Las trampas autoritarias de Evo Morales
El historiador boliviano Alcides Arguedas relata que, tras hacerse redactar una Constitución a medida en 1868, y mientras sus diputados elogiaban sus virtudes de estadista, el presidente Mariano Melgarejo interrumpió la tertulia palaciega y dijo: «Sepan todos los honorables señores diputados que la Constitución de 1861, que era muy buena, me la metí en este bolsillo (señalando el bolsillo izquierdo de su pantalón); y la de 1868, que es mejor, según estos doctores, ya me la he metido en este otro (señalando el bolsillo derecho); y que nadie gobierna en Bolivia más que yo».
El pasado 29 de noviembre, a solicitud de los diputados del presidente Evo Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró que la Constitución redactada en 2009 por los mismos asambleístas de Morales era inconstitucional en la parte que decía que Morales podría ser reelecto una sola vez. Según estos doctores, la Constitución de Morales viola los derechos humanos del propio presidente Morales, así que la parte pertinente queda derogada y Morales puede ahora ser reelecto indefinidamente. (Se trata de una interpretación de realismo mágico idéntica a la utilizada por Daniel Ortega en 2010 para habilitar su reelección indefinida en Nicaragua).
Ese mismo tribunal, creado por partidarios de Morales para abolir el Tribunal Constitucional de la extinta «República de Bolivia», ya había interpretado en 2013 que la disposición de la misma Constitución de Morales que decía que el periodo de 2005 a 2009 sí contaba como el primer periodo de Gobierno de Morales (lo cual significaba que Morales no podía ser candidato en 2014), no impedía su re-reelección porque el primer periodo de Morales en realidad no era su primer periodo. Según estos doctores, entre 2005 y 2009 había sido presidente de la «República de Bolivia», y no fue sino hasta enero de 2010 en que Morales comenzó su mandato como presidente del «Estado Plurinacional de Bolivia«, por lo que sus primeros cinco años no estaban contemplados en la prohibición de reelección. (Se trata de una argucia idéntica a la utilizada por Alberto Fujimori en 1993 para facilitar su tercera reelección en Perú).
Morales ya se ha hecho reelegir ilegalmente dos veces debido a que ese tribunal supremo que él controla desde que tomó el poder, en 2005, tiene por misión principal validar sus atropellos
Lo que hace que la hazaña despótica de Morales sea mayor a la de Ortega y Fujimori es que, en febrero de 2016, el también dirigente cocalero había convocado un referéndum para que la gente decidiera si podía optar de nuevo a la presidencia en 2019, en contra de la Constitución. De haber ganado el sí, Morales hubiera podido alegar, como hacía Hugo Chávez, que el «pueblo», en su infinita sabiduría, le había pedido volver a postularse, y que nada ni nadie, ni la Constitución ni los opositores, estaban por encima de la decisión del pueblo. Resulta que, contra todo pronóstico, Morales perdió el referéndum. Así que recurrió a su Tribunal Constitucional y exigió el fallo descarado de noviembre, que cumple el mismo propósito.
Nada de lo que sorprenderse. Morales ya se ha hecho reelegir ilegalmente dos veces debido a que ese tribunal supremo que él controla desde que tomó el poder, en 2005, tiene por misión principal validar sus atropellos, incluido su afán reeleccionista.
A pesar de los casi 20 años de normalidad democrática entre 1985 y hasta 2003 (año en que Evo Morales y Felipe Quispe, este último armado de fusiles, derrocaron al presidente Sánchez de Lozada y pusieron en jaque a la democracia), la historia constitucional de Bolivia no ha sido ejemplar. Antes de Morales, Bolivia ya peleaba por el título de campeón mundial en golpes de Estado, y las reformas a la Constitución de la República de Bolivia sumaban ya 18, de las cuales al menos 15 habían incluido la ritual elaboración de una «nueva Constitución» a cargo de una Asamblea o Congreso Constituyente cuya finalidad era validar al régimen ilegítimo, «refundar» la patria y, así, atornillar al Gobierno de turno en el poder.
Debe reconocerse que el régimen de Evo Morales ha sido más bien tímido en sus cercenamientos a las libertades económicas y se ha centrado en limitar principalmente las libertades políticas de los bolivianos
Por eso no se puede decir que Morales sea el presidente más déspota de Bolivia en 200 años de historia. En el largo desfile de demócratas y dictadores desde que la espada de Simón Bolívar le propició el nacimiento y el nombre (1825), y desde que su pluma escribió la primera Constitución (1826), la competencia por el poder en Bolivia ha visto entre sus participantes a lealistas (leales al Rey de España) y patriotas, a conservadores y liberales, a socialistas y falangistas, y al ocasional militar sin ideología que, como gran parte de los civiles, no tenía mayor pretensión burocrática que enriquecerse a costa de la política.
Dentro de este historial sobresaliente en sentido contrario, debe reconocerse que el régimen de Evo Morales, que acaba de otorgar la mayor condecoración del país al dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang y que no pierde oportunidad para alabar a las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha sido más bien tímido en sus cercenamientos a las libertades económicas, incluido el derecho a la propiedad privada, y que ha enfocado sus cañones a limitar principalmente las libertades políticas de los bolivianos.
Y es que no cabe duda que una dictadura sin libertades económicas mínimas (con hiperinflación, con controles de divisas y de precios en los productos de la cesta básica), como son las de Cuba y Venezuela, son peores que una dictadura con un sistema capitalista de compinches, como el que tienen Morales y Ortega. Y como el que tienen la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping, junto a cuyos regímenes el Gobierno de Morales vota unívocamente en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier sanción a Siria y a Corea del Norte. El autoritarismo de Morales ha estado circunscrito a los abusos en materia de libertad política, y esto es lo que lo hace similar a los regímenes militares del siglo XIX, como el de Mariano Melgarejo.
El de Morales es más bien un «régimen autoritario-competitivo». A diferencia de las dictaduras puras y duras, en estos la oposición aún tiene la capacidad de competir por el poder, aunque en condiciones de desigualdad
Aquí debo matizar que la Bolivia de Morales no es una dictadura como la de Melgarejo, donde no había lugar para elecciones, ni oposición, ni medios de comunicación independientes. El de Morales es más bien un «régimen autoritario-competitivo», como los que gobiernan en Nicaragua, Malasia, Togo o Angola. Esta es una definición tomada de los profesores Steven Levitsky y Lucan Way, de las universidades de Harvard y Toronto, respectivamente, que atribuyen el carácter «competitivo» de estos regímenes al hecho de que, a diferencia de las dictaduras puras y duras, o «autoritarismos completos», en estos la oposición política auténtica aún tiene la capacidad de competir por el poder, aunque lo hace en condiciones de abierta desigualdad y en elecciones que siguen siendo periódicas, pero que no libres, ni justas.
No son justas porque el campo de juego está inclinado para un lado, los únicos periodistas autorizados para relatar el juego son escogidos por el régimen y los árbitros han sido juramentados, puños revolucionarios en alto, por el partido oficialista. No son libres porque ningún individuo racional puede sentirse libre de votar en contra del Gobierno cuando éste amenaza con confiscar propiedades a las personas que entren en política del lado opositor, cuando condiciona las obras públicas a la sumisión al régimen, y cuando lleva ya 10 años predicando a los niños en las escuelas que «si no apoyan a Morales, regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los asesinos, y a las wawas (a los niños) le van a quitar todo; y va a haber llanto, y el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros». Bolivia aún no es una dictadura porque, contra todas las trampas autoritarias del régimen de Morales, la oposición democrática podrá competir por el poder en 2019, y, salvo que Morales lleve a su régimen a los niveles dictatoriales de Venezuela, una unión de políticos opositores demócratas (los que no están presos ni en el exilio), tendrá la oportunidad de ganar, aunque sea con un gol en tiempo de descuento, como se hizo en el referéndum de 2016. Hasta que presenciemos aquel desenlace, nadie gobierna en Bolivia más que un Melgarejo llamado Evo Morales.
Javier El-Hage es director jurídico de Human Rights Foundation, una organización internacional con sede en Nueva York, y ‘senior fellow’ del Raoul Wallenberg Centre for Human Rights.
