Venezuela: el verdadero riesgo es social
Antónimos (2012), Ara Koshiro en exposición Pedazos de País II
1. ¿Usted también se pregunta si habrá un estallido social? Un fantasma recorre toda Venezuela. Muchos temen —sobre todo el gobierno— que la sociedad sufra un estallido de importantes dimensiones, un augurio que a algunos les parece inevitable. Algo que sin duda podría estremecer las bases sociales del chavismo y convertir la crisis económica en una abierta crisis política.
¿Pero realmente estamos frente a un posible estallido social? ¿Qué tan probable es un evento de esta naturaleza en Venezuela? La pregunta es relevante sobre todo porque en el mundo entero, durante las últimas dos décadas, se ha experimentado un auge de este tipo de revueltas. En Africa, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, el aumento de los precios de los alimentos a nivel global provocó múltiples estallidos sociales de grandes dimensiones. Son muchas más revueltas de las que uno esperaría en unos años marcados por el crecimiento del llamado sur global.
2. ¿Qué relación existe entre el precio de los alimentos y las revueltas? La Primavera Arabe se inició en Túnez, precisamente después de una serie de protestas violentas marcadas por el aumento de los precios de los alimentos. El fin de Mubarak en Egipto estuvo signado por el descontento social que provocó esa misma ola de inflación alimentaria. De modo que el gobierno tiene sobradas razones para preocuparse, ¿pero por qué exactamente ocurren estos eventos?
El interés por el estudio académico de las llamadas revueltas sociales es de larga data. Y, para el caso venezolano, los diversos análisis sobre el 27 de Febrero de 1989 produjeron una literatura bastante amplia. Tanto que el 27-F terminó simbolizando el fin del puntofijismo. Sin embargo, más recientemente, esta nueva ola de protestas globales ha permitido que algunos economistas y sociólogos determinen estadísticamente los factores que incrementan su probabilidad de ocurrencia. Y los resultados son interesantes, por decir lo menos.
3. ¿Qué indigna más: los precios volátiles o la inflación? Uno de los primeros descubrimientos es que no es la volatilidad de los precios de los alimentos que acompaña a los fenómenos inflacionarios lo que termina por provocar la indignación de los sectores populares: es el aumento en el nivel de precios.
En otras palabras: cuando la inflación sobrepasa ciertos umbrales, la probabilidad de este tipo de fenómenos sociales se incrementa significativamente. Y cuando la inflación se mantiene alta en el tiempo, estos fenómenos se vuelven todavía más probables. De modo que este simple elemento causal sugiere que, en este tipo de contexto, el único tema de política relevante para cualquier gobierno es un conjunto de medidas creíbles que logren estabilizar los precios y compensar rápidamente a los sectores más vulnerables.
4. ¿Un estallido social es un fenómeno urbano? Los estallidos sociales ocurren fundamentalmente en ciudades con más de un millón de habitantes. Así que otro factor que parece ser importante es la concentración urbana: los países con una población rural de mayor tamaño tienden a observar menos protestas de este tipo.
También son relevantes otras variables como la pobreza y las libertades: países más pobres y con regímenes más autoritarios son más proclives a observar protestas violentas por alimentos. El mecanismo autoritario lo ha descrito con mucha profundidad Amartya Sen, Premio Nobel de Economía: no es la falta de alimentos lo que produce el conflicto, sino que la gente se inhibe de dar información sobre la escasez cuando vive en un ambiente signado por el miedo.
Eso es lo que termina por precipitar la crisis social.
El gobierno llega sólo cuando el estallido ha comenzado: primero a aplacar y luego a compensar. Pero es tarde. En contextos democráticos, la información fluye con más rapidez y los gobiernos responden más ágilmente.
5. ¿Qué papel juega el clientelismo y qué es “la zona gris de la protesta”? Quizás el estudio más interesante sobre las protestas por alimentos es el de Javier Auyero, un sociólogo argentino que ha realizado los estudios etnográficos más completos sobre el clientelismo político en América Latina y, además, ha estudiado con mucho detalle este tipo de consecuencias.
Auyero estudió las protestas por alimentos que precedieron a la caída del Presidente De la Rua en Argentina, a comienzos del milenio, cuando la crisis económica por el colapso del sistema de convertibilidad hizo rugir a la sociedad argentina: compiló información sobre 289 episodios de violencia vinculados con las protestas por alimentos en toda Argentina.
En un ejercicio de sociología espacial, Auyero descubre algunos fenómenos vinculados con la distribución de la fuerza policial y el comportamiento de los políticos de base, quienes actúan solapadamente por detrás de los levantamientos.
Lo primero es que las fuerzas de seguridad tienden a concentrarse alrededor de comercios de gran tamaño, bajo la impresión que son los más vulnerables. Esto deja desprotegidos a los pequeños comerciantes y el resultado es que la mayor parte de los eventos tienen lugar en zonas de pequeños establecimientos (porque son realmente los más vulnerables). En los comercios de gran tamaño, como los hipermercados, las revueltas son menos frecuentes, aunque más llamativas. Y ocurren sólo cuando la fuerza de seguridad se involucran indirectamente.
Lo segundo es que las protestas están precedidas por rumores que las organizaciones de base popular no necesariamente provocan, pero sí pueden estimular. Auyero llama este fenómeno la zona gris de la política que circunda a la protesta: la intersección entre la sociedad civil, los políticos de base y las organizaciones populares.
En el caso de Argentina, los pitadores peronistas y los famosos piqueteros (que para el momento eran opositores con gran penetración en las zonas suburbanas) jugaron un papel fundamental.
6. ¿Cuánto duran “las revueltas del hambre”? En todo caso, estos estallidos sociales ponen a prueba los criterios de equidad y justicia más elementales de una sociedad. E.P. Thompson, el gran historiador de la transición capitalista en Inglaterra, fue siempre muy sarcástico cuando hablaba sobre la idea de que los estallidos son simplemente una consecuencia directa de la inflación o la escasez. Según Thompson, las “revueltas del hambre” eran más bien un “instante” histórico durante el cual una crisis económica pasa a revelar profundas fallas sobre su contenido moral, en especial en cuanto a la justicia en los mecanismos de asignación de bienes y servicios.
Cuando las clases populares perciben que hay una ruptura de esa condición “moral” (es decir: sobre la justicia distributiva), en un momento signado por la escasez y la alta inflación, estos grupos se manifiestan violentamente en las calles.
Amartya Sen, quien rescata buena parte de esta crítica sociológica a la economía, afirma que el momento culminante (o la causa real detrás de estos eventos) tiene lugar cuando los sectores populares perciben que se viola el sentido de dignidad que hay detrás del acceso preferencial a sus derechos de alimentación.
En efecto, los pobres pueden comprender la crisis e incluso pueden también ser parte de la solución y aceptar los sacrificios que conlleva las duras circunstancias económicas que las acompaña. Pero lo que no pueden tolerar es un sentido de injusticia alrededor de los mecanismos que garantizan el acceso a su propia supervivencia.
7. ¿Puede entonces volver a ocurrir un 27-F? Ciertamente. Pero tampoco resulta obvio que sea un riesgo inminente. Venezuela no sólo enfrenta una alta variación en los precios, sino también un alto nivel en la inflación de alimentos. Por si fuera poco, Venezuela es uno de los países más urbanos de toda América Latina, lo que hace al país más sensible a este tipo de situaciones.
La estrategia gubernamental hasta ahora ha privilegiado la supervisión directa de los grandes comercios, dejando desprotegidos a los pequeños establecimientos. La falta de información, como consecuencia de la autocensura de los medios y el control gubernamental sobre los mismos, no sólo podría impedir que el gobierno actúe con rapidez, sino que podría inhibir a los sectores más pobres de informar sobre sus verdaderas necesidades. Estas condiciones son unos habilitadores directos para un posible estallido social.
Sin embargo, no todas las condiciones (en especial las políticas) están presentes.
La oposición no tiene organizaciones de base, como las tenía el peronismo cuando hacía resistencia a De la Rúa en Argentina, ni como la Hermandad Musulmana tuvo en Egipto. Así que es difícil pensar que, incluso teniendo interés en promover un desenlace social de la crisis económica que enfrenta el país, tengan la capacidad para hacerlo. Esa capacidad política continúa estando más del lado del chavismo que de la oposición. De ahí que los llamados “colectivos” sean una fuerza temida por algunos sectores populares que podría activar esa zona gris de la política que suele caracterizar a los estallidos sociales.
8. ¿Cómo evalúa el gobierno su futuro inmediato? El gobierno es muy sensible a este tema: sabe que su futuro político (político: no electoral) depende de estas organizaciones, por lo que independientemente de su control sobre esos mecanismos paraestatales (es decir: sobre la violencia), están dispuestos a realizar cualquier concesión a estos grupos organizados a cambio de que mantengan inhibida a la sociedad y se mantengan fieles a su causa.
Éste es, sin duda, un tema central que permite entender no sólo el miedo del gobierno frente al poder de estos grupos, sino además el comportamiento político tan radical del chavismo frente a la crisis.
El segundo tema es la visión de los sectores populares sobre la “moralidad” de la crisis económica y sobre la falta de resolución a sus verdaderos problemas, sumada a la falta de cumplimiento de sus derechos. Este es un tema complejo que toca la misma narrativa que ha construido el chavismo en torno a su propio discurso de inclusión social. Sin duda, aunque las misiones sociales son cada vez menos efectivas, pues son erosionadas por la misma inflación, su poder simbólico continúa siendo un acervo central del chavismo en la construcción narrativa de su vocación política de inclusion social.
Una narrativa social que, lamentablemente, ha estado históricamente divorciada de la transformación productiva y de la modernización económica del país. Algo que explica la dificultad política del gobierno para enfrentar un ajuste económico que luce inevitable.
Entonces, ante la falta de definición, se ha erguido la guerra económica en el discurso oficialista como una especie de guerra santa. Pero lo cierto es que su barniz “moral” es relativamente endeble.
9. ¿Quiénes son los responsables de la crisis? Para la población venezolana es difícil pensar que el sector privado es el único actor responsable de la crisis económica, de las largas colas y de la escasez. Tampoco visualizan la caída del ingreso petrolero como algo que pueda explicar semejante desmoronamiento. Más bien piensan que es la falta de entendimiento lo que está profundizando las penurias, pero son ambivalentes a la hora de culpar al gobierno o al empresario por la falta de un acuerdo.
Lo cierto es que el país está desesperado por un diálogo social que restaure la normalidad económica.
El gobierno de Maduro debería abandonar cuanto antes la radicalización económica y aceptar que no sólo es necesario estabilizar la economía y promover la inversión, sino que es fundamental abrir un espacio de entendimiento que restaure la fe en el trabajo y la producción como vehículo de cambio social.
La guerra económica es un fórmula cortoplacista que puede voltearse en contra del chavismo en el momento en que los sectores populares perciban que no es el sector privado quien incumple (aunque le tengan una gran desconfianza) y que es es la inquina política lo que impide restaurar la convivencia.
10. ¿Qué podemos esperar? El país está en un momento de gran fragilidad. La aceleración inflacionaria que hemos experimentado durante el primer trimestre del año, producto del masivo financiamiento monetario, es una causal directa de cualquier evento social que podamos observar en los próximos meses.
Por si fuera poco, la aparición de una gran economía informal, controlada por bachaqueros dedicados a la rapiña comercial, puede minar el sentido de justicia que haya detrás de cualquier medida adoptada para mejorar el abastecimiento.
Nuestras ciudades, reducidas además en su calidad de vida por el crimen y afectadas por las ineficiencias del sistema de transporte y el tráfico, son espacios fértiles para que la desigualdad social se vuelque sobre las calles en forma de protestas masivas y violentas, como resultado del rápido aumento en los niveles de precios y la alta escasez.
Si el gobierno decide continuar por esta senda económica tan absurda, el riesgo social es real. Es fundamental que las autoridades enfrenten las distorsiones cambiarias promoviendo su unificación, flexibilicen los controles de precios ampliando la focalización directa de los subsidios a los sectores populares y desmonten el acoso a la inversión privada, para poder estimular la producción y la generación de empleos. Todo dentro de un renovado impulso de diálogo social que permita un punto de encuentro entre los sectores populares y las clases medias para restaurar una sensación de futuro.
El país es un hervidero. Y no es un fantasma el que recorre el territorio: es una población cada vez más desesperada.
