Consejo Superior de la Democracia Cristiana: Comunicado # 5

COMUNICADO # 5.

El CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA, toma en consideración que la Seguridad Alimentaria de la Población se encuentra gravemente comprometida en sus tres componentes esenciales: disponibilidad, acceso y aprovechamiento biológico.

Los principales gremios de productores nacionales han denunciado reiteradamente la dramática caída de la producción nacional de alimentos hasta un 80%. La desaparición del suministro de combustibles hace que esa escasa oferta se reduzca aún más, por la imposibilidad de transportarla a los centros de consumo.

Las hortalizas de los Andes y de Lara se quedan en los campos de cultivo. De igual manera sucede con la cosecha de frijoles en Portuguesa y Barinas, abandonadas en parcelas o almacenadas precariamente en unidades de producción, y con la carne vacuna de Apure, Guárico, Barinas, Monagas y Zulia, que no ha podido ser arrimada a las salas de matanza y a los mataderos industriales. Otro tanto acontece con los quesos blancos, con los plátanos del sur del Lago y con la producción de pollos y huevos de Aragua y Carabobo.

En el caso de la pesca, la situación es igualmente grave. Hoy toda su cadena productiva está mortalmente lesionada, porque se intervinieron puertos pesqueros, frigoríficos y varaderos, así como los diques secos de Sucre, Anzoátegui y Falcón, las plantas procesadoras de camarón silvestre en Paraguaná y de sardina y atún en Sucre y Anzoátegui. Asimismo el puerto pesquero y lonja de contratación de pescado de Cumaná, que fue soporte de la actividad atunera, hoy está casi totalmente paralizado, ya que carece de la operatividad para las flotas y para su industria debido a las deficiencias de electricidad y combustible. Igual suerte corre la pesca artesanal por la inexistencia de los combustibles y lubricantes esenciales para unidades que funcionan con mezclas de aceite y gasolina. En conclusión, también los circuitos agroalimentarios de la pesca y la acuicultura se encuentran camino al colapso.

A partir del gobierno de Chávez se inició una política de destrucción de la flota atunera venezolana, que había sido impulsada y organizada exitosamente desde la administración del presidente Luis Herrera Campíns y que, consensuada con los empresarios privados, contó con los sanos criterios de continuidad administrativa de los presidentes que le sucedieron. Nuestro país llegó a conformar la tercera de las grandes flotas atuneras que operaban en el Océano Pacífico, pero intentaron sustituir aquella iniciativa por una empresa cubano-venezolana llamada PESCALBA, creada en mayo de 2008, que ha naufragado en el mundo de la corrupción y la ineficiencia.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (noviembre de 2001), la Ley de Pesca (mayo de 2003) y la Ley de Seguridad Agroalimentaria (julio de 2008), todas ellas inspiradas en el modelo comunista cubano, han sido el marco jurídico mediante el cual se consolidó el monopolio estatal sobre la tierra y la agroindustria, conduciéndonos a la catástrofe agroalimentaria que hoy vivimos. Paradójicamente, en un país acosado por la baja producción de alimentos, nos enfrentamos a la insólita realidad de perder los escasos productos que podrían servir de alivio al hambre general y, para completar el desastre, nos encontramos con la imposibilidad de suplir la comida faltante con alimentos importados, por la insuficiente cantidad de divisas.

El descalabro que ha sufrido PDVSA, hoy arruinada financieramente y destruida en su capacidad operativa y de refinación, imputable a la corrupción e ineptitud de sus administradores, ha traído la escasez de gasolina, que incide directamente en la crisis agroalimentaria al dificultar el acceso de los productos a los mercados. Adicionalmente, el grueso de la población ha visto menguar su capacidad para acceder a los alimentos, tanto por la incapacidad de generar nuevos ingresos, como por el indetenible proceso hiperinflacionario.

A esta deplorable situación se unen las inexistentes condiciones de salubridad en miles de hogares que no disponen adecuada y regularmente de los servicios esenciales de agua, luz y gas doméstico, y a los que llega cada vez con menos frecuencia la denominada “caja CLAP”, y cuando lo hace contiene alimentos sin controles sanitarios, en muchos casos en mal estado y de mala calidad.

Ante una calamidad que va avanzando en forma apresurada, paralela a la crisis provocada por el virus Covid-19, manifestamos nuestra preocupación por el estado de conmoción general, anarquía y caos que puede llegar a producirse en el país. Para enfrentarlo es indispensable un esfuerzo coordinado con todas las organizaciones sociales, religiosas, empresariales y productivas del país, y lograr el apoyo contundente e irrestricto de la comunidad internacional. 

Estamos convencidos de que mientras Nicolás Maduro continue en el poder no será posible abrir un camino de solución a esta gravísima crisis, nunca antes vivida en nuestra historia. Él es hoy el primer obstáculo a superar para resolverla.

Caracas, 24 de Abril de 2020.