“Mi padre murió antes de que llegaran los resultados de las pruebas de Covid-19”

A finales de marzo, Roberto Samuel Maldonado, de 67 años, comenzó a sentirse mal de la garganta. Un médico particular le recetó antibióticos y volvió a casa. A los pocos días, los síntomas empeoraron: no comía, la fiebre subía de 38 y empezaba a delirar. Su hija decidió llevarlo a un hospital a que le hicieran la prueba de Covid-19. Era jueves 2 de abril y les dijeron que los resultados no llegarían hasta la semana siguiente. Volvieron a casa pero Maldonado seguía empeorando. El viernes entró a urgencias con la capacidad pulmonar al 50%. Le subieron a planta con un cuadro de neumonía atípica y un pronóstico delicado pero estable. A la mañana siguiente no podía respirar. Le entubaron. Esa misma tarde, falleció en el hospital 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova, en el estado norteño de Coahuila.

Causa de la muerte a sábado 4 de abril: neumonía atípica. Causa a martes 7 de abril: covid-19. “Mi padre murió antes de que llegaran los resultados de las pruebas. Si no llegamos a ir antes a hacernos el examen al hospital del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar, la institución que centraliza los tests), el certificado de defunción había quedado como neumonía atípica”, explica por teléfono su hija, Ana Velia Maldonado, que desliza además la irregularidades de un hospital que ha sido uno de los focos de la infección con un brote masivo entre el personal que ha dejado por ahora más de una treintena de casos y tres muertes. “Los propios médicos se están contagiando por culpa de las autoridades”.

Desde Tijuana hasta la capital, las denuncias de casos similares −tanto de familiares de pacientes como de personal médico− se multiplican en México. Por falta de formación, protocolos o recursos, la neumonía, uno los efectos graves que puede desencadenar el virus SARS-Cov-2, acaba siendo considerada la causa de la muerte. Unos problemas que ilustran la precaria respuesta del sistema de salud y los agujeros del sistema oficial de contabilidad.

El llamado método centinela, implementado en 2006, funciona sobre todo por muestras y proyecciones. El sistema está en el centro del huracán de las críticas al Gobierno al salirse de la recomendación de la OMS de basar el conteo en un plan de pruebas masivas. El núcleo de los cuestionamientos se concentra en que al no hacer pruebas en gran cantidad, ni tampoco un muestreo que sea más representativo −el criterio es realizar exámenes sólo al 10% de los pacientes con síntomas leves y a todos los hospitalizados− será difícil saber cómo se comporta esta enfermedad nueva entre la población sin síntomas graves o asintomática.

Ante la presión, el propio subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, convertido en el portavoz del Gobierno ante la crisis, reconoció esta semana que el sistema tiene una alta cifra negra: por cada caso confirmado habría 8 personas contagiadas más. De este modo, aplicando la corrección a la medición, de los 3.844 casos registrados se pasaría a más de 30.000. El Gobierno mexicano insiste desde el inicio de la crisis que lo importante no es el conteo exhaustivo −“los casos son la unidad mínima de información”, ha dicho en más de una ocasión el subsecretario− sino la evolución de la curva que dibujan las estimaciones. México es uno de los países que menos pruebas hace en el mundo por millón de habitantes, solo detrás de India. López-Gatell, en todo coso, ha subrayado también que “para el 100% de los casos graves, y desde luego también los que fallezcan, habrá una prueba para el diagnóstico”

El problema es la velocidad y volumen de pruebas, que no llegan o llegan tarde. Incluso después del fallecimiento del paciente, como en el caso de Monclova. Desde la comisión para dar seguimiento a la crisis en México creada por la UNAM −integrada por un ramillete interdisciplinar de académicos− el biólogo Mauricio Rodríguez Álvarez, apunta que ”esto genera una cifra flotante entre los sospechosos, que con retraso se añadirán al apartado de positivos. Pero es que hay una limitación técnica: no hay reactivos suficientes en el mercado para satisfacer toda la necesidad de pruebas ”. Tras más de un mes rechazando la importancia de las pruebas, el Gobierno mexicano ya ha comenzado a bombear más material a los Estados, que irá ampliando hasta llegar a las 560.000. La presión de gobernadores y de los especialistas en salud, han hecho corregir sobre la marcha el rumbo a la Administración federal.

Denuncias en Ciudad de México y Tijuana

Médicos residentes e internos del Hospital General Regional Número 72 de Tlalnepantla, en las afueras de Ciudad de México, enviaron este viernes una carta al director del IMSS, la red de seguridad social más amplia del país con más de 12 millones de beneficiarios, denunciando las carencias para certificar a una avalancha de pacientes sospechosos de Covid-19 y que estaban siendo diagnosticados con infecciones respiratorias paralelas. ”A pesar de que solicitábamos que se les tomara muestra para confirmar los casos sospechosos, no se tomó en cuenta”, denuncian en la carta los trabajadores del centro, que también sufre un importante brote entre el personal.

En otro centro de la capital, en el Hospital General de la La Raza, también del IMSS, una enfermera contaba el viernes a este diario que “ya nos ha pasado que los resultados de las pruebas lleguen después del fallecimiento del paciente. Y que mientras tanto, el diagnóstico ha sido de neumonía”. Denuncias parecidas han ocurrido esta semana también en Tijuana. El equipo del Hospital General de la ciudad norteña filtró este viernes al semanario ZETA que de 68 pacientes ingresados en los últimos días, únicamente cinco están registrados como Covid-19. El resto, 63, han sido diagnosticados con neumonía atípica a la espera del resultado de unas pruebas que pueden tardar hasta 10 días.

El Gobierno ha reconocido que las cifras de los infecciones respiratorias agudas (IRAs) han crecido durante las últimas semanas más de lo esperado de acuerdo a las medias de los últimos cinco años, los llamados canales endémicos. De hecho, solo durante la semana del 22 al 28 de marzo, últimos datos oficiales disponibles, los casos de IRAs han crecido casi un 25% con respecto a la misma semana del año anterior. “Es normal porque la gente está en una estado de alarma. Antes, ante una rinitis o una faringitis pocos iban al médico. Ahora todo el mundo va por el miedo a que sea coronavirus y eso hace que suban los registros”, opina el biólogo de la UNAM.

Sobre las especulaciones a cerca de un supuesto interés de las autoridades sanitarias por esconder los casos de Covid-19, el académico considera que se trata más bien de la consecuencia de una sistema fragmentando y mal capacitado. “Los problemas en los reportes son una constante en la crisis epidemiológicas, porque la mayoría del personal no conoce los procedimientos. Es una cuestión logística y lo importante es que las instrucciones de López-Gatell lleguen hasta el último ambulatorio local. Pero al aterrizar esas instrucciones a nivel operativo en un sistema tan caótico, diferenciando en tanto escalones e instituciones, todo se vuelve muy complejo”. Los 125 millones de mexicanos viven bajo un paraguas de salud pública con nueve diferentes cabezas. Un sistema que ha sido criticado por ineficiente por numerosos organismos internacionales. Es uno de los peores financiados de la OCDE y con ratio más bajos de cama por cada 100.000 habitantes.