Un 74% de las familias cubanas considera que su alimentación es «deficiente»

El pasado viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, ha hecho público su II informe sobre la situación de los Derechos Sociales en Cuba. Realizado durante los dos primeros meses de 2020, cuando el Covid-19 no había llegado todavía a la isla, sus resultados no reflejan las consecuencias de la pandemia, pero sí recoge cómo la situación de la población sigue empeorando en los aspectos más básicos de su vida cotidiana.

«La situación social cubana se deteriora con el paso de los meses, no solamente por factores coyunturales, sino también por las múltiples crisis acumuladas del propio sistema y el inmovilismo del gobierno», explica a ABC Yaxys Cires, director de estrategia del OCDH. «Un ejemplo preocupante es que el 66% de los hogares cubanos perciben menos de 2.500 pesos cubanos (90 euros) al mes, y la mitad de éstos, menos de 35 euros al mes. Los miembros de estos hogares viven por debajo de los índices internacionales de pobreza extrema», señala.

«La situación social cubana se deteriora con el paso de los meses, no solamente por factores coyunturales, sino también por las múltiples crisis acumuladas del propio sistema y el inmovilismo del gobierno», afirma Cires

El informe analiza aspectos como el empleo, el sistema sanitario, la alimentación, el acceso a luz y agua, la educación, la vivienda o la situación de la población más vulnerable, los ancianos. Los datos del estudio son el resultado de 1.201 entrevistas, realizadas a la población residente en la isla, de manera presencial, en 11 de las 16 provincias del país.

Trabajo por cuenta propia

En lo referente al empleo, si bien el paro se sitúa en un 8%, tan solo un 31% tiene un trabajo a tiempo completo. De aquellos que están ocupados, el 45% trabaja para el Estado, un porcentaje que no varía respecta al informe anterior, pero sí lo hace el de aquellos que trabajan por cuenta propia, que pasa del 35 al 45%. «Esta mejoría se debió en su momento, entre otras razones, por las dificultades que representan vivir con los bajos salarios del sector público -argumenta Cires-. Según cifras oficiales el salario mínimo en Cuba equivale a 14 euros mensuales, pero el salario medio no es que sea muy distinto».

Sin embargo, se espera que la llegada del Covid-19 impacte de manera muy negativa en este tipo de trabajos. «Actualmente hay una gran preocupación por el futuro del sector no estatal. Según cifras oficiales, más de doscientos mil trabajadores por cuenta propia habían pedido la suspensión temporal de su licencia en abril, sin embargo, hay economistas que adelantan que muchos no van a poder reactivar sus labores», señala.

La contribución de las remesas

Una novedad del informe es la inclusión de una pregunta sobre el impacto en los hogares cubanos de las remesas que les mandan sus familiares desde el extranjero. Según el estudio, una cuarta parte de los hogares recibe este tipo de ingresos, sobre los que ha puesto el foco el Gobierno de EE.UU., que ya limitó la cantidad de dinero que se podía envíar -un máximo de 1.000 dólares al trimestre- el pasado mes de septiembre. Algo que ha influido en los hogares cubanos. «Obviamente, cualquier limitación afecta», reconoce Cires. Pero también señala los obstáculos que el régimen pone a los cubanos para llegar a fin de mes: «El Gobierno cubano vende en las tiendas por dólares productos (incluidos algunos de primera necesidad) a precios superiores al de esos productos en España. Dado estos precios, los bajos salarios, y el hecho de que para más del 60% de los cubanos los alimentos que se consiguen con la «libreta de racionamiento» no cubren ni la mitad del mes, no es difícil percatarse del origen de la principal limitación de los cubanos».

«Muchas familias llegan a fin de mes gracias a las remesas familiares. Esta ayuda es una expresión clara de solidaridad por encima de la división familiar fomentada durante décadas por el régimen»

Como consecuencia de esto, las remesas que llegan del exterior se han convertido durante años en el ingreso que mantiene a flote la economía de algunos hogares. «Muchas familias llegan a fin de mes gracias a las remesas familiares y así lo demuestran los datos de nuestro estudio. Esta ayuda es una expresión clara de solidaridad por encima de la división familiar fomentada durante décadas por el régimen», subraya.

Este viernes el Gobierno de EE.UU. tenía previsto dar a conocer las regulaciones de las últimas sanciones aprobadas contra Cuba, que incluyen a la entidad Fincimex, que funciona como intermediaria de las remesas que llegan a la isla. Sin embargo, la compañía Fincimex no apareció ayer en la lista, aunque EE.UU. aseguró que lo hará en los «próximos días».

Arroz, legumbres y pan

A pesar de estas ayudas, la alimentación sigue siendo uno de los aspectos más frágiles de los derechos de la población cubana. Según el estudio, tres cuartas partes de la población (74%) califican su alimentación familiar como deficiente. Y el 35% de la población puede disfrutar de una o dos comidas al día. Entre los alimentos de más difícil acceso se encuentra la carne de res, el pescado y la fruta. La dieta habitual de los cubanos está basada en arroz, legumbres y pan.

Luz y agua

Lo que no ha mejorado nada en la vida de los cubanos son aspectos tan básicos como el suministro de luz y agua: solo el 21% de las viviendas reciben agua sin interrupciones, ytodavía hay, a día de hoy, un 9% los hogares no reciben agua potable. En cuanto al suministro eléctrico, en los tres meses anteriores al estudio, alrededor del 20% de la población no ha sufrido cortes, frente a más de un 70% de la población ha sufrido cortes, ya sean de tipo recurrente (8%) o más espaciados (65%). «Las interrupciones, a veces prolongadas, de los servicios de agua y electricidad son parte de la vida diaria de los cubanos desde hace varias décadas. Estamos hablando de unas infraestructuras deterioradas en las que el estado no invierte porque no le interesa», asegura Cires.

Vivienda, un problema «grave y urgente»

Entre los datos más preocupantes del informe es la situación de la vivienda, que Cires califica como un «problema grave y urgente». Según el estudio, más de la mitad de las viviendas (51%) necesitan ser reparadas o rehabilitadas. De ellas, más de 200.000 están en peligro de derrumbe. «Incluso en Ciudad Habana, donde el Gobierno cuida más su imagen, son frecuentes las imágenes de derrumbe con víctimas fatales». Denunciar esta situación, «llevó a un prisionero de conciencia de nombre Silverio Portal, a ser encarcelado desde 2018 por criticar la desidia del Gobierno ante la situación de la vivienda en La Habana», recuerda el director estratégico del OCDH. Portal llevó adelante su denuncia a través de su proyecto cívico «No más muertes en Cuba por derrumbes». «Las propias autoridades han reconocido que todavía se cuentan por miles los inmuebles afectados por huracanes de años anteriores y que todavía no ha ayudado a reparar».

Sistema sanitario, fuera pero no dentro

Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la mala percepción que tiene la población cubana de su sistema sanitario. Para más del 50%, el«abastecimiento de material médico e insumos hospitalarios es malo o muy malo», y para el 29% es regular. El 60% califica entre regular y muy mal el «estado de las instalaciones hospitalarias». Un sistema del que tanto presume el Gobierno cubano. «Todo ello contrasta -asegura Cires- con la exportación de servicios médicos, negocio que es objeto de preocupación de funcionarios de la Organización de Naciones Unidas y a la vez un instrumento de propaganda internacional. “Claridad de la calle y oscuridad de la casa”, dicen los mayores».

El Covid-19 y su impacto

Aunque el Covid-19 no había irrumpido en Cuba cuando se realizó este estudio, le preguntamos a Cires sobre cómo se ha gestionado la pandemia desde el Gobierno, que ha ofrecido unas cifras de número de contagios y fallecidos relativamente bajas (este viernes eran de 2.233 y 84, respectivamente). ¿Son reales estas cifras? «Aunque el estudio se realizó antes de la llegada de la pandemia del Covid-19 a Cuba, se preguntó [a los encuestados para el estudio] sobre las “políticas públicas de prevención de enfermedades y epidemias”. Más de la mitad (53,6%) considera que las actuaciones estatales en ese sentido estaban entre regular (39.1%) y mala-muy mala (14.5%)», refiere el director estratégico de OCDH, que añade. «Realmente es muy difícil asegurar que no son reales las cifras oficiales, precisamente por la ausencia de instituciones que puedan contrastarlas. Hay quienes las cuestionan estableciendo paralelismos con otros países, pero es algo arriesgado», puntualiza.

«Realmente es muy difícil asegurar que no son reales las cifras oficiales, precisamente por la ausencia de instituciones que puedan contrastarlas. Hay quienes las cuestionan estableciendo paralelismos con otros países, pero es algo arriesgado»

En cuanto si ve a Cuba preparada para la desescalada y la reapertura del país al turismo extranjero -una importante fuente de ingresos-, como ha anunciado el Gobierno, cree que «si en países que vienen de una situaciones económica y financiera más estables, hay gran preocupación por las consecuencias de la pandemia, ya nos podemos imaginar como debe estar Cuba. La situación es grave».

Las consecuencias de la pandemia afectarán a muchos sectores de la población y prácticamente en todo el mundo, con un impacto peor en países con una economía frágil. En el caso de Cuba, ¿el impacto del Covid-19 incrementará aún más la pobreza del país? «Vamos en esa dirección si el Gobierno no realiza las reformas profundas y urgentes que el país necesita -afirma Cires-. Ya Cuba venía de una situación de escasez de productos de primera necesidad, debido a la falta de liquidez estatal. De hecho entramos en 2020 bajo la sombra de otro “Periodo Especial”. Uno de los sectores más afectados es la alimentación. Según nuestro estudio, el 74 % califica su alimentación familiar como deficiente. El país está atravesando una profunda crisis económica y financiera, de ahí que el viceprimer ministro Ricardo Cabrisas haya pedido recientemente a los acreedores del Club de París suspender el pago de su deuda hasta 2022. Eso ha obligado al Gobierno a anunciar una reducción importante del gasto público. Probablemente esa medida afecte todavía más a los precarios servicios públicos, lo cual empeorará las condiciones de vida, especialmente de los sectores más vulnerables».