Las decisiones “rebeldes” de diputados reflejan los problemas en el Frente Amplio para ejercer su mayoría parlamentaria
Darío Pérez
El 14 de setiembre de 2017 el Frente Amplio recuperó lo que obtuvo por las urnas y había perdido por una decisión personal: la mayoría parlamentaria. El diputado Gonzalo Mujica, electo por el Movimiento de Participación Popular (MPP), inclinó la balanza durante unos meses a favor de la oposición cuando abandonó el Frente Amplio, dio el voto 50 para algunas iniciativas de la oposición y dejó al oficialismo en minoría.
Cuando Mujica renunció a la banca, parecía que llegaba el fin de la agonía para el oficialismo. Sin embargo, esa proyección no se concretó en la realidad y al Frente Amplio le sigue costando conseguir la mayoría parlamentaria para aprobar sus proyectos. Este panorama es de mucha preocupación en varios legisladores frenteamplistas, porque entienden que la mayoría parlamentaria pende de un hilo y que desde hace un tiempo depende de cada proyecto cuál será el resultado, dijeron las fuentes a Búsqueda.
La herramienta que garantizaba alinear a la bancada era la disciplina partidaria, pero para varios legisladores oficialistas consultados, actualmente se la ve más como un principio a defender y no algo como un mandato a acatar.
Los sectores de mayor peso en el Parlamento —el MPP, el Frente Liber Seregni, el Partido Socialista y la Lista 711— son los que más respetan los mandatos, en parte porque su bancada tiene más capacidad de negociar antes de resolver el debate. Los grupos menores son los que han puesto en aprietos al oficialismo.
El caso más reciente ocurrió cuando el Parlamento debatió la autorización del ingreso a Uruguay de las tropas de Estados Unidos destinadas a dar apoyo de seguridad en el marco de la cumbre del G-20 que se desarrollará en Buenos Aires. Si bien el proyecto se aprobó en el Senado, cuando llegó a Diputados el comunista Gerardo Núñez y el representante del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, se opusieron. El oficialismo quedó con 48 votos, pero la oposición lo acompañó y la norma fue aprobada.
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, intentó que este hecho no quedara sin consecuencias y el viernes 17 planteó en la Mesa Política de la coalición de izquierda que el tema de Núñez y Puig debía ser evaluado por el Tribunal de Conducta Política. Ningún sector se hizo eco y la propuesta quedó en la nada, informó el sábado El Observador.
La herramienta que garantizaba alinear a la bancada era la disciplina partidaria, pero para varios legisladores oficialistas consultados, actualmente se la ve más como un principio a defender y no algo como un mandato a acatar.
La decisión molestó a dirigentes oficialistas, quienes ven que se da una señal de que las decisiones “rebeldes” no tienen consecuencias. “Estamos perdiendo el valor de la disciplina partidaria y no nos damos cuenta”, comentó con preocupación un senador frenteamplista. “Hoy cualquiera sabe que puede recorrer los medios diciendo que no vota tal o cual ley”, criticó a su vez un diputado oficialista.
Para los legisladores consultados hay dos motivos por los cuales se han dado este tipo de episodios. Por un lado, en casos como el de las tropas norteamericanas el fuerte componente ideológico pesó mucho. Y por otro, “el perfilismo” de los dirigentes. En la segunda categoría, varios parlamentarios ubican al líder de la Liga Federal Frenteamplista, el diputado Darío Pérez.
Sobre Pérez pesa un dictamen del Tribunal de Conducta Política precisamente por haberse negado a votar un par de artículos de la Ley de Presupuesto en 2015. Los miembros del tribunal emitieron un fallo, divulgado por FM Gente en setiembre de 2017, en el que aseguran que “esta decisión tenía carácter obligatorio para los diputados del FA” y que Pérez junto a los diputados de su sector cometieron “una infracción de sus deberes conforme a las normas que rigen la actuación de los legisladores del FA”. Este dictamen aún no fue tratado por el Plenario Nacional y por lo tanto todavía no sufrió sanciones.
Este año, cuando el Frente Amplio se disponía a aprobar una serie de modificaciones legales para las jubilaciones y pensiones de los retiros militares, Pérez volvió a rebelarse. La reforma de la “caja militar” es un tema central para el gobierno y la fuerza oficialista.
El primer intento para aprobarla fue en los últimos meses del 2017, pero no prosperó porque el líder de la Liga Federal rechazó votar un impuesto a las jubilaciones militares más altas ya que lo consideraba inconstitucional. Se mantuvieron las negociaciones y en mayo pasado el Frente Amplio decidió someterlo a votación en el Parlamento. El resultado no cambió: 49 votos a favor, 50 en contra. Fracasó.
Meses después, Pérez volvió a ser el centro de atención cuando se discutió el proyecto de ley que reforma el Sistema de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, conocida como la “caja militar”. Una vez más, el legislador “rebelde”, como lo llaman, puso reparos que consideraba innegociables y la iniciativa estuvo cerca de naufragar. La discusión de más de un año y medio terminó con el presidente Tabaré Vázquez recibiendo a Pérez para encontrar un punto de acercamiento entre la propuesta que envió el Poder Ejecutivo y las modificaciones que planteó el líder de la Liga Federal. Finalmente, en la madrugada del 18 de octubre y tras varias negociaciones internas, el Frente Amplio aprobó la reforma.
El caso de Pérez será discutido en el Plenario Nacional oficialista previsto para mediados de diciembre junto con otra decena de fallos pendientes de resolución del Tribunal de Conducta Política. En el oficialismo esperan que las sanciones que se apliquen ese día marquen una línea para que los legisladores respeten los mandatos en lo que resta del período.
