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Los recursos de Odebrecht que llevaron a Nicolás Maduro a la Presidencia de Venezuela

Nicolás Maduro

Una investigación del portal venezolano Clímax da cuenta de los sobornos que pagó la gigante constructora brasileña para garantizar la continuidad de sus contratos. El superintendente de Odebrecht en Caracas admitió que la compañía aportó 35 millones de dólares para primera campaña presidencial de Maduro.

Nicolás Maduro llegó a la Presidencia de Venezuela no solo bajo el ala de Hugo Chávez que lo ungió como su sucesor. También con el decidido apoyo de la de la Constructora Norberto Odebrecht S.A.,que quería asegurar la continuidad de sus contratos una vez que se produjera un cambio de gobierno en 2013.

Euzenando Azevedo ejercía como director superintendente de Odebrecht en Caracas. Tenía acceso directo tanto a Hugo Chávez como al CEO Marcelo Odebrecht y era quien movía los hilos de las coimas que entregó la constructora en ese país. Las confesiones que entregó en Brasil a finales de 2016 hicieron que se convirtiera en el testigo clave del caso Lava Jato en Venezuela y además le salvaron de la cárcel al acogerse a la figura de “delaciones premiadas” que establece la ley brasileña.

Una de sus confesiones fue que Odebrecht entregó 35 millones de dólares para la campaña presidencial de Nicolás Maduro, a través de la Unidad Especial de Relaciones Internacionales, el nombre que encontró Odebrecht para su oficina de sobornos, responsable del manejo de la “caja 2” o un presupuesto paralelo utilizado para este tipo de pagos.

El esquema de corrupción del gigante brasileño en Venezuela fue descrito en una investigación llevada a cabo por el portal digital Clímax, titulada El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela y fue galardonada con el premio a la Excelencia Periodística que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría de Periodismo en Profundidad.

“Américo Mata –asesor de campaña de Nicolás Maduro– me pidió 50 millones de dólares y yo acepté pagar 35 millones, y le pedí a él que el Presidente o candidato, si ganaba, mantuviera nuestras obras como prioritarias de su gobierno, ya que las obras eran del Presidente Chávez… Américo me dio garantía de que si Maduro ganaba, él continuaría colocando las obras de Odebrecht como prioritarias para darle continuidad a las obras del presidente Chávez”, confesó Azevedo ante la Procuraduría General del estado de Sergipe, en Brasil.

Sin embargo, esta sería una mínima mordida de los intereses que tiene la constructora en Venezuela. Ante la corte del Distrito Este de Nueva York, la Constructora Odebrecht y su brazo petroquímico Braskem se declararon culpables por pagar sobornos de 349 millones de dólares en Brasil y otros 439 millones distribuidos en 11 países. En Venezuela se gastaron un cuarto del total de lo repartido fuera de casa: 98 millones de dólares, siendo este el país en el que más sobornos pagaron después de Brasil.

Según las cifras de la fiscal general venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, el Estado pagó a la compañía un monto aproximado de 300 mil millones de dólares por once obras que se encuentran paralizadas, entre las que se encuentran la modernización del Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo y la línea 5 del Metro de Caracas. Azevedo, por su lado, frente a la Procuraduría brasileña dijo que “los valores de esas obras a precios históricos suman un total de 20 mil millones de dólares. Por licitación se entregaron obras por unos 7 mil millones de dólares y por contratación directa unos 13 mil millones de dólares”.

Este es uno de los puntos que diferencia el esquema de corrupción de Odebrecht al aplicado en el resto de América Latina. El modelo de Lava Jato consistía en la petición de sobornos a empresas de ingeniería y construcción por montos equivalentes al 3% del presupuesto de las obras para favorecerlos en los procesos de licitación. Luego, el dinero se cargaba al costo final del proyecto y se reintroducía en el sistema para blanquearlo a través de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina.

En Venezuela las licitaciones no eran necesarias. Gracias a la firma de acuerdos binacionales entre Brasil y Venezuela se podía omitir este paso. La ONG Transparencia, en su capítulo Venezuela, reporta que entre 2005 y 2011, ambas naciones suscribieron, al menos, 47 convenios de cooperación. Además hubo sucesivas reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, gracias a lo cual se otorgaron a dedo un gran número de contratos. Odebrecht en Venezuela terminó 12 obras, pero, según Transparencia, dejó pendientes 29 y no 11, como ha dicho Ortega Díaz.

La fiscal no solo ofreció cifras, también apuntó el dedo hacia los culpables. En un encuentro de procuradores y fiscales latinoamericanos realizado en México el 18 de agosto de 2017, aseguró –por videoconferencia– tener datos que vinculan a Nicolás Maduro con las operaciones de corrupción de la constructora brasileña. Sus acusaciones las ratificó el 23 de agosto de ese año, esta vez durante una reunión de Fiscales Generales de Mercosur en Brasil. Allí no solo mencionó al Presidente, involucró además a Diosdado Cabello –el número dos del chavismo y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente– y a Jorge Rodríguez –actual ministro de Comunicación e Información–. De Cabello especificó que recibió 100 millones de dólares a través de una empresa española denominada TSE Arietis que lo implica en el caso Odebrecht. Agregó que los propietarios de esa compañía son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Gerson Jesús Campos Cabello.

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Luisa Ortega Díaz señala a Diosdado Cabello como vinculado a caso Odebrecht. http://goo.gl/uaDXuW 

Aseveró que las pruebas las entregaría a las autoridades de Estados Unidos, Colombia y España “porque en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción o de narcotráfico, y, en consecuencia, la comunidad internacional tiene que investigar”. Ortega Díaz, aliada al chavismo durante años, había anunciado la existencia de una investigación contra Odebrecht en Venezuela el 26 de enero de 2017. A mediados de febrero siguiente, la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanó las oficinas de la constructora en Caracas.

Sin embargo, los fiscales 55° nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, que estaban a cargo del caso fueron señalados el 16 de agosto de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro de formar parte de una red de extorsión y fue ordenada su captura y encierro, con el aval del nuevo fiscal general impuesto, Tarek William Saab. Lupera ahora se encuentra en el exilio y Sánchez fue detenido el 17 de agosto.

Para ese entonces el escándalo ya había salpicado al Presidente venezolano, esta vez cuando ejercía funciones de Canciller. En mayo de 2017, se difundió la declaración de Mónica Moura –una publicista brasileña– que dijo ante el Supremo Tribunal Federal que ella y su esposo João Santana acordaron con Maduro el pago de 35 millones de dólares por sus servicios de marketing durante la campaña de reelección de Hugo Chávez en 2012. La transacción se realizaría en efectivo, a través de las empresas Odebrecht –que aportaría 7 millones de dólares– y Andrade Gutiérrez –que debía entregar 5 millones más. Otros 11 millones salieron en efectivo de la Cancillería y el resto se los quedaron debiendo.

Dineros despilfarrados a cambio de obras sin acabar

Otro elemento que diferenciaba el accionar de Odebrecht en Venezuela con respecto al resto de los países de la región eran los retrasos importantes en las obras. La empresa reconoce que dejó pendientes once proyectos y, en su investigación, Clímax visitó cuatro.

El responsable de coordinar con Euzenando Azevedo el monto a asignar para la campaña de la primera elección presidencial de Maduro fue Américo Mata, quien había sido presidente del Instituto de Desarrollo Rural de Venezuela, organismo con el que Odebrecht tiene en común la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E Lima S.A., ubicada al oriente de ese país.

La creación de este complejo se aprobó a través de un convenio bilateral firmado en 2009, con una inversión que supera los 600 millones de dólares y que pretendía desarrollar 35.000 hectáreas para el cultivo de soya. Han pasado casi diez años de aquel convenio y en el complejo agroindustrial la producción de la leguminosa se encuentra prácticamente en cero. Nada que decir de los otros aspectos del proyecto que incluían una planta de elaboración de alimento balanceado para animales, una planta para la extracción y refinación de aceite de soya, otra para la elaboración de carne a base de soya, otra para fabricar leche saborizada y una planta de procesamiento de semillas. Ninguna de las plantas productivas superó el 1% de avance en las obras ejecutadas. Cinco años después de que fuese inaugurado el complejo, el porcentaje total de avance físico de los trabajos apenas alcanzaba un 11%; lo que se hizo fue vandalizado y es común escuchar entre los vecinos de la empresa sobre el hurto de materiales, equipos y semillas pertenecientes al complejo.

Cantidades exorbitantes de dinero público también se esfumaron en la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, mejor conocida como la represa de Tocoma. Su puesta en marcha habría sumado al sistema eléctrico nacional venezolano 2.160 Megavatios (MW), de esta manera se generarían en el Bajo Caroní 17.000 MW, equivalentes a más de 70% de la producción total de electricidad en Venezuela. Sin embargo, pese a que la represa fue prometida para estar lista en el año 2012, todavía no hay señales de que vaya a entrar próximamente en funcionamiento.

De la obra se han denunciado daños estructurales graves que van desde fallas en el vaciados de concreto, hasta la inexistencia de geometría, hubo problemas en la instalación de las nueve compuertas por fallas en el diseño. Los errores son tales que Víctor Poleo, ex viceministro de Energía y Minas entre 1999 y 2001 en Venezuela, diagnóstica: “A Tocoma hay que dinamitarla”. Además, en sus inicios la obra se planificó con un costo de 3 mil millones de dólares y el precio escaló hasta posicionarse en 9.365 millones de dólares. La represa no está lista y mientras tanto los venezolanos sufren racionamientos de energía por la falta de mantenimiento del Sistema Interconectado Nacional.

Puentes que no conducen a ningún lugar

A diez años del inicio de su construcción, el sistema de metro Caracas Guarenas-Guatire, ubicado en la región metropolitana, está lejos de inaugurarse. Debía atender a 125.000 pasajeros al día, pero lo único que está a la vista del sistema son columnas con fierros oxidados. De una construcción y equipamiento de 42 kilómetros y 10 estaciones; el proyecto mutó a 39,7 kilómetros y 10 paradas. En 2011, el proyecto volvió a cambiar y se convirtió en tres subsistemas: uno urbano con sistema metro, con una longitud de 9,32 kilómetros y cuatro estaciones; otro suburbano con sistema ferroviario, con 31,32 kilómetros de largo y seis estaciones; y el sistema “Cabletren Bolivariano”, con una longitud de 2,1 kilómetros y cinco estaciones. Y en 2015 se excluyó al tramo urbano de la descripción de la obra. En diez años el avance de las obras tan solo ha sido de 20,80%.

“Anótenlo, pueblo de Guarenas-Guatire. Se los juro”, ofrendó Maduro antes de besar una cruz que formó con sus dedos. “El año 2016 van a tener su servicio de tren Guarenas-Guatire y de ahí vamos pa’ Caracas. Compromiso de patria”. Era 2015 y faltaba solo un mes para las elecciones parlamentarias.

Así como se alargaron los tiempos, también las cifras del presupuesto. De 2.320 millones de dólares calculados en 2007 ascendió a 3.500 millones de dólares hasta alcanzar la cifra final de 4.904 millones de dólares, de acuerdo con la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

El puente alterno sobre el Lago de Maracaibo también absorbió un caudal inmenso de recursos en los 12 años que lleva ejecutándose. El puente Cacique Nigale también ha sido bisagra de promesas electorales, con la pretensión de ser el tercer puente colgante más grande de América Latina. Tendría tres islas artificiales, centros recreativos y una vía férrea que lo cruzaría como una vena. Sus 11 kilómetros de longitud costarían 2.000 millones de dólares en inversión de infraestructura.

La investigación de Clímax revela que con esa cifra bien se hubiesen podido costear “dos puentes como la Calzada del Rey Fahd en Arabia Saudita, que costó 1.200 millones de los verdes para una longitud total de 26 kilómetros de largo. El monto para la estructura zuliana deja fríos los 1.682 millones de dólares que costó el Puente Marítimo de la Bahía de Hangzhou, en China, inaugurado en 2008 cuando consiguió el título de ser el más largo del mundo con sus 35,6 kilómetros y trazado oscilante completado en cinco años de construcción”.

El puente solo ha alcanzado 17% de avance en diez años.

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