Gustavo Tarre Briceño: ¿Qué quiere el pueblo opositor?

Como si ello fuera posible, la oposición venezolana ha entrado en una etapa de mayor confusión. La división parece incrementarse, el rumbo no está claro, proliferan los egos, las descalificaciones y los insultos. Es un lugar común decir que hay una crisis de liderazgo. Ni siquiera el gran Frente promovido por la sociedad civil escapa de estas diatribas.

La pregunta que quiero formular es muy clara: ¿quién o quiénes son hoy los líderes de la oposición venezolana? La respuesta supone aceptar que un líder es aquel que tiene seguidores, que genera confianza y entusiasmo, que posee aquello que los romanos llamaban auctoritas, es decir, una legitimación que procede del saber, de la experiencia, de la valoración moral, de la aceptación colectiva y la potestas, que consiste en la capacidad legal para tomar decisiones que sean acatadas por una comunidad.

Los líderes de la oposición venezolana carecen de la potestas y a muy pocos de ellos se les reconoce auctoritas.

La Mesa de la Unidad Democrática encuentra una fuente de legitimidad en el respaldo con que cuenta en la Asamblea Nacional, elegida por el pueblo venezolano en el año 2015. Pero puede uno preguntarse si los más de dos años transcurridos no han hecho mella en esa legitimidad, y no es malo recordar que la fuerza parlamentaria de los diversos grupos que integran la MUD no proviene de una medición democrática, pues muy pocos candidatos fueron escogidos por elecciones primarias. El pueblo votó efectivamente por la tarjeta de la MUD, pero los candidatos fueron postulados, en su gran mayoría, como producto de una negociación, con base en los resultados de elecciones aún más pretéritas.

Quienes se oponen a lo que podríamos llamar la oposición oficial fundamentan su disidencia en un mayor acierto y firmeza en lo que concierne a la naturaleza del régimen chavista, en su tenacidad en denunciar la dictadura y en un fuerte apoyo en las redes sociales. ¿Es eso suficiente?

En democracia, la legitimidad se mide en el apoyo popular. No tenemos esa medición y debemos buscarla.

La respuesta más sencilla y obvia sería la realización de una megaelección primaria que pudiera definir tanto los liderazgos nacionales como regionales. Lamentablemente, las dificultades logísticas que supone este mecanismo parecen insuperables, para no hablar de la puerta que se le abriría al gobierno para intervenir en esa modalidad de elección.

Quisiera, con toda la humildad del caso, formular una propuesta: la realización de una gran encuesta nacional y 23 encuestas regionales que nos permitan saber qué piensan los venezolanos.

Es cierto que las encuestas se equivocan y, más grave aún, sospechamos que muchas veces son manipuladas. ¿Cómo evitar ese riesgo?

La propuesta es convocar a las encuestadoras más reconocidas y pedirles que trabajen conjuntamente en la preparación técnica de una medición, que se haría con la presencia de testigos designados por las fuerzas políticas y grupos que deseen participar en ella. Podría incluso sugerirse una “observación internacional”.

Se presenta entonces el problema de las preguntas. ¿Cómo y quiénes las formularían? ¿Cómo evitar sesgos y manipulaciones? La respuesta es sencilla, más que votar por opciones, se trataría de expresar preferencias por personas y organizaciones. La posición de los líderes y de los partidos de la oposición, así como de importantes sectores de la sociedad civil frente a los grandes retos que se presentan y definiciones que se requieren, son ampliamente conocidas.

¿Cómo se manejaría el resultado de esa encuesta, que idealmente debería replicarse en cada entidad regional? La propuesta consiste en integrar, con base en los resultados y en estricta proporcionalidad un gran parlamento nacional de la oposición (así como 23 parlamentos regionales) por un lapso que se resuelva previamente y utilizar para la designación de la autoridad ejecutiva las normas que rigen a los sistemas parlamentarios. Si una sola fuerza política o agrupación tiene la mayoría absoluta de los miembros del parlamento, tendría automáticamente mayoría en el cuerpo de dirección ejecutiva y su líder sería el jefe de la oposición. Si ninguna fuerza tiene la mitad más uno de los integrantes del parlamento, se formaría coaliciones y estas resolverían la cuestión de la jefatura.

El parlamento se reuniría de manera esporádica mientras que la dirección política lo haría con la frecuencia que la situación lo requiera. Esa dirección política duraría el tiempo que dure el parlamento, a menos que se produzcan reacomodos de fuerzas que conducirán a la formación de nuevas coaliciones. La mayoría no debería aplastar a la minoría y todas las decisiones serían objeto de amplia discusión. Al mismo tiempo, lo que se resuelve por mayoría, debe acatarse y ejecutarse por unanimidad.

En este proceso deben participar todos los que pretendan ubicarse en el campo opositor. Eso excluye a los que pretenden participar en la elección presidencial convocada por la dictadura ya que hay evidencias demasiado obvias y visuales de su actitud connivente hacia la narcodictadura.

En resumen, basta ya de oír a los políticos hablar “en nombre del pueblo opositor”. Vamos a preguntarle a ese pueblo opositor qué es lo que realmente quiere. No es esta la única forma de preguntar, Venezuela debe estar abierta a cualquier mecanismo de decisión democrática que compruebe el apoyo popular de sus líderes y les confiera potestas y tal vez, auctoritas.