Piñera pide perdón y anuncia batería de medidas para contener crisis

El Presidente trabajó ayer hasta último momento las iniciativas con las que busca aplacar el descontento ciudadano que se originó a raíz del alza en la tarifa del Metro. Entre otras cosas, enumeró un aumento de 20% en la pensión básica solidaria, la creación de un “ingreso mínimo garantizado” de $ 350 mil, anular el alza de 9,2% en las tarifas eléctricas, subir el impuesto a las personas que ganan sobre $ 8 millones y reducir las dietas parlamentarias. El plan cuesta 1.200 millones de dólares.

Subían y bajaban durante la tarde de ayer ministros por las escaleras de piedra que están ubicadas en el Patio de Los Naranjos, en La Moneda. El jefe de gabinete, Andrés Chadwick, y sus pares de la Segegob, Cecilia Pérez, y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, iban y venían desde la oficina del Presidente Sebastián Piñera, al igual que el jefe de los asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet.

El Mandatario estuvo afinando hasta último momento los anuncios que preparaba el gobierno para intentar frenar la crisis desatada en los últimos días a raíz del alza en la tarifa del Metro, situación que ha tenido a 15 de las 16 regiones del país con estado de emergencia y noches con toque de queda.

Finalmente, a las 21.30, el Mandatario dio un discurso en el que planteó que “es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hace décadas, pero es verdad, también, que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abusos, que ha significado una expresión genuina, auténtica, de millones y millones de chilenos”. Y agregó: “Reconozco esta falta de visión y les pido perdón a mis compatriotas”.

A continuación, enumeró las medidas incluidas en lo que denominó como “agenda social”. Entre otras cosas, dijo que se aplicará inmediatamente un alza de 20% en la pensión básica solidaria – la reforma previsional que está impulsando el Ejecutivo contemplaba un 10%-, lo que beneficiará a 590 mil personas; y un aumento del aporte previsional solidario de 20%, beneficiando a 945 mil pensionados. Esto, además de un “ingreso mínimo garantizado” de $ 350 mil mensuales para todos los trabajadores con jornada completa. Si bien el sueldo mínimo hoy es de $ 301 mil, el Mandatario explicó que se “complementará” ese monto para llegar a los $ 350 mil y que, además, se aplicará de forma proporcional a los menores de 18 años y a los mayores de 65. Asimismo, el Jefe de Estado sostuvo que “hemos creado” un “mecanismo de estabilización” de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular el aumento de 9,2% y volver a los precios del primer semestre.

Por otra parte, dijo que se enviará un proyecto de ley para volver a fijar un impuesto de 40% a las personas con rentas superiores a $ 8 millones mensuales. Hoy, la tasa máxima es de 35%, pero hasta 2014 era de 40%. Esto -dijo- recaudará US$ 160 millones anuales.

Piñera también mencionó la creación de un seguro que cubra parte del gasto de las personas en medicamentos y propuso la reducción de las dietas de parlamentarios y de los sueldos más altos de la administración pública -dos medidas ampliamente impulsadas por varios sectores políticos-, junto con la reducción del número de legisladores y el límite a su reelección. Estas últimas dos iniciativas, en todo caso, eran parte del programa de gobierno.

Además, el Presidente señaló que se modificará el Fondo Común Municipal, impulsando más aportes de las comunas de mayores ingresos en beneficio de aquellas con menos recursos. Esto, para avanzar hacia una “mayor equidad”.

Los anuncios del Presidente Piñera, sin embargo, recibieron críticas transversales en la oposición. Desde la DC al Frente Amplio advirtieron que no son iniciativas suficientes ante la crisis y las demandas sociales, aunque en los partidos de la ex Concertación (DC, PS, PPD y PR) de todas maneras valoraron algunas propuestas y aseguraron que es un primer paso para iniciar un diálogo que pavimente un nuevo “pacto político y social”. Los cuestionamientos apuntaron, por ejemplo, al hecho de que el Mandatario no hiciera referencia a la posibilidad de desechar la reintegración tributaria y, además, que no abordara -según señalaron- un aumento en las pensiones de la clase media.

El presidente de la DC, Fuad Chahin, dijo que los anuncios iban en la línea correcta, “pero en general es más de lo mismo”. El timonel del PS, Álvaro Elizalde, lo consideró un primer paso, aunque insuficiente. “Es muy triste que anuncios sean luego de 5 días de protestas nacionales y 15 muertos”, agregó.

El senador Jaime Quintana (PPD) afirmó: “Sin duda es un avance. No toca aspectos del modelo, pero después de tanto silencio se comienza a dar señales de que el gobierno aún existe”.

En los días previos, el Mandatario les había solicitado a varios ministros sectoriales que entregaran propuestas para modificar la agenda legislativa, buscando responder a la ciudadanía con medidas de “corte social” y, así, aplacar la crisis. El Jefe de Estado alistó la batería de propuestas, además, junto al ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, y el titular de Hacienda, Felipe Larraín, quien estuvo a cargo -dicen en el gobierno- de ver el gasto fiscal que irrogarían esas iniciativas.

Los detalles finales del anuncio fueron antecedidos por una ronda de reuniones que Piñera sostuvo con varios actores -fundaciones, partidos del oficialismo, poderes del Estado y alcaldes- y que concluyó ayer con una cita en la que participaron, además de los dirigentes de Chile Vamos, los presidentes de tres colectividades de la oposición (PR, DC y PPD). De esa cita se restaron el PS, el PC y el Frente Amplio. En algunos de esos encuentros, el Jefe de Estado reconoció que tenía que ser flexible para llegar a acuerdos y modificar su programa.

En la cita de ayer, en tanto, hubo un diagnóstico compartido y propuestas coincidentes, en particular, en materia previsional, así como también respecto de medidas para rebajar el precio de los medicamentos, pero la centroizquierda planteó la necesidad de impulsar una nueva Constitución y un cambio de gabinete. También solicitaron que se hiciera un informe de derechos humanos y que se desechen dos de las reformas emblemáticas: tributaria y previsional.

En el gobierno reconocían ayer que Piñera ha tenido que lidiar con un dilema: cuánto ceder en sus reformas para salir de la crisis -dicen en el Ejecutivo- sin caer en “populismos” ni generar un déficit fiscal. De hecho, en su discurso de anoche dijo que las medidas se aplicarán con “responsabilidad”, buscando evitar impactos en el crecimiento, en el empleo, los salarios y los equilibrios macroeconómicos.

El ministro de Hacienda dijo que el paquete de medidas tendrá un costo de US$ 1.200 millones para el 2020, explicando que la mitad de ese monto será financiado con deuda pública; alrededor de US$ 440 millones con reasignaciones del gasto fiscal; y el resto con los US$ 160 millones por el nuevo tramo de impuesto a las personas.
Tampoco hubo mención sobre qué la reintegración de la reforma tributaria, medida que tiene un costo anual de US$ 800 millones.

Mesas de trabajo

En medio de los cuestionamientos hacia La Moneda, que apuntan a una “tardía reacción” ante la emergencia, en La Moneda defienden el diseño que ha aplicado el Presidente, apelando a que en la primera etapa de la crisis el objetivo principal era “reponer el orden” y que, ahora, con estas reuniones y el anuncio de medidas se iniciará una fase política con la que apuesta a medidas concretas para terminar con el descontento ciudadano. En ese sentido, Piñera dijo anoche que él ha planteado construir “mesas de trabajo” para ir viendo las distintas iniciativas de esta nueva agenda.