo que nos ha tocado vivir a los venezolanos que luchamos toda la vida por la justicia y la democracia, la decencia y la dignidad!».

También citó a Salvador Allende: «Volverán a abrirse las alamedas para este pueblo que no merece este gobierno indigno y represor. Aspiro, como sé que tú lo harás, a la solidaridad del venezolano de bien».

La exfiscal Luisa Ortega afirmó a través de su cuenta de Twitter que era una «venganza» de Maduro por la lucha a favor de la libertad y democracia. Antes de ser cesada del cargo, Luisa Ortega estaba investigando los vínculos del chavismo con la brasileña Odebrecht. Una investigación que recoge sobornos por 98 millones de dólares por unos contratos que pasan de 30.000 millones de dólares de obras inconclusas.

Para el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, las medidas del fiscal chavista son «nulas». Afirmó que el Parlamento y la Unidad Democrática rechazan las acciones de la Fiscalía en contra del diputado Germán Ferrer. «Vamos a denunciar este caso ante el Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU», dijo.

Julio Borges, rechazó las acciones que emprendió el fiscal general designado, Tarek William Saab, quien solicitó a la Constituyente de Maduro levantar la inmunidad parlamentaria de Ferrer. «Todos los diputados tienen una prerrogativa que es la inmunidad parlamentaria y solo la Asamblea Nacional (AN) puede levantar esa inmunidad».

Consideró que el procedimiento iniciado contra el diputado viola la Constitución y anunció que la Asamblea Nacional denunciará este y otros casos de violaciones de los derechos humanos contra diputados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). «Solicitaremos medidas de protección para que se garantice la inmunidad de los diputados».

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