De la desesperanza a Guaidó: cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela

Esta crónica se elaboró luego de consultar varias fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato y no ser citadas.

En agosto de 1943 se empezó a tramar la famosa Operación Overlord. Era la toma de la Bastilla, el asalto al Palacio de Invierno o el ataque de los liberatores; de la Segunda Guerra Mundial. El gran plan que, en un contexto desfavorable, torcería la historia a favor del otro bando. Y en Venezuela, los preparativos para el Día D iniciaron en diciembre de 2018.

No existe el Eisenhower caraqueño. Tampoco el Montgomery zuliano. Como algunos quieren hacer creer, la gran toma del poder en Venezuela no fue tramada por un solo mariscal, desde su jardín, de forma maquiavélica. Fueron muchas voces que, en sus espacios, articularon al país —y al mundo— para fraguar la gran operación política que hoy tiene a Maduro en jaque. Al tirano en su búnker —su führerbunker—.

“La Constitución me da la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de la República para convocar elecciones (…) Me apego a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para lograr el cese de la usurpación”, dijo el entonces diputado Juan Guaidó al mediodía del 11 de enero de 2019.

Inmediatamente después de lo que fue el inicio de los cabildos, el primero en saludar a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El discurso en el cabildo había sido bastante ambiguo, por lo que Almagro prácticamente le adhirió, con cemento, la banda presidencial a Guaidó.

Pero la noche anterior ocurrió bastante. Veinticuatro horas antes del primer cabildo Juan Guaidó no tenía previsto apegarse a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. No tenía pensado decir nada sobre la encargaduría o la presidencia o lo que sea.

Hay que ir más atrás. Unas semanas. Cuando los grandes responsables de la toma del poder en Venezuela, esos que orquestaron la invasión caribeña a Normandía, empezaron a cimentar el terreno de la gran estrategia que llevó a Juan Guaidó al 23 de enero de 2019. El momento decisivo en el que, cargadas las bayonetas, listos los barcos, las tropas desembarcaron y marcaron el inicio de un proceso irreversible. Con la juramentación de Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro entró en el último período de su mandato dictatorial. Inalterable, invariable. Definitivo.

Preparativos para el Día D

Afuera de la Casa de las Américas, en Washington DC, hacía unos ocho grados centígrados. Era 14 de diciembre. El día nublado. En el despacho del secretario general se repartió café a los invitados: eran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, Miguel Ángel Martín; los diputados Francisco Sucre, Freddy Superlano, Carlos Lozano y Juan Guaidó. Por teléfono estaban Julio Borges y el gran líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Se discutía lo que todos coincidieron que era una oportunidad única. Jamás se había presentado una ocasión tan conveniente en veinte años de chavismo. La región favorece el cambio con nuevos jefes de Estado, conservadores, alineados con la Casa Blanca, donde ahora gobierna un empresario pragmático, enemigo acérrimo del rojerío en el mundo. Además, hay que designar a una nueva directiva del Parlamento venezolano. Es el momento para apartarse de una dirigencia que había hecho bastante daño a los ciudadanos venezolanos y que hoy carecía de prestigio y de credibilidad. Pero lo más importante, más allá de la posibilidad de refrescar el panorama político en Venezuela y lo apropiado de una región aliada de la causa, era la oportunidad de deponer a Nicolás Maduro a través de un proceso plenamente constitucional.

Las discusiones llevaban meses desarrollándose, es cierto. Cuatro líderes venezolanos que, en coordinación con los principales actores del continente, buscaban establecer una ruta que permitiera concretar el desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro. Eran María Corina Machado, Antonio Ledezma, Julio Borges y Leopoldo López. Pero en diciembre se dieron los primeros acercamientos —con la ausencia, y a la espalda, en ese momento, de dos de los líderes—. Y entonces se empezó a coquetear con la idea: enfocar todos los esfuerzos en un trayecto, legítimo, constitucional, que pudiera ser respaldado por la comunidad internacional sin el temor de ser catalogada como compinches de un coup d’Etat.

No hubo consenso. Apenas era una idea que flotaba en el aire. Como una ficción utópica, parecía demasiado distante porque todo dependía de un Parlamento que lo único que había podido ofrecerle al venezolano era frustración. Pero la mayoría de los actores, los sensatos, esos comprometidos genuinamente con la causa por la libertad de Venezuela, veían en el artículo 233 de la Constitución la última gran oportunidad para salir de Nicolás Maduro: quiéranlo o no, a la Asamblea le corresponde asumir su responsabilidad. Era una obligación.

Se trazaron los planos. Se armó el borrador. Los Eisenhower, dos en Caracas, otros en Washington, uno en Bogotá y el otro, en Madrid, empezaron a esbozar el proyecto. Y parte de la estrategia era presionar. Públicamente y en privado. De lo contrario, el riesgo de que no se ejecutara el plan —o de que fuera saboteado por enemigos encubiertos— era muy alto. Había que alzar la voz.

El 21 de diciembre, en un video publicado desde su cuenta de Twitter, una de los cuatro, María Corina Machado, envió un mensaje a la Asamblea Nacional de Venezuela. “Se nos presenta una nueva oportunidad”, dijo, “tenemos que salvar al país”.

“Nicolás Maduro es un ilegítimo. El 10 de enero concluye un período presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder, que tiene obligación de ser llenado por la Asamblea Nacional, designando un Gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional”, aseveró ese día Machado.

Y el alcalde exiliado, otro de los cuatro, Antonio Ledezma, hizo lo propio el 23 de diciembre: “El próximo cinco de enero, más que instalar una junta directiva de la Asamblea Nacional, debe instalarse un Gobierno de transición. Porque Maduro es ilegítimo”.

Ya la matriz de opinión se estaba formando. Ciudadanos reconocidos como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria; el jurista y secretario del grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar; el prestigioso profesor de Harvard, Ricardo Hausmann; y —porque habrá que insistir en su nombre hasta el final— el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, habían clamado la urgencia de que, ante el vacío de poder que Nicolás Maduro dejaría el 10 de enero, el presidente del Parlamento tiene la responsabilidad de asumir el espacio.

Aparecieron los antipáticos de siempre. Con altivez, desde sus tribunas, afilaron sus plumas para reclamar que nadie, desde ningún espacio, goza de la autoridad para decirle qué hacer y cuándo a la Asamblea. Y que además, que el presidente del Parlamento se crea, luego, presidente del país, era una insensatez. Proponían, en concreto, violentar la Constitución de Venezuela.

En los espacios del mundo donde se traman estas cosas y se toman las decisiones importantes siguió discutiéndose el tema. Desde la Organización de Estados Americanos se insistía con empeño en la ruta que lucía como la más adecuada. Mientras, en la Casa Blanca se aviaban los halcones para, eventualmente, saltar a la yugular de Nicolás Maduro.

Al clamor de los principales actores de la región y el liderazgo opositor comprometido con la causa por la libertad, se sumaron los ciudadanos. Las redes sociales, donde abundan esos ásperos guerreros del teclado que andaban, testarudos, exigiendo, se llenaron de opiniones incómodas para los mezquinos. Que cuando sea la falta absoluta de este, entonces es el otro al que le toca asumir el rollo. Listo. No hay para dónde coger. Afortunadamente la Constitución es bastante clara. Y por esos días se citaba a cada rato.

Terminó el año. Las gentes voltearon sus miradas a la decisión que tomarían los asambleístas en lo tocante a la nueva directiva. Como ya se hablaba del artículo 233, entonces mucho dependía de quien quedara como presidente del Parlamento. Pero un evento, antes de la designación de los nuevos jefes de la Asamblea, irrumpió la atención. Secuestró las miradas. Y un comunicado, distante de todo lo que se pudiera esperar, marcó un hito.

Fuentes cercanas al proceso dicen que la declaración que dio el Grupo de Lima el 4 de enero de este año sorprendió hasta al Gobierno de Estados Unidos. En el comunicado, se lee: “El Grupo de Lima insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones”.

Ese día, luego de una cumbre realizada en la capital de Perú, catorce países acordaron no reconocer “la legitimidad de un nuevo período presidencial del régimen de Nicolás Maduro que iniciará el 10 de enero de 2019”. Tajante. También transparente. Las potencias de la región, excluyendo a México —que no suscribió el texto—y a Estados Unidos, impusieron un deadline. Y, además, se refirieron abiertamente al proyecto que se había empezado a armar en diciembre: al presidente de la Asamblea Nacional le corresponde asumir las competencias del Ejecutivo.

Para este momento aún no había consenso entre las cuatro facciones políticas de la verdadera oposición. Dividida en dos, una parte se inclinaba más a la idea de un Consejo de Estado conformado por quienes timoneaban las tres principales instituciones legítimas (la Asamblea, el Tribunal y la Fiscalía); y la otra, siempre más radical, y alérgica a cualquier cosa que tuviera que ver con diálogo o elecciones, se mantenía firme en la idea de subordinarse al artículo 233 de la Constitución. Estos dos, junto a los otros padres de la Operación Overlord venezolana, salieron envalentonados con el acuerdo firmado ese 4 de enero en Perú. “Estados Unidos aplaude al Grupo de Lima por ponerse del lado de la democracia en Venezuela y denunciar la próxima juramentación ilegal de Nicolás Maduro. Las elecciones en Venezuela fueron viciadas e injustas”, dijo al respecto el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Por otra parte, la declaración del Grupo de Lima generó inquina entre aquellos, presuntos opositores, cuyos intereses se veían amenazados. Desestimaban por completo la idea de un nuevo presidente en el país —y, para argumentar la postura canalla, blandieron que aquello desencadenaría violencia, persecución y más confrontación—.

Reuniones. Muchas. Encuentros, llamadas y presiones. El mundo ya veía, frente a sí, su oportunidad para librarse de Maduro. No iba a dejar que pasara. Y cuánto inquietaba que aún hubiera discordia entre quienes tenían que coincidir para que avanzara la toma del poder en Venezuela.

Como se deseaba, Juan Guaidó fue designado presidente de la Asamblea Nacional. Pese a un acuerdo político al que se llegó en 2015 cuando la oposición se apoderó del Parlamento, existía la angustia con la posibilidad de que partidos desacreditados sabotearan el pacto que daba a Voluntad Popular la presidencia. No ocurrió, afortunadamente. La fuerza política de Leopoldo López logró los votos y llevó a Guaidó al que en ese momento era el espacio más importante en el país.

Como dicen quienes lo trataron durante los preparativos del Día D, Guaidó siempre tuvo la voluntad de asumir los riesgos inherentes al cargo histórico que ahora lo investía. De todos los diputados, parecía la persona adecuada para la responsabilidad. Joven, intachable y enérgico. Con retórica pausada, pero precisa. Elegante, viril, con una familia modélica. Era el hombre adecuado para el momento adecuado. Pero, porque siempre hay un pero, aunque quisiera, aunque tuviera la voluntad y el coraje para enfrentar a la caballería y a todas las fuerzas en combate del enemigo —que además ha mostrado ser implacable y cruel—, Guaidó no se veía con la firmeza para deslastrarse de todos esos cadáveres políticos que, en el paroxismo de la confrontación, podían regresar del camposanto para arrastrarlo y encerrarlo en el averno —esa mazmorra de deshonra y descrédito habitada por todos aquellos que ya habían sido presidentes de la Asamblea Nacional—. Entonces había mucha ansiedad.

A las 12 de la noche del 10 de enero el diplomático Diego Arria publicó un mensaje en sus redes sociales. “A partir de este momento el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, ha pasado a ser el presidente encargado de la República de Venezuela (…) está obligado (…) sé que es una decisión difícil (…) le digo al nuevo presidente que, si se juramenta, estoy dispuesto a prestarle toda la ayuda (…) ¡Felicitaciones!”, dijo Arria. Una afirmación que inmediatamente se viralizó. Fue el primero en adherirle la banda presidencial. Y también el primero en mencionar la urgencia de una juramentación y la idea de nombrar embajadores en los países que reconozcan a Guaidó como presidente.

Pero el nuevo presidente de Venezuela parecía no haberse enterado de que, de su hombro, ahora colgaba una cinta tricolor. Ante la ilegal juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero—de la que no hay nada importante que señalar más allá de haber sido una vergonzosa muestra del abandono del mundo a la Revolución Bolivariana—, Juan Guaidó dio un discurso en la sede de su partido, Voluntad Popular. Fue sonso y mal estructurado. Insinuó, entre tanto que dijo, que no iba a asumir la presidencia de la República. En vez de mencionar lo que le correspondía —que ahora era comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana—, terminó anunciando que ese día no habrá anuncio sino que será el siguiente, cuando haya anuncio.

El peso de la opinión pública se impuso como nunca. Albricias, que ya la sociedad venezolana no es la misma que disfruta alcahuetear imprudencias. Severa e inclemente, salió con todo a hacer la denuncia de que algo malo estaba ocurriendo. En paralelo, pendía como sable de Damocles la advertencia de que, si Guaidó evade lo que le corresponde, la otra institución legítima, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, estaría dispuesta a designar un Gobierno de transición. Fuentes cercanas a los magistrados aseguraron que todo estaba listo para responder ante la posible decisión de Juan Guaidó de no apegarse al artículo 233 de la Constitución.

“Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se reunieron con el secretario general de la OEA. Trataron la urgencia de cumplir con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela para que no exista vacío de Poder Ejecutivo”, publicó en Twitter, junto a una foto de los magistrados en la oficina de Almagro, la cuenta del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

El día fue largo. Muy largo. Desde temprano los comentaristas en televisión decían que parecía que el diputado de la Asamblea Nacional estuviese eludiendo su responsabilidad. A NTN24 el escritor y profesor universitario en Georgetown, Héctor Schamis, le dijo que Guaidó estaba entre pasar al olvido o llenarse de gloria. La decisión la debía tomar él.

Horas antes del discurso de Guaidó del 10 de enero, los diputados discutieron la denominada «Ley del Estatuto que rige la transición». Se impuso esa sobre otra en la que se establecía el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se hablaba de vacío de poder y se acordaba que el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir las competencias del Ejecutivo. En la discusión, fueron los principales partidos del Parlamento —el denominado G4, compuesto por Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática— los que terminaron desechando el documento que obligaba a Guaidó asumir la presidencia. Al final la ley no se terminó votando porque imperaba una tensión rígida, inaguantable. Era un documento inaceptable para, por ejemplo, la denominada Fracción del 16 de Julio (compuesta por diputados independientes, de otros partidos; y de las fuerzas políticas Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo; los partidos de María Corina Machado y Antonio Ledezma, respectivamente). Pero ahí estaba la ley. Y el mundo se enteró del peligro que significaba.

A lo largo de la tarde del 10 de enero, quienes estaban al tanto de la discusión sobre la Ley del estatuto de transición, presumieron que, aunque jamás se aprobó, Juan Guaidó se estaba subordinando a él. En consecuencia, empezaron a hacer llamados de atención.

Las discusiones tomaron horas. Hasta bien entrada la noche en un hotel del este de Caracas, Juan Guaidó estuvo en el centro de la disensión entre los cuatro principales líderes venezolanos detrás del Día D. Y, aunque todos ya habían trazado los planos de la Operación, dos no terminaban de asumir una postura sólida. Mientras, Guaidó arrastraba consigo una pila de mensajes que lo presionaban. Y, uno de ellos, descollaba. Firmado por el secretario general Almagro, se trataba de una carta durísima que ponía al diputado —o presidente— entre la espada y la pared.

Eran varios los argumentos para no meterse de lleno en una aventura peligrosa, colmada de obstáculos, y demasiado desafiante para unos tipos que, cargadas las torretas y las bayonetas, parecían dispuestos a responder, desde sus trincheras, a la invasión caribeña de Normandía. Inquietaba que el mundo democrático no reconociera automáticamente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y, por último, que aquella osadía terminara decapitando a la directiva de la Asamblea y dejando a Voluntad Popular fuera del juego institucional. Al final, ese día, se acordó: “Vamos, pero no con todo”.

“Me apego a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para lograr el cese de la usurpación”, dijo Juan Guaidó en el cabildo abierto del 11 de enero en el este de Caracas. La avenida estaba repleta de gente y, justo cuando el diputado se montó en la tarima, los ciudadanos empezaron a corear: “¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente!”.

Como se mencionó, ya no es la misma ciudadanía alcahueta que anda por Caracas repartiendo hojas en blanco. El día anterior había sido severa y, ese viernes, se plantó en la calle a exigir.

No todos entendieron bien qué significaron las palabras de Juan Guaidó. Que si asumió o que si no. No había certeza. Los alegres dijeron que sí y los amargados, que no. Pero, a los minutos, apareció lo que muchos llamaron un milagro y lo que provocó el surgimiento de un nuevo movimiento en torno a una simple idea.

“Saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela”, escribió en la tarde del 11 de enero el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Y listo. Todos con Almagro. Él lo ha dicho.

A la espera del Día D

Los partidos de la Mesa de la Unidad, al margen de Voluntad Popular y el ala de Julio Borges en Primero Justicia —es decir, el ala del excandidato presidencial, Capriles—, dieron instrucciones a su militancia: el presidente de la Asamblea Nacional no ha asumido nada, no se le puede llamar presidente del país y ya. Al día siguiente del 11 de enero, los jóvenes desobedecieron. Y en lo que fue una concentración mundial, en cada pequeño cabildo, el grito fue el mismo: Juan Guaidó es presidente.

Ahora lo que quedaba era la juramentación. Ya se había alzado el andamiaje sobre el que se estructuraría finalmente el desembarco. El gran golpe. El Día D. Pero hacía falta una foto. Era urgente y los ciudadanos la pedían. Porque no hay que desmerecer lo que hoy representa María Corina Machado en la lucha contra la tiranía. Valiente, inamovible, a veces demasiado severa. Era quien, en ocasiones anteriores, había sido inclemente con quienes consideraba que se extraviaban de la ruta por la libertad. Y gran parte de los venezolanos quería saber bien qué pensaba sobre Juan Guaidó y el nuevo papel histórico que estaba asumiendo. Querían que expresara, alto, si apoyaba al joven de Voluntad Popular.

“Tenemos que hacer lo que sea necesario para alcanzar la libertad de Venezuela. Cuenta conmigo para avanzar con fuerza en esta ruta, Juan”, escribió Machado en un tuit que publicó en la noche del 12 de enero. La líder opositora agregó la foto en la que se ven ambos, sentados en un sofá, distendidos, conversando. Más de veinte mil likes. Más de trece mil retuits. Al día siguiente en todas las redes y en varios diarios. Se habían alineado los dirigentes más relevantes de la oposición venezolana. La que llevaba una vida y el nuevo fenómeno. Ahora sí. Ahora sí se podía confiar de nuevo. Poco a poco empezaba a renacer la esperanza.

Los cabildos que se celebraron luego fueron muestra de ello. Cada día, en una ciudad distinta, miles de personas se concentraban para honrar al joven más valiente de la política en un país acostumbrado a los desengaños, la timidez y medianía. Aunque no era explícito el discurso, la realidad era que Guaidó estaba retando al régimen como nadie lo había hecho en años. El solo hecho de que los demás —porque él aún no lo hacía— lo empezaran a llamar presidente, consistía en la mayor audacia jamás vista. Y, aunque breve, aguantó por unos minutos la crueldad de la dictadura. El 13 de enero, cuando Guaidó se dirigía a un cabildo, funcionarios de la policía política de Maduro, el SEBIN, lo secuestraron. Luego, fue liberado.

Los días pasaron y se fue engendrando una narrativa a favor del nuevo líder opositor: que el mundo lo apoyaba, que Nicolás Maduro se atrincheraba junto a sus bandidos, que el secuestro del 13 de enero era muestra de la crisis entre los funcionarios y que era inminente. Que ya casi. Que falta poquito. Pero que aún falta algo. Nuevamente, muchos obstinados. Los amargados, pero esos que de alguna forma siempre demostraron tener la razón, pedían que el presidente Guaidó formalizara su nuevo cargo a través de un acto público. La juramentación, eso.

Desde Washington DC ya los halcones empezaban a planear. A vuelo rasante, como buitres sobre cuero, atormentaban a los que, en su führerbunker, insistían en seguir organizando la guerra. Mandando batallones, recogiendo pelotones y distribuyendo soldados. Los Panzer por acá y me envías unos Henschel para allá. Como si no todo fuera una ilusión. Como si ya la guerra no la hubieran perdido y no existieran esos batallones, esos soldados y esos Panzer. 

John Bolton, Mike Pompeo, Mike Pence y Marco Rubio. Sus cuentas de Twitter debieron haber sido insoportables para los americanos que no entendían nada y que por qué estos gringos empezaban a poner tuits en español y Venezuela, Venezuela. Solo Venezuela. Amenazas a los militares, anuncio de nuevas sanciones y apoyo íntegro a Juan Guaidó. Mientras, surgía uno que otro desertor de las Fuerzas Armadas venezolanas. E, inmediatamente, algún funcionario estadounidense salía a darle su espaldarazo. “Apoyamos al grupo de militares que se rebela contra Maduro y se subordina a Guaidó”, escribió Rubio en Twitter sobre unos uniformados que, desde Colombia, manifestaron su desconocimiento a Nicolás Maduro.

El debate sobre la juramentación se intensificó. Cada vez eran más los amargados que, frente a lo que se veía, estimaban la urgencia de que Juan Guaidó asumiera los símbolos del poder. La foto, la mano alzada, las palabras “juro”, “soy presidente”, se volvieron perentorias. Y como no había claridad, aún había algunos que, de forma ruin, lo decían una y otra vez: “Juan Guaidó, presidente-de-la-Asamblea-Nacional-de-Venezuela”, “Juan Guaidó, el-diputado”. Y para no dar espacio a la sospecha, tenía que juramentarse.

Un acuerdo en la Asamblea Nacional revivió las tensiones. Las llevó al paroxismo. En la sesión del martes 15 de enero, la mayoría de los diputados aprobaron que las competencias del Ejecutivo Nacional ahora le correspondían al Parlamento, pleno. Nada de a un individuo. Nada de a Guaidó. Una locura. Inconstitucional, etecé.

Sin sorpresas, se abstuvo la Fracción del 16 de Julio (la señora Machado y el alcalde Ledezma). Algunos no comprendieron su postura y, entonces, reprobaron a los diputados de la Fracción. Quizá, sin entender el peligro de ese acuerdo inconstitucional. Pero algo cambió esa mañana del 15 de enero. Al principio, el acuerdo era diferente. Otro texto, esbozado precisamente para ratificar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, terminó en la basura.

Ante este boicot, se prendieron las alarmas, no solo de dos líderes venezolanos, sino del mundo. Y, articulados todos los actores, empezaron a presionar. Otros, con mucho mayor poder de fuego, como Estados Unidos, emplazaron —y, de hecho, amenazaron— a aquellos supuestos opositores que tuvieran la intención de sabotear el proceso que ya había comenzado. Nadie iba a impedir la ejecución de la Operación. Nadie. Y quien lo intentara, iba a correr con las consecuencias de ello.

Más presiones. Más reuniones. Mayor participación del mundo. Dicen fuentes que Colombia y Brasil fueron actores principales. En la capital estadounidense, el diplomático Arria y el senador Rubio conversaban ese 15 de enero. Inmediatamente después del encuentro, ante el Congreso, el joven representante de Florida decía que Estados Unidos debía manifestar su reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La ruta es la que marca el 233 y punto. Juan Guaidó debe juramentarse.

La inquietud y las tensiones dentro del grupo de los cuatro líderes venezolanos derivaron en la necesidad de robustecer —y blindar— la estrategia. Era hora de establecer límites, intervalos de tiempo y fechas topes. Que nada pase de tal día, que cuidado con que si a alguien se le ocurre desviarse y, mucho cuidado sobre todo, con los enemigos encubiertos. Ah, y que nadie sepa. Que nadie más sepa. Que la joven estrella debe asumir su responsabilidad, pero que todos crean que no lo hará. Se estampó el sello. Y ese fue un momento clave.

Hasta Washington DC llegó la preocupación por la aparente indeterminación, las tensiones y las presiones. Hay que recordar algo: Juan Guaidó se encuentra en el centro de un conflicto de años, peligroso, que involucra a las peores mafias de Venezuela y el mundo. Las presiones y amenazas, indecibles. Entonces, representantes en la Organización de Estados Americanos, decidieron dialogar.

El 16 de enero la representación de Estados Unidos convocó a un encuentro entre otros embajadores y Juan Guaidó, junto a Leopoldo López. Los representantes, en un mismo espacio, dialogaron con estos venezolanos que, a través de una pantalla, explicaron cuál era la ruta. El 233, 333 y 350. Guaidó expuso cómo todo era constitucional. Y dijo, no obstante, que precisaba del apoyo del mundo para avanzar. Y parte del mundo, reunido en esa sala en Washington DC, se lo garantizó.

Estaban los embajadores de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Chile, Honduras, Paraguay y Estados Unidos. Este último país le aclaró a Juan Guaidó que, si todo era constitucional, y que si estaba seguro de que esta ruta era la adecuada, que contaba con todo el apoyo. Que siguiera.

Al día siguiente, en Brasil, se celebraron dos históricas reuniones. Por un lado, el presidente, Jair Bolsonaro, estrechó manos con la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín. Por el otro, representantes de la sociedad civil venezolana se encontraron con el canciller brasileño, Ernesto Araújo. Dijeron los protagonistas que, de ambos encuentros, la conclusión fue: Brasil está dispuestísimo, con todo, a reconocer y darle su respaldo a Juan Guaidó. Pero hace falta el acto. A favor de esta postura jugaron un papel fundamental Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Blanco y los jóvenes del movimiento Rumbo Libertad.

Las piezas se posicionaban. Los buques habían zarpado. Cargados de soldados, estaban listos para disponerse frente a las playas francesas y liberar la furia de cientos de miles. La fecha era el 23 de enero. Ya la había anunciado Guaidó, en alusión al momento histórico de un viejo derrocamiento.

Para que el mundo se empezara a articular, miles jugaron un papel esencial. Hay que mencionar a Leopoldo López quien, desde su celda, trazó relaciones con destacados líderes mundiales. Fue primordial el rol del alcalde Antonio Ledezma; desde su huída, incansable, inagotable. Con un teléfono que lo marca como pianista tras un Steinway And Sons, María Corina Machado. Diego Arria, con su voz que se oye en el mundo, que se respeta; además, con un prestigio ganado con la experiencia, convenció a todos del peligro de convivir con un narcoestado.

También Asdrúbal Aguiar, con su iniciativa, IDEA, que impulsó a los expresidentes más importantes de Iberoamérica a convertirse en aliados de la causa venezolana. Julio Borges, por el mundo, en una permanente gira. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, como una institución legítima que recorre el mundo, habló claro y convenció. Fueron también miles, miles y miles de venezolanos, en el mundo, que jamás reposaron. Activistas obstinados, maestros también de la ingeniería política, que generaron el ruido suficiente para que los países se solidarizaran más con su causa. Los héroes anónimos. Los miles de héroes anónimos. Y Almagro, por supuesto. Don Luis Almagro. El gran padre del proyecto. La punta de lanza en la ofensiva internacional contra la tiranía de Maduro.

Con la intención de presionar y generar la sensación de que el acto formal de la juramentación era lo mejor que Juan Guaidó podía hacer, importantes líderes mundiales empezaron a manifestar su postura a favor de esta ruta. La voz más destacada que se alzó fue la del presidente de Colombia, Iván Duque. En una entrevista con el medio alemán DW el 21 de enero, dijo: “Lo que estamos esperando todos los países del Grupo de Lima es que ese acto [la investidura de Guaidó como presidente interino] pueda tener un revestimiento de formalidad y la reacción la tenemos que tomar todos al unísono”.

Ya era claro. Faltaban dos días para el Día D. Las facciones, responsables de la Operación Overlord venezolana, ya lo habían pactado. Entre ellas no había nerviosismo. Los cuatro líderes ya tenían la certeza de que Juan Guaidó se iba a juramentar. Aún la estrategia se mantenía hermética, eso sí. El régimen, que había buscado acercarse para estar al tanto de qué iba a hacer el joven de Voluntad Popular, tenía la seguridad de que, al final, no se iba a juramentar. En cambio, de que todo se iba a encauzar hacia un eventual proceso de diálogo —otra vez—. Y lo mismo creía el resto de la oposición, entre comillas. Esa que ordenó que nadie llamara presidente al presidente.

La llamada privada de Mike Pence a Juan Guaidó, durante la noche del 22 de enero, también fue clave. Allí, Pence garantizó a Guaidó que, si asumía plenamente la presidencia de Venezuela, y se juramentaba, Estados Unidos lo reconocería y le brindaría todo el apoyo necesario. Fue el último gran empujón que dio la confianza a Juan Guaidó para desafiar y sorprender, no solo al régimen, sino a la supuesta oposición que controla parte importante del Parlamento. Se acabó la espera del Día D.

El Día D

Cargadas las bayonetas, listos los barcos, las tropas desembarcaron. Empezó la invasión.

“Hoy, 23 de enero”, dijo Juan Guaidó, “en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, ante Dios, Venezuela, en respeto a mis colegas diputados… Juro”, y la gente reventó eufórica, “asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como presidente”, y la gente lloró al escuchar la palabra presidente, “encargado de Venezuela”.

“¿Qué coño está pasando?”, dijeron algunos dirigentes opositores en grupos de WhatsApp, según reseñó The Wall Street Journal. Solo hay que ver los rostros del momento. Luego, en una entrevista a AFP, Henrique Capriles lo confesó: “No teníamos la información. Sorprendió a muchos dirigentes”.

Y así, a espaldas de estos dirigentes y del régimen, el 23 de enero un joven valiente, de Voluntad Popular, amparado por el mundo democrático y sus principales actores, millones de venezolanos en el exterior, millones de venezolanos en Venezuela y cuatro líderes, asumió su responsabilidad. Se convirtió en el mayor torpedo que, en veinte años, se le ha asestado al chavismo. El game changer. El gran hombre. Ese que necesitaba Venezuela y que siempre requiere la historia para torcerla y forjarla.

De la pesada desesperanza, alojada en el alma de cada venezolano, a la convicción, genuina, racional, nada ficticia, de que el fin del chavismo es cuestión de horas.