La ley contra el odio busca acabar con los vestigios de democracia en Venezuela
CARACAS, Venezuela — La “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, que fue aprobada a principios de mes en Venezuela, nació con un defecto de fábrica: es profundamente antidemocrática. Eso dejando de lado que fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que usurpó las funciones constitucionales de una Asamblea Nacional electa por seis millones de venezolanos en diciembre de 2015.
La ley promete promover la paz, la diversidad y la tolerancia a través de la penalización de un discurso que promueva el odio, la violencia y la discriminación. Según el gobierno, el fin último de la ley es proteger a la nación. No obstante, sus mecanismos suprimen el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y fomentan la censura y la autocensura al otorgar al Estado el poder para sancionar a medios de comunicación tradicionales y digitales, bloquear sitios de Internet, eliminar contenidos, revocar licencias e imponer penas de cárcel de hasta 20 años. Estas disposiciones quebrantan los principios democráticos de la libertad de expresión.
La llamada “ley contra el odio” es solo la forma más acabada de la guerra mediática librada por el gobierno chavista contra los medios y los ciudadanos. En los últimos 18 años, el régimen establecido por Hugo Chávez ha alimentado la división, la intolerancia, la violencia y la criminalización de cualquier opinión crítica y disidente. Establecer una normativa sobre el odio deja claro que el objetivo del gobierno es silenciar a través del miedo a quienes deseen ejercer su derecho a la libre expresión de sus opiniones y pensamientos.
En agosto, el presidente Maduro solicitó a la constituyente espuria una ley para acabar con los mensajes de odio social argumentando que habían sido el disparador de las protestas entre abril y julio contra su gobierno, que culminaron con un saldo de al menos 163 fallecidos.
El presidente continuó presionando. El 5 de noviembre, solicitó celeridad al nuevo ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, para que pusiera “orden en los medios y en las redes sociales”. Durante un programa transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, recordó que tanto la prensa como la televisión cuentan con instrumentos legales de regulación, mientras que las plataformas digitales no.
Dos días después, la excanciller Delcy Rodríguez, ahora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y hermana del ministro de comunicación, afirmaba que “Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia, en un mundo gravemente amenazado con los poderes imperiales”.
Con esta ley, los venezolanos estrenamos una nueva camisa de fuerza, una que vulnera los estándares regionales e internacionales de libertad de expresión y derechos civiles, los principios de internet como derecho humano y los artículos de la Constitución venezolana que defienden la comunicación libre y plural. Hoy los ciudadanos de Venezuela están sujetos por un corsé de duras varillas que constriñe a los portales digitales y las redes sociales, únicos espacios de libertad de expresión donde se habían refugiado tras el asedio sistemático del gobierno contra la prensa libre e independiente.
Será difícil devolver a los venezolanos la paz imponiendo penas de cárcel de entre 10 y 20 años a los responsables de medios y plataformas digitales que en seis horas no eliminen contenidos considerados como discurso de odio, amenazando con revocar licencias de operación a radios y televisoras, bloqueando sitios web, señalando la responsabilidad de intermediarios sobre los contenidos emitidos por terceros en Facebook, Twitter, Instagram, o imponiendo multas desproporcionadas y confiscatorias de bienes. No se alienta la paz social ni la riqueza del debate público destruyendo los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red, y convirtiendo a los intermediarios de las redes sociales en censores de las opiniones de sus usuarios.
Será imposible restablecer en Venezuela un ambiente de tolerancia aplicando medidas que, amparadas bajo criterios vagos y discrecionales sobre lo que significa un discurso de odio, de incitación a la violencia o de discriminación, y tipificando delitos de opinión para proteger la reputación de funcionarios públicos —que deben responder al escrutinio público— en detrimento de la libertad de expresión y el bien común.
Es inconstitucional defender la convivencia pacífica amenazando con ilegalizar los partidos políticos y con la inhabilitación de sus dirigentes si hubiese entre sus filas algún militante que, a juicio de la autoridad, incurra en un delito basado en prejuicios y dictamine si hay odio en un tuit, un post, una declaración pública o una transmisión por Periscope.
Los líderes de la revolución bolivariana, incluyendo al presidente Hugo Chávez, han sido los principales promotores de un discurso de odio, intolerante y discriminatorio. Ellos mismos son los que tienen ahora en sus manos la más peligrosa herramienta de censura: una ley que pretende ocultar la realidad de un país sumido en la más profunda debacle política, económica y social de su historia, castigando la crítica, la disidencia y la inconformidad de los venezolanos.
Ante este nuevo ataque del gobierno contra la libertad de expresión, sólo queda el compromiso de responsabilidad moral de los ciudadanos y los medios con la libertad de expresión y una insumisión militante para rechazar cualquier intento de aplicación de una norma que estrangula los últimos vestigios de la democracia en Venezuela.
