La cancelación del proyecto de ley de extradición llega “demasiado tarde”, según los manifestantes en Hong Kong

“Es como poner una tirita sobre una carne que se ha podrido”, ha asegurado una manifestante enmascarada, en una rueda de prensa organizada por un grupo de participantes en las protestas en el exterior de la sede del Legislativo. La retirada del proyecto de ley hubiera podido poner fin a las protestas hace tres meses, cuando empezaron para exigir precisamente eso, pero ahora ya no es suficiente. “Era una deuda pendiente desde hace tres meses, pero desde entonces el gobierno y la policía han añadido más deudas. Carecen de ética y de moral”.

La joven y otro portavoz enmascarado, que se identificó como Law, aseguraron que continuarán las protestas: “Solo abandonaremos cuando se hayan cumplido nuestras cinco demandas”. El anuncio, consideraron, “no es una concesión real”, sino “un intento del gobierno (autónomo hongkonés) de ganar tiempo”. Tiempo, opinan, para que el 1 de octubre la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China pueda ocurrir sin incidentes, la principal prioridad de Pekín. Y tiempo “para poder destruir nuestro movimiento”.

En las redes sociales, los manifestantes expresaban opiniones similares. Varios interpretaban la medida de Lam como un intento de crear divisiones entre ellos y conseguir que la opinión pública más moderada retire su apoyo a las protestas. «Cuidado con dejarles dividir nuestras filas. Cuidado con darles excusas para detenernos», escribía un joven que se identificaba como “Acólito del Templo” en Telegram.

Con la desconfianza mutua a niveles máximos entre el gobierno y la Policía, de un lado, y los manifestantes -del otro-, la movida de ficha de Carrie Lam tiene pocas posibilidades de cambiar el rumbo de la peor y cada vez más violenta crisis política en Hong Kong desde su vuelta a la soberanía china en 1997. Los manifestantes mantienen su movilización del próximo sábado, en la que intentarán rodear el aeropuerto, como ya han hecho en varias ocasiones. “Lam no ha dicho que se vaya a reducir la violencia de la Policía. Si ellos no desescalan, nosotros tampoco vamos a hacerlo”, sostuvieron los jóvenes manifestantes. “Actuamos en defensa propia”, sostuvieron.

Desechar por completo el proyecto de ley, suspendido tras la primera semana de movilizaciones ciudadanas, era una de las cinco exigencias que plantean los manifestantes. Hubiera permitido la entrega de sospechosos a países con los que la excolonia británica carece de acuerdos hacía temer que abriera la puerta por primera vez a la extradición a China.

Pero esa exigencia había perdido gradualmente prioridad. El primer puesto en la lista de demandas corresponde ahora a la creación de una comisión independiente que investigue el comportamiento de la Policía, a la que los manifestantes y muchos ciudadanos acusan de un uso cada vez más excesivo de la fuerza.

En su intervención grabada y emitida por televisión, Lam dejó claro que no aceptará ninguna de las otras cuatro demandas. En lugar de una comisión externa, insistió, será otro organismo interno, el Consejo Independiente de Quejas sobre la Policía (IIPC, por sus siglas en inglés), el que examine la respuesta de los agentes, con la ayuda de un «panel de expertos internacionales». Este organismo se verá reforzado con dos nuevos miembros más, anunció la ministra principal.

Tampoco se renunciará a presentar cargos contra los manifestantes detenidos ni se abrirá un proceso de reformas democráticas (eso debe acometerse «en una atmósfera que conduzca al entendimiento y confianza mutuos, y que no polarice aún más la sociedad», sostuvo). No se retractará el calificativo de “disturbios”.

Sí anunció el inicio de estudios independientes que se encargarán de examinar las raíces del malestar social en Hong Kong y propondrán soluciones. También aseguró que su Gobierno mantendrá reuniones con todo tipo de sectores de la sociedad para escuchar sus quejas y actuar sobre sus sugerencias.

«Después de dos meses de tensiones sociales, es evidente para muchos que el descontento va mucho más allá del proyecto de ley. Cubre cuestiones políticas, económicas y sociales», sostuvo la jefa del Gobierno autónomo, que antes de que se emitiera su declaración se había reunido con sus aliados políticos para informarles del paso. «Nuestra principal prioridad ahora mismo es poner fin a la violencia, proteger el Estado de derecho y restablecer el orden y la seguridad de la sociedad», agregaba.

El anuncio de la mandataria llega apenas un día después de que Lam negara haber ofrecido su dimisión al Gobierno central en Pekín, pese a que en una grabación difundida por Reuters se le oía hacer ese comentario a empresarios hongkoneses y asegurar que su margen de maniobra era “muy, muy, muy limitado”. Según declaraba la jefa del Gobierno autónomo en esa conversación, para Pekín se trataba de un asunto de soberanía y seguridad nacional, agravado por su guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos.

El fin de semana pasado tuvieron lugar algunos de los enfrentamientos más enconados entre manifestantes y policía. El número de detenidos ya se encuentra cerca de los 1.200 en las trece semanas de protestas, en las que los incidentes se producen diariamente.

En la China continental, los medios oficiales pasaban inicialmente de puntillas por el anuncio de Lam. Pero en las redes sociales chinas llovían las críticas hacia el gobierno autónomo entre los internautas que iban conociendo la noticia.