El Gobierno debe reprobar los intolerables ataques de Iglesias a la prensa

Los virulentos ataques de Pablo Iglesias a la prensa y la Justicia, a raíz de las informaciones que ponen en evidencia a él y a su partido en el caso Dina, suponen un intolerable intento de amedrentamiento por parte del Gobierno a dos de los pilares de nuestra democracia. Porque, lejos de ceñirse a un ámbito estrictamente partidista, las invectivas del vicepresidente vinculan al Gobierno y al propio Pedro Sánchez, quien hasta ahora ha optado por una onerosa inhibición ante lo que no puede calificarse más que de irresponsable e inquietante comportamiento de Iglesias. A lo largo de más de cuatro décadas de democracia, no existen precedentes de un ataque sistemático por parte de un vicepresidente del Ejecutivo a medios de comunicación. El señalamiento de Iglesias a periodistas y jueces, verbalizado con una saña absolutamente impropia del cargo institucional que ocupa, deben enmarcarse en una indisimulada deriva iliberal. Un Gobierno que ataca la libertad de información constituye un peligro para la ciudadanía, lo que exige no solo la reprobación por parte de los medios que, como EL MUNDO, no vamos a cejar en nuestro empeño por destapar la verdad, sino de las propias instituciones democráticas.

Este domingo revelamos las conversaciones de los abogados de Podemos que demuestran que el caso Dina fue manejado políticamente por el partido en un contexto electoral y que ni siquiera en el seno de la formación morada se creían su propia versión de que la tarjeta del teléfono de la ex asesora Dina Bousselham había sido robada por la mafia policial que presuntamente dirigía el ex comisario Villarejo. Durante un mitin en Vigo, Iglesias reaccionó ayer con furia. Volvió a presentarse como víctima de una supuesta cloaca policial y amenazó con citar a periodistas a declarar en una comisión de investigación parlamentaria.

La agresiva actitud de Iglesias es la propia del populismo cuando se ve acorralado por sus falsedades y crea una cortina de humo para desviar la atención de un escándalo que golpea a su partido y a su propia persona. En todo caso, las coacciones a los medios -que se extienden no solo a este periódico sino a otras cabeceras y a periodistas de intachable trayectoria como Vicente Vallés- son un baldón tanto para el Ejecutivo como para el conjunto de nuestra democracia. El líder de Podemos tendrá que responder ante los tribunales como presunto autor de dos delitos en los que ya ha pasado a ser el caso Iglesias. Sin embargo, la reprobación de los excesos del vicepresidente corresponde a las instituciones, que son las que tienen encomendada la garantía de las libertades. Esta exigencia incumbe al Gobierno del que Iglesias es integrante, pero también al Parlamento o al Defensor del Pueblo. La inadmisible campaña del vicepresidente contra la prensa no puede quedar impune. Está en juego preservar un derecho fundamental como es el de la información.