Carmelo Mesa-Lago: Cuba: crisis económica, sus causas, el COVID-19 y las políticas de rescate

Tema¹

¿Cuál es el estado de la economía cubana en tiempos del COVID-19 y qué políticas de recuperación se prevén?

Resumen

Este documento se divide en cuatro partes: (1) un análisis de la crisis económica en Cuba, con indicadores macroeconómicos internos y externos; (2) una examen de las cuatro causas de la crisis, una interna y tres externas (persistencia de la planificación central, recorte en la ayuda económica venezolana, sanciones de Trump y COVID-19); (3) una descripción de la evolución y efectos en la salud de la pandemia; y (4) una revisión de las potenciales opciones para afrontar el COVID-19 y salir de la crisis económica, así como recomendaciones de organismos regionales para hacer frente a la recesión en América Latina y su potencial aplicabilidad en Cuba.

Análisis

1. La crisis actual

Cuba sufre la peor crisis económica desde la ocurrida en los años 90 tras el colapso de la URSS (el “Período Especial”). Antes del COVID-19 las autoridades insistían que la crisis era “coyuntural”, pero obviamente era estructural. En 2016-2019 el promedio anual de crecimiento del producto interior bruto (PIB) fue del 1,2%, un virtual estancamiento. El PIB mermó desde el 12% en 2006, cuando Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel, al 0,5% en 2019 y se proyecta por la CEPAL en un -3,7% en 2020, frente a una meta oficial de crecimiento del 1%. El promedio anual de crecimiento en 2006-2020, agregando la cifra negativa de CEPAL para 2020, se reduce al 0,3% (Figura 1).

La economía cubana es muy “abierta”, o sea, muy dependiente del sector externo (comercio, turismo y deuda). Entre 2011 y 2018 el valor de las exportaciones de bienes menguó un 60% y era también un 60% inferior al valor de 1985, antes de la gran crisis; las importaciones decrecieron un 18%; y el déficit en la balanza de bienes aumentó un 13%, o un 50% comparado con 2010 y un 347% con 1985 (ONEI, 2019). En 2020 Cuba suspendió el segundo pago de su deuda renegociada con el Club de París por 30 millones de euros.

2. Las cuatro causas de la crisis

Cuatro son las causas de la crisis actual, una interna y tres externas. La primera es el continuo predominio de la planificación central y las grandes empresas estatales sobre el mercado y el sector no estatal, un modelo que ha fracasado en todo el mundo, incluyendo Cuba. Las reformas estructurales de Raúl Castro en 2007-2017 estaban bien orientadas hacia el mercado, pero fueron muy lentas, con muchos obstáculos, desincentivos e impuestos y virtualmente se paralizaron en 2016. Por ello no tuvieron éxito en mejorar la economía. El presidente Miguel Díaz-Canel y la nueva Constitución han proclamado el “continuismo”, indicando que no se profundizarán los cambios necesarios para una reactivación económica. Las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular y por el presidente frente a la situación actual han sido criticadas por la mayoría de los economistas cubanos como insuficientes, vagas y tímidas frente a la magnitud de la crisis (Mesa-Lago et al., 2020).

Los tres factores externos son la crisis económica venezolana y el consiguiente recorte de sus sustanciales relaciones económicas con Cuba, las sanciones punitivas impuestas por Donald Trump, que han reforzado el embargo de EEUU, y la pandemia del COVID-19.

La relación económica Venezuela-Cuba comprende tres componentes: la compra de servicios profesionales (el primer ingreso en divisas en Cuba), el suministro de petróleo con términos favorables (que cubre el 50% de las necesidades cubanas) y la inversión directa. Dicha relación alcanzó su cúspide en 2012-2013 con 14.600 millones de euros y disminuyó a la mitad en 2018. En relación al PIB, se contrajo del 22% al 8%. Dicho descenso continuó en 2019. Los tres componentes se redujeron : la exportación de profesionales un 24%, el envío de petróleo un 70% (de 104.000 a 40.000 barriles diarios) y la inversión de 7.300 millones de euros se esfumó.

Las sanciones punitivas de Trump han paralizado la inversión extranjera, reducido el turismo –que es la segunda fuente de divisas de la isla (los turistas estadounidenses bajaron un 22% en 2019 y un 70% en enero de 2020 por el cierre de los cruceros y de los vuelos de EEUU a las provincias)–, endurecieron las multas –11.000 millones de euros– a los pocos bancos internacionales que hacen transacciones con Cuba (dificultando aún más la obtención de crédito externo), entorpecieron el suministro por buques petroleros y posiblemente redujeron las remesas externas (la segunda fuente de divisas). Debido a la caída de turismo y la crisis económica, muchas microempresas privadas han tenido que cerrar por falta de insumos, clientes e ingresos.

Debido al COVID-19, Cuba cerró por completo el turismo y la caída de este ingreso se estima en 1.800 millones de euros; además, un descenso de 917 millones de euros en las remesas de cubano-americanos, debido al incremento del desempleo a 38 millones en EEUU, un descenso del PIB de un 11% en el primer trimestre, así como el cese del envío de remesas por personas que viajan (Morales, 2020; Vidal, 2020). Ambas pérdidas combinadas equivalen al 5% del PIB de 2019; en vista a este cálculo, la proyección de la CEPAL de -3,7% en 2020 parece ser optimista.

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) el volumen del comercio mundial menguará entre el 13% y el 32% en 2020, lo cual afectará duramente a Cuba. Ya se han descrito las caídas en las exportaciones e importaciones, el gobierno ha anunciado otro descenso de las segundas en 2020, y las exportaciones mermarán también por declives en la producción de níquel y azúcar (ambas agravadas por descensos en su precio mundial por la recesión global), así como de puros (una reducción de entre el 15% y el 20%) y de productos farmacéuticos (cuya producción ya estaba cayendo desde 2016).

Existe creciente preocupación de que la crisis conduzca a un segundo “Período Especial”. Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han señalado varios factores favorables a fines de 2019 que indicaban que la magnitud de la crisis actual sería menor a la de los años 90. Sin embargo, las crecientes sanciones de Trump² y el COVID-19 están esfumando esas diferencias favorables. El ministro de Comercio Exterior e Inversión, Rodrigo Malmierca, anunció a fines de abril que podrían tomarse medidas “similares a las del Período Especial”, aunque repitió el argumento de que las condiciones ahora son mejores, ignorando el agravamiento de la crisis por el COVID-19.

Hay tres factores favorables. Primero, Cuba está exportando servicios de salud a unos 14 países extranjeros³ afectados por la pandemia y el gobierno se ha ofrecido a otros Estados. Pero los médicos que antes prestaban servicios en el extranjero se han reducido en Venezuela y eliminado en Brasil (8.000), Ecuador, Bolivia y algunos países africanos. Aunque no hay estadísticas exactas, es posible que los nuevos envíos compensen las caídas. Segundo, Cuba está exportando interferón, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que esa droga no es efectiva para tratar el COVID-19; además, se ha descubierto que puede hacer más dañino el coronavirus. Tercero, la caída del precio del petróleo (12.80 euros el barril en su punto inferior en abril) favorece a Cuba, que importa alrededor de la mitad de sus necesidades, pero el precio se había duplicado a mediados de mayo; en todo caso, es esencial que Venezuela, cuyo PIB caerá un 18% en 2020, siga enviando petróleo a cambio de servicios médicos.

3. El COVID-19: políticas y efectos

El gobierno de Cuba no reaccionó de inmediato al COVID-19, de hecho, se publicitó a la isla como un destino seguro para los turistas. El 30 de enero de 2020 la OMS declaró una emergencia global por la pandemia, pero Cuba no cambió su política, que se mantuvo incluso después que la OMS declarara el 11 de marzo (ese día se reportaron cuatro contagios en la isla) la alarma internacional. Sólo cuando se confirmaron 21 casos positivos (el 20 de marzo), la mayoría importados por turistas de Italia y España, se tomaron las primeras acciones. El gobierno tildó de “alarmistas” a las redes sociales y multó o arrestó a ciudadanos que publicaron cifras alternativas a las oficiales o informaron de contagios. Esa conducta contribuyó a la expansión inicial del virus. Por otra parte, la centralización político-económica y la existencia de un sistema nacional de salud unificado (aunque deteriorado) ayudaron a tomar e implantar medidas.

Una vez confirmada la peligrosidad del COVID-19, el gobierno promulgó numerosas y estrictas medidas, aunque de forma gradual. Primero, la toma de temperatura a los viajeros que arribaban a aeropuertos y su cuarentena por 14 días en hoteles y edificios públicos (si mostraban síntomas eran ingresados en hospitales). También 28.000 estudiantes de medicina recorrieron los barrios para detectar enfermos. Segundo, el cierre de la entrada y salida del país por vías aérea y marítima (los turistas que ya estaban en la isla fueron confinados). Luego se anunció que los aeropuertos reabrirán el 30 de junio. La clausura de todas las escuelas y universidades se ordenó el 23 de marzo, dos días después de informarse que los casos positivos habían aumentado a 40 (Serrano, 2020). También se cerraron los acontecimientos deportivos y culturales, los clubs y cabarets, pero los restaurantes permanecieron abiertos y sólo más tarde se limitaron al servicio de envío de comidas; igualmente quedaron abiertas las tiendas. Se cerró el transporte interprovincial por autobuses y trenes, pero se mantuvo funcionando el transporte local hasta mediados de abril. Lo último fue el consejo a la población de no salir de sus casas o hacerlo con mascarillas. Se reforzó el control policial para imponer las medidas y sancionar su infracción.

Hay un fuerte debate sobre el número reportado de casos y muertes. El Ministerio de Salud ha dado cifras relativamente bajas respecto a otros países (MINSAP, 2020), pero algunos expertos (como demógrafos y sanitarios) dicen que hay casos y muertes que no se reportan como COVID-19 sino como causadas por pulmonía o problemas de corazón. Por ejemplo, en un período de dos meses se observó un incremento notable en el número de casos y defunciones por enfermedades respiratorias agudas, superiores tanto a los identificados como COVID-19 como respecto a las tendencias anteriores en dichas enfermedades.

La pandemia está teniendo repercusiones adversas en el sistema de salud, que ya tenía severos problemas: el número de hospitales, policlínicos y sus camas han mermado y se han cerrado hospitales y puestos rurales y urbanos. También hay escasez de medicamentos, y la higiene se ha deteriorado por falta de jabón, detergente y agua (500.000 habitantes en La Habana carecían de ella en marzo). Hay fuertes restricciones financieras para importar medicinas, mascarillas y ventiladores; los últimos son muy escasos. Sin embargo, las pruebas diagnósticas, muy pocas al comienzo, crecieron a 500 diarias por un envío por China de 100.000 test y 10.000 trajes protectores. No hay datos sobre las unidades de cuidados intensivos. El MINSAP ha informado que se está dando tratamiento homeopático para levantar las defensas frente al virus, aunque reconoce que no impide el contagio. Ahora bien, el Instituto Nacional de Salud de EEUU declara que hay poca evidencia de que la homeopatía sea efectiva para tratar cualquier enfermedad; y un médico cubano dijo a Venceremos que era irresponsable usarla como medida preventiva.

Las colas para comprar los escasos alimentos disponibles se hacen sin guardar distancias (un metro y medio) y son fuentes de contagio. El gobierno ha exhortado a la población a evitar aglomeraciones, prometiendo entregar alimentos racionados a los que se queden en casa, pero el abastecimiento de alimentos se ha agravado por el recorte en las importaciones, a su vez incrementada por la desaparición de los ingresos del turismo. Díaz-Canel anunció que habrá aún menos importación y se predijo que en mayo la situación empeoraría porque la producción agrícola declinaría por una reducción de fertilizantes, pesticidas y combustible importados. Otra fuente de contagio es el hacinamiento en las viviendas y hasta hace poco el transporte público atiborrado de pasajeros, a pesar de las medidas oficiales para limitar su número.

Los adultos mayores son los más afectados: (a) el 20% de la población tiene 60 años o más y corre mayor riesgo de muerte si contrae la infección, peor aún si sufren enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardiacos o enfermedades pulmonares obstructivas (el 81% padece al menos una); (b) el 40% de los hogares tiene un adulto mayor, y además hay un alto porcentaje de hogares unipersonales compuestos por adultos mayores y para los infectados se hace difícil su alimentación, suministro de medicamentos y atención médica; (c) los hogares de ancianos están expuestos a mayor contagio y fallecimientos múltiples, y el 68% de quienes proporcionan cuidados a los mayores tiene más de 50 años; y (d) del total de muertes, el 85% tiene 60 años o más (ONEI-CEPDE, 2019).

El gobierno ha adoptado varias medidas sociales para paliar los efectos de COVID-19: (a) la venta de paquetes con alimentos y productos de aseo para el personal sanitario a un precio de entre 23 y 27 euros, que equivalen a casi un mes de salario medio en el sector estatal (no se sabe si será una sola vez o periódico); (b) la venta de un paquete similar a un precio entre 15,58 y 44,50 euros a personas de 65 o más años; (c) una moratoria en el pago de la licencia a los trabajadores por cuenta propia que han tenido que cerrar sus microempresas; (d) el retraso del pago de servicios básicos de electricidad a personas con enfermedades crónicas y hogares de ancianos sin ingresos suficientes; (e) la asistencia a 70.000 ancianos que viven solos por trabajadores sociales que les compran y llevan alimentos y cobran sus pensiones; y (f) la entrega de máscaras gratis en asilos de ancianos.

El gran interrogante es cuándo terminará la pandemia para poder reabrir la economía. Existe el temor generalizado de que una apertura prematura genere una segunda ola y una recesión peor.

4. Alternativas para afrontar la crisis y su aplicabilidad en Cuba

¿Cuáles son las alternativas que tiene Cuba para afrontar la crisis, especialmente aquellas políticas económico-sociales recién propuestas a América Latina por la CEPAL (2020) y el BID (2020) y las posibilidades de aplicarlas en Cuba? Según la CEPAL, la pandemia provocará la mayor contracción económica en la historia de América Latina, peor que la gran recesión de 2008. Ambos organismos apuntan a que la situación económica regional al comienzo de la pandemia era más débil que en la crisis de 2008, lo cual es aplicable a Cuba (véase el apartado 1).

4.1. Ayuda de organismos financieros internacionales

Los países latinoamericanos están recurriendo a la ayuda financiera internacional, que debe priorizar a los países más pobres y con escaso acceso al crédito externo. Cuba no tiene esa opción porque no es miembro del Banco Mundial, ni del FMI ni del BID. No hay probabilidad real de que Cuba sea invitada a incorporarse a dichos organismos internacionales debido a que la Ley Helms-Burton (embargo o bloqueo) lo impide a menos que haya un cambio de régimen, un obstáculo endurecido por la Administración Trump.

Una excepción es CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. En 2016 firmó un proyecto de colaboración con Cuba, cuando el presidente Obama impulsaba la normalización de relaciones y había siete países de los 14 miembros de CAF con gobiernos de izquierda, que favorecían y estaban dispuestos a ayudar financieramente a Cuba (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela). Hoy, salvo Venezuela, que sufre la crisis peor de su historia, los otros seis se han movido hacia la derecha, lo cual dificulta la ayuda a Cuba. Con motivo del COVID-19, CAF está otorgando préstamos a varios países de la región, pero ninguno a Cuba. Una de las áreas prioritarias del CAF es el apoyo a las pymes, que sería beneficioso para los trabajadores por cuenta propia cubanos, pero es dudoso que el gobierno lo autorice.

4.2. Ayuda bilateral de países desarrollados

Las probabilidades de que en medio de la recesión global Rusia o China reemplacen a Venezuela u otorguen préstamos billonarios a Cuba es casi nula. El PIB de Rusia se proyecta entre el -4% y el -6% en 2020 y, además, la curva de infectados está creciendo (es ahora el tercer país con mayor incidencia, detrás de EEUU y Brasil). Aunque China sufrió un descenso del 7% del PIB en el primer trimestre, se estima que en 2020 crecerá un 1,2%. Pese a ello, ha ofrecido 1.800 millones de euros en ayuda a países en desarrollo, aunque por ahora se ha resistido a condonar deuda. China no ha ayudado a Cuba en la cuantía que a otros países de la región. Ha impuesto duras condiciones para los préstamos, como altos intereses que Cuba no podría pagar y garantía colateral en caso de default. La isla carece de activos para garantizar un préstamo sustancial: su industria se ha descapitalizado,⁴ en particular la industria azucarera cuya producción es un 82% inferior a la de 1989; la industria del níquel se recuperó parcialmente con la inversión de Sherritt International, que tiene el 49% de las acciones, pero su producción ha declinado en los últimos años y China sólo podría ejecutar la mitad de los activos que pertenecen al gobierno; la industria del turismo está basada en la inversión extranjera (principalmente de España y consorcios internacionales como Kenpinski) y China debería negociar con ellos; el mayor activo es el puerto de Mariel, cuya inversión de 734 millones de euros es clave para cualquier desarrollo económico futuro; y, además, China ha reducido su volumen de comercio con Cuba en un 23% en el período 2015-2018 (ONEI, 2019).

Respecto a la ayuda de otros países desarrollados, existe un severo obstáculo: el impago de Cuba en 2019 de 30 millones de euros de la deuda reestructurada con el Club de París y con probables impagos en 2020, así como la presunta imposición de un 9% de interés sobre lo no pagado. Esto hace dudoso que los miembros del Club, que también sufren la recesión, hagan nuevos préstamos o condonen dichos pagos. La mejor aspiración de La Habana sería que el Club no decrete el default y le condone el interés del 9%.

Por último, el candidato demócrata a la presidencia de EEUU, Joseph Biden, ha dicho que si es elegido retornaría a la política de normalización de Obama, que ayudó a Cuba especialmente con el salto en el turismo. Si Biden triunfase no tomaría posesión hasta enero y su política tomaría tiempo para diseñarse e implementarse (dependiendo de si los demócratas controlan el Senado). En un escenario óptimo, Cuba tendría que esperar un año para beneficiarse de una nueva relación con EEUU.

4.3. Paquetes de rescate financiados por los gobiernos

La mayoría de los países en América Latina han implementado paquetes de rescate interno para reactivar sus economías o, al menos, evitar la profundización de la recesión. Debido a la crisis, Cuba carece de recursos para financiar un paquete sustancial. Una fuerte emisión monetaria combinada con la escasez de bienes provocaría una potente inflación que desestabilizaría aún más las finanzas y dispararía los precios, ya altos, frente a salarios y pensiones, devaluados sin recuperar el nivel de 1989, incluso con los incrementos de 2019. Una emisión de deuda a corto plazo por el Banco Central para financiar dicho paquete es también difícil, porque la deuda ya es muy alta. Podrían emitirse bonos a largo plazo, pero su rescate en pesos está limitado porque la moneda cubana no es convertible (el CUC⁵ no se cambia en los mercados internacionales), siendo poco lo que pueden hacer las empresas con este financiamiento.

4.4. Recomendaciones de organismos financieros regionales

Los organismos financieros regionales han propuesto medidas económicas y sociales, incluidas las siguientes:

• Apertura de líneas de crédito blando: hasta ahora no se ha anunciado en Cuba y es difícil porque los recursos son escasos.

• Desgravación fiscal: Cuba no ha suspendido el pago de impuestos especialmente para el sector no estatal, pero sí el pago de licencias a trabajadores por cuenta propia que han cerrado sus negocios.

• Suspensión del pago de tarifas de electricidad, gas y agua: esta medida se ha circunscrito a grupos vulnerables como los que tienen enfermedades crónicas y los asilos de ancianos.

• Emisión de préstamos subsidiados o créditos para ayudar a las empresas a mantener empleo: tampoco se han anunciado.

• Mecanismos de liquidez para las pymes: se han anunciado algunas medidas para los cuentapropistas, pero no se han concretado.

• Devaluación de la moneda: el CUC se ha devaluado en el mercado negro en el último año; en 2019 Cuba reintrodujo parcialmente el dólar estadounidense para la compra de bienes (como motos, electrodomésticos, etc.) en ciertas tiendas estatales. El gobierno ha dicho que no extenderá su uso a otros sectores, pero en la crisis de los 90 Fidel Castro introdujo el dólar como moneda de curso legal. Sin embargo, recientemente Díaz-Canel se contradijo y extendió el uso del dólar a todas las tiendas en divisas. Es probable que eventualmente termine convirtiendo al dólar en moneda de curso legal.

• Reducción de la tasa de interés por los bancos centrales: esta política monetaria no es importante para Cuba.

• Solicitud de financiación a los organismos financieros internacionales: ya ha sido examinada.

• Condonación y alivio de la deuda por los acreedores: también analizada.

En lo que respecta a las medidas sociales:

• BID y CEPAL recomiendan ayudas para los desocupados, incluyendo un seguro de desempleo o su extensión. Este último no existe en Cuba, pero los trabajadores estatales a quienes se les cierra la empresa reciben un 60% de su salario hasta que se les encuentre empleo, que deben de aceptar o perder el subsidio; también se paga el salario a trabajadores con severos problemas de salud. Durante la crisis de los 90 aumentó el desempleo visible con un pico del 7,9% de la fuerza laboral en 1995. Además, había un desempleo “invisible” u oculto (mano de obra innecesaria en el sector estatal, que provoca baja productividad) equivalente al 32% de la fuerza laboral. El gobierno mantuvo en sus puestos a estos trabajadores para evitar una explosión social, pero el retraso en los despidos bajó la productividad y los salarios, y en 2010-2011 obligó a Raúl Castro a despedir a más de un millón de trabajadores estatales innecesarios (“nóminas infladas”), que serían absorbidos por el sector no estatal, especialmente el trabajo por cuenta propia. Este se expandió, pero no lo necesario, debido a trabas legales, impuestos y limitaciones. Finalmente, sólo se despidió a medio millón y quedó otro tanto de empleo redundante. El cierre de toda la actividad económica debería incrementar el desempleo visible, pero es probable que el gobierno adopte la misma política que durante los 90 y siga pagando sus salarios; en este caso, habría otro bajón en la productividad y en el salario real (que ajustado a la inflación en 2019 se encontraba un 46% por debajo del nivel de 1989), lo cual crearía un severo problema después de la recuperación, como ocurrió en 2011 y no se resolvió del todo.

• También BID y CEPAL recomiendan una expansión de la asistencia social para proteger a los grupos vulnerables; el BID sugiere centrarse en los hogares más vulnerables y afectados por la crisis mediante una transferencia universal y temporal y distribución de alimentos. En 2007-2018 la pobreza creció en Cuba, lo que requirió una expansión de la asistencia social, que se contrajo del 5,3% al 1,6% del PIB y del 2,1% al 0,3% de los beneficiarios respecto a la población total (ONEI, 2008 a 2019). El gobierno ha ampliado la definición de vulnerabilidad, pero no ha publicado hasta ahora estadísticas comparables con las series anteriores para determinar si ha ocurrido un aumento de los beneficiarios, y es muy difícil revertir la tendencia declinante anterior debido a la crisis y la falta de recursos; tampoco es factible una transferencia universal o reparto gratuito de alimentos (estos se venden a ciertos grupos de la población). Frente a la creciente escasez de alimentos y otros bienes de consumo, ya se nota una expansión del racionamiento, que se había reducido con las reformas estructurales de 2007-2017.

Conclusiones

Cuba está sufriendo una severa crisis económica y parece haber muy pocas políticas (internas o externas) capaces de generar una reactivación. Hay un consenso entre la mayoría de economistas académicos cubanos (y también extranjeros) de que la única salida está en retomar las reformas estructurales interrumpidas y acelerarlas y profundizarlas. Ricardo Torres (2020) apunta que: “… una situación extrema como esta debería servir de catalizador de las transformaciones que requiere el modelo cubano… es hora que se reconozca que el esquema de producción y distribución actual es un rotundo fracaso y requiere ser revisado desde sus fundamentos. En esa revisión el sector privado y cooperativo debe ser empoderado”.

También sugieren un grupo de economistas cubanos (entre los que se encuentra el autor) tres medidas que Cuba podría adoptar internamente, sin necesidad de ayuda internacional, para salir de la crisis y propiciar el desarrollo económico-social (véase Mesa-Lago et al., 2020).

Escasez de alimentos

Para aumentar la producción agrícola, Cuba debería seguir las políticas de China y Vietnam: autorizar a todos los productores agrícolas a que determinen por sí mismos qué sembrar, a quién vender y fijar los precios en base a la oferta y la demanda. Estas políticas terminaron con las hambrunas periódicas en los dos países asiáticos, ahora autosuficientes. Hoy Vietnam es un exportador neto de productos agrícolas y envía a Cuba 350.000 toneladas de arroz anuales, que la isla podría producir. Esto requiere eliminar el ineficiente sistema de acopio. Las compras estatales obligatorias de la mayoría de las cosechas a precios fijados por el Estado, inferiores al precio de mercado, son un desincentivo. Si Cuba siguiera las reformas sino-vietnamitas, con las adaptaciones necesarias, podría alcanzar autosuficiencia alimentaria en cinco o seis años, terminar con la importación por valor de 1.800 millones de euros anuales de productos agrícolas y convertirse en exportador neto.

Desempleo visible y oculto

Es esencial expandir el sector no estatal, particularmente el trabajo por cuenta propia y pymes, muy dinámico antes del COVID-19 y esencial en la recuperación con creación de empleo productivo y eliminación del empleo estatal innecesario. Para ello se recomienda: (a) reemplazar la lista de actividades por cuenta propia autorizadas por una lista de actividades prohibidas; (b) autorizar a los profesionales a trabajar por cuenta propia y eliminar las barreras en el sector no estatal; (c) terminar la etapa experimental de las cooperativas de producción no agrícolas y de servicios y aprobar más de ellas; (d) establecer mercados al por mayor para suministrar insumos a todo el sector no estatal; (e) establecer bancos –incluyendo extranjeros– que provean microcréditos; (f) permitir al sector no estatal importar y exportar directamente; (g) eliminar los impuestos más gravosos al sector no estatal; (h) imponer el impuesto a las ganancias en vez de al ingreso bruto y permitir la completa deducción de gastos; (i) empoderar a una asociación independiente de microempresas para negociar condiciones con el gobierno y envolverse en la legislación pertinente; y (j) crear una vía para denunciar a funcionarios estatales corruptos que cobran sobornos a los trabajadores del sector no estatal (Díaz, 2020).

Inversión extranjera

Todos los economistas cubanos la consideran fundamental. Para aumentarla es necesario implementar ciertas reformas, como: (a) autorizar a las compañías extranjeras a contratar y pagar directamente a todos sus trabajadores; (b) aprobar la inversión de capital extranjero (incluyendo a los cubanos en el exterior) en todos los sectores económicos, así como en las microempresas y cooperativas de producción no agrícolas y de servicios; y (c) publicar estadísticas actualizadas en áreas clave en que hay vacíos para infundir confianza en el exterior, como la deuda externa total (no sólo la negociada), la forma de calcular el IPC, incluyendo las operaciones en CUC que ahora se excluyen, y cifras más detalladas de las finanzas públicas.

Estas reformas y otras ayudarían a Cuba a salir de la recesión actual y generarían recursos para poder refinanciar los servicios sociales erosionados y establecer una red mínima de protección social para los sectores más vulnerables a la crisis.

Dos semanas después de un seminario virtual dictado por el autor, patrocinado por las universidades de Harvard, Columbia, Florida Internacional y Miami donde se propusieron dichas medidas, el periódico oficial Granma tildó dichas propuestas (y otras similares, como Monreal, 2020) de “neoliberales” (Luque, 2020). Sin embargo, un par de días después, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros se exhortó de manera urgente a “cambiar todo lo que debe ser cambiado”, aunque dentro de los parámetros de la planificación central y en un mercado estrictamente regulado. Se ha especulado mucho acerca de dichos cambios, sólo el tiempo dirá si se harán y si finalmente Cuba toma el camino exitoso de la recuperación y el desarrollo sostenido.

Carmelo Mesa Lago
Catedrático emérito distinguido de Economía y Estudios Latinoamericanos, Universidad de Pittsburgh

Referencias

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Díaz, O. (2020), “20 recomendaciones para destrabar al sector privado en Cuba”, On Cuba News, 22/I/2020.

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