Cifra de asesinados por la represión en Nicaragua aumenta a 351, según informe de la ANPDH
La cifra de muertos por la represión orteguista en Nicaragua ha aumentado. Según un informe presentado este miércoles por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), desde el 19 de abril al 10 de julio de este año han sido asesinados 351 nicaragüenses.
En los últimos ochos días, asegura el informe de la ANPDH, se han registrado 40 nicaragüenses asesinados, la mayoría de ellos en Carazo, donde el pasado domingo el régimen orteguista realizó “operación limpieza” en los tranques del departamento.
El informe del organismo de Derechos Humanos contabiliza además 2,100 heridos y 329 secuestrados.
Mayoría eran civiles
De acuerdo al informe, de los 351 víctimas, 306 eran civiles, 28 paramilitares, 16 policías y uno que pertenecía al Ejército.
Los departamentos donde se han registrado más muertos es Managua con 162. Seguido por Masaya con 35, León con 26 y Carazo que registra 25 muertos. Además se registran 21 muertos en el Caribe Norte, 23 en Matagalpa, 14 en Estelí, 10 en Jinotega, nueve en Chinandega, siete en Boaco, cinco en el Caribe Sur, cuatro en Granada y el mismo número en Chontales, tres en Río San Juan, dos en Madriz y un asesinado en Rivas.
De los 351 muertos, 289 fueron asesinados con armas de fuego, 2 con granada de mano; 2 con morteros, diez con arma blanca y 48 murieron en otras condiciones.
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En un informe previo presentado el pasado 3 de julio, la ANPDH registraba 309 asesinados, pero en ocho días se cometieron 42 asesinatos más.
Igualmente el secretario ejecutivo de ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, aseguró que tiene denuncias que indican la supuesta existencia de fosas clandestinas detrás de los estadios de Jinotepe y Diriamba, en Carazo.
En ese departamento ANPDH registra 13 asesinatos ocurridos el pasado fin de semana, aunque otras organizaciones contabilizan mayor cantidad.
Leiva destacó que durante este período contabilizado desde el inicio de manifestaciones pacíficas en abril pasado a la fecha también han conocido que de los más de 2,100 heridos, 51 están con daños permanentes.
Insistió Leiva que en el caso de las personas que han sido liberadas luego de arrestos arbitrarios, tras gestiones de ANPDH junto a la Iglesia católica, han sufrido maltrato y tortura por parte de la Policía y paramilitares.
También reiteró en denuncias de cárceles clandestinas, así como el uso de casas del partido Frente Sandinista para practicar torturas contra personas secuestradas y acusadas de apoyar las protestas sociales.
A su vez resaltó el desmedido y desproporcionado uso de armas de guerra de uso exclusivo militar y de francotiradores contra manifestantes pacíficos. Y reiteró su demanda del desarme de los paramilitares que fueron organizados por el gobierno y actúan en coordinación con la Policía Nacional.
