Honduras es uno de los países más pobres del continente. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y 67,4% en pobreza relativa, concentradas especialmente en el área rural, donde 73,5% de los hogares viven en condiciones de pobreza1. En medio de este escenario de desesperanza, la emigración es «ante todo una lucha por la supervivencia»2, lo que queda de manifiesto en dos importantes crisis migratorias recientes: la inédita emigración de miles de niños no acompañados en 2014 y las «caravanas de migrantes» que iniciaron su marcha en la terminal de buses de San Pedro Sula el 12 de octubre de 2018. De 9,9 millones de hondureños, alrededor de 945.000 residen en Estados Unidos, cerca de 90.000 en España y decenas de miles en México. Aproximadamente 300.000 hondureños huyeron hacia eeuu en 20193, en un contexto de crecientes medidas antiinmigratorias por parte de Donald Trump y del gobierno mexicano. En consecuencia, el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras registró un aumento de las deportaciones entre 2018 y 2019, con el retorno de 109.185 hondureños entre enero y diciembre de 2019, expulsados en su mayoría de México (64.649) y eeuu (40.984), de los cuales 24.040 eran niños4. Frente a la ausencia de una política económica de reinserción laboral, la mayoría de los retornados intentan nuevamente emigrar, en algunos casos hasta diez veces. A pesar de las dificultades experimentadas en las últimas décadas, las remesas enviadas por los migrantes son el verdadero pulmón de la economía nacional y representan tres veces la inversión anual de la empresa privada. Estas cifras de migración internacional revelan la incapacidad del Estado para lidiar con los múltiples problemas del país, que incluyen, además de los altos niveles de pobreza, violencia, inseguridad, desempleo, corrupción e impunidad5, conflicto agrario, crisis medioambiental y reunificación familiar6.
La extrema violencia ocupa un lugar central en la cotidianidad hondureña, con una tasa de 41,4 por cada 100.000 habitantes en 2018. Se registraron 71.695 asesinatos entre 2004 y 2018, con un promedio de diez muertes violentas diarias7. Uno de los sectores con mayor exposición al crimen organizado es el transporte. A modo de ejemplo, el 27 de febrero de 2020, el vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras, Rony Figueroa, fue baleado frente a su hogar. Días antes, Figueroa había denunciado la extorsión y violencia cometida contra su gremio y condenado públicamente la deficiente respuesta de las autoridades policiales frente a las amenazas de miembros de la Mara ms-13, que cobran el «impuesto de guerra» en su punto de taxi y llegaron a secuestrar a uno de sus colegas. Este no es un caso aislado. El 12 de marzo último, la prensa local anunció que los vecinos de una colonia de Tegucigalpa resolvieron la inseguridad a cuenta propia quemando vivo a un sicario que había asesinado a un conductor de autobús a plena luz del día. En las redes sociales circularon videos explícitos del hecho, práctica cada vez más normalizada por la prensa y los internautas. A causa de la extorsión en sus diferentes formas, aproximadamente 80.000 empresas han clausurado en los últimos cinco años8. La violencia como forma de resolución del conflicto también se manifiesta cotidianamente en disputas conyugales y familiares, violaciones, secuestros y asaltos9. El diario español El País reportó recientemente uno de los tantos flagelos contra el núcleo familiar hondureño, con la noticia de un fallido secuestro que terminó con la desaparición de un niño y el asesinato de sus familiares10. Podrían citarse casos ad infinitum, siendo la inseguridad y la violencia extrema los mayores desafíos de la sociedad hondureña. Según el director del Centro de Documentación de Honduras, los heterogéneos grupos criminales que operan en el país centroamericano no podrían actuar en la dimensión que lo hacen sin la complicidad del Estado11, con la narcopolítica como expresión más emblemática de los vínculos entre Estado y crimen organizado.
El Estado como botín de los triunfadores
¿De dónde deriva la incapacidad del Estado hondureño de responder a los problemas que agobian a un país signado por la pobreza, la desigualdad social y la violencia? Secularmente, el Estado ha sido visto como el botín de los vencedores y de sus aliados, lo que explica en buena medida su ineficiencia. El saqueo de los fondos públicos para usos privados y el clientelismo han sido problemas duraderos. Los pobres representan la masa de maniobra de políticos corruptos, que actúan como dadores de empleos a sus correligionarios, cuya única virtud es la lealtad partidaria. Este panorama se ha complicado en los últimos diez años con el involucramiento del gobernante y su familia en el tráfico internacional de drogas. El hermano del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien retiene la gestión del Estado mediante un supuesto fraude electoral, fue declarado culpable de una cantidad de delitos que incluyen el tráfico de drogas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo considera un narcotraficante de gran escala, colaborador de grupos criminales colombianos y mexicanos para la importación de droga a eeuu desde 2004. Según la acusación, Antonio Hernández aseguraba el pasaje de estupefacientes con el apoyo de miembros fuertemente armados de la Policía Nacional, también involucrados en el asesinato de dos de sus narcotraficantes rivales. El texto detalla cómo logró financiar las millonarias campañas electorales del Partido Nacional de Honduras (pnh) en 2009, 2013 y 2017, gracias al transporte de alrededor de 200 toneladas de cocaína hacia eeuu, y añade que «durante ese periodo, Hernández ayudó a [Joaquín] Guzmán Loera [el Chapo] con numerosos y grandes envíos de cocaína12».
La estrecha vinculación entre narcotráfico y política había sido develada hace tiempo tras la captura en 2015 del hijo del ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), del pnh, por miembros de la Administración para el Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés). Conforme a las explosivas declaraciones del jefe del clan de narcotraficantes Los Cachiros, Fabio Lobo actuaba como facilitador de las negociaciones entre la mafia y el Estado, por lo que fue sentenciado a 24 años de prisión por asociación ilícita en EEUU. Los Cachiros declararon haber subvencionado campañas electorales nacionalistas (2009, 2013) a cambio del apoyo de la maquinaria estatal. Prominentes miembros del Partido Liberal fueron igualmente sentenciados a penas de cárcel por prestar servicios comerciales y bancarios al crimen organizado. Es el caso de la poderosa familia Rosenthal, con base en San Pedro Sula, la capital económica del país, cuyos miembros Yankel Rosenthal, ministro de Inversión del primer gobierno de Hernández (2014-2018), y su primo Yani Rosenthal, integrante del gabinete de Manuel Zelaya (2006-2009), fueron sentenciados respectivamente a dos años y cinco meses y a tres años de cárcel tras haber admitido lavar dinero de Los Cachiros. El fallo ocurrió en el contexto de la estrategia estadounidense de combate contra el narcotráfico y, con la aprobación de Juan Hernández, se produjeron 20 extradiciones entre 2014 y 201913. Entre ellos, se cita a los hermanos Valle-Valle, un poderoso clan de traficantes de la zona occidental, y al ex-alcalde del municipio de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón. Según los investigadores de InSight Crime, la mediación de Antonio Hernández entre los clanes Valle-Valle, Ardón y sus operadores –quienes habían construido un verdadero imperio– fue esencial para cimentar el flujo de la droga.
Sobre la base de los testimonios de los ex-capos hondureños extraditados a eeuu, la Fiscalía estadounidense menciona sutilmente a Porfirio Lobo y a Juan Hernández en tanto «Co-conspirador-3 (cc3)» y «Co-conspirador-4 (cc4)» en el tráfico de drogas14. De este modo, las declaraciones de Ardón reforzaron la tesis del flujo de narcodólares a la política, más aún luego de que confesara el desembolso de dos millones de dólares para Lobo en 2009 y 1,6 millones para Hernández en 201315. La operación consiste en hacerse del apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas como herramientas de transporte y resguardo de la droga, infiltrando gradualmente los diferentes niveles de la administración pública. Con la entrega de Ardón y la captura de «Tony» Hernández en Miami, la política de extradición se ha tornado en contra del presidente. Las declaraciones de los antiguos socios-rivales de su hermano han venido a debilitar la ya deteriorada relación del gobierno con la ciudadanía. Entre el 2 y el 15 de octubre de 2019, Hernández fue mencionado al menos 100 veces por los testigos en el juicio contra su hermano. Por añadidura, el 24 de abril de 2020 debería haber tenido lugar la primera audiencia contra el ex-oficial de la Policía Nacional y supuesto primo del presidente Hernández, Mauricio Hernández, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de tráfico de drogas, pero se postergó por la pandemia de covid-19. Mauricio se declaró inocente de las incriminaciones que lo vinculan a las actividades de «Tony» Hernández el pasado 20 de febrero16.
La representación legal de «Tony» Hernández en Honduras ha declarado que el ex-oficial Mauricio Hernández no tiene parentesco alguno con su cliente y familiares. Por su parte, el gobierno hondureño desestima las declaraciones de los detenidos en EEUU e insiste en que el presidente Hernández es quien más ha hecho por la seguridad nacional. La acusación contra «Tony» no implicaría ni a su familia ni al Estado.
El presidente hondureño ha manifestado que los narcotraficantes buscan la venganza propagando mentiras infundadas. No obstante, dos recientes y explosivos sucesos han hecho tambalear el discurso oficial de buena gobernanza en materia de seguridad: el despiadado asesinato en la cárcel del supuesto narcotraficante Magdaleno Meza en octubre de 2019 y la violenta fuga de Alexander Mendoza el 14 de febrero de 2020. Detenido en 2018 y acusado por las autoridades hondureñas de ser socio de los Valle-Valle, Meza fue enviado a la prisión de «máxima seguridad» El Pozo 1. Durante su arresto se encontró una serie de «narcolibretas» en las que se hace mención a «Tony» y a «joh» (¿Juan Orlando Hernández?), por lo que devino en pieza clave del juicio contra el hermano del presidente. Meza, quien debía ser extraditado en 2020, fue salvajemente asesinado dentro de la prisión. El mismo día del crimen circularon videos de seguridad donde se puede observar claramente cómo fue acuchillado y baleado múltiples veces aun ya muerto. Muchos han interpretado su asesinato como un medio de silenciar las voces que comprometen al gobierno17. Por otro lado, el rescate del cabecilla de la Mara ms-13, «el Porkys» Mendoza, por un grupo de 20 personas armadas hasta con explosivos y disfrazadas de agentes de la Policía Militar, deja en evidencia la fragilidad de las fuerzas del orden. Como demuestra la grabación de las cámaras del Tribunal donde se desarrollaba la audiencia, los criminales lograron en un inicio burlar la seguridad, para luego matar a cuatro oficiales y liberar al narcotraficante en una operación «de película».
A pesar de todo, no se han deteriorado significativamente las relaciones del presidente con el Departamento de Estado de EEUU, que aún sostiene a su incómodo aliado regional. Las tensiones entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia son visibles respecto de Honduras. El gobierno del pnh ha buscado mejorar su reputación subordinando su política exterior a Donald Trump, por lo cual se ha trasladado la embajada hondureña en Israel a Jerusalén y se integró a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. Pero en EEUU, que ha invertido 200 millones de dólares en transferencias para la política de seguridad hondureña entre 2016 y 201718, existen voces que le reclaman transparencia al Estado hondureño en sus finanzas públicas, especialmente provenientes de la Cámara de Representantes.
Precisamente en las antípodas de las expectativas de nacionales y extranjeros, los gobiernos hondureños se han caracterizado por valorar el Estado como el botín de los triunfadores. En 2015, el trabajo de periodistas locales permitió desvelar los vínculos entre el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (ihss) y el financiamiento de la campaña electoral del pnh de 2013. El antiguo y persistente hábito político de considerar la función pública como un medio para pillar los fondos del Estado fue enérgicamente condenado por la ciudadanía19. La acción colectiva, bajo la forma de multitudinarias «marchas de las antorchas», le torció el brazo al gobierno y lo obligó a instalar una Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (maccih), apadrinada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y semejante a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig), aunque con mayores limitaciones.
Como no se logró que la maccih adquiriese las atribuciones de la cicig, los partidos políticos de oposición la denunciaron desde su fundación en 2016. Fue también objeto de presiones por parte del partido oficialista, lo que llevó a su total desarticulación en enero de 2020. La maccih tenía el desafío de fortalecer las frágiles e inestables instituciones nacionales, dar cuenta de las redes de corrupción y proponer soluciones para transparentar el manejo de los asuntos públicos. Los 12 casos presentados por su equipo de investigación permitieron que por primera vez altos funcionarios públicos fuesen procesados, entre ellos la ex-primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo20, con lo que la maccih ganó mayor credibilidad que los propios partidos políticos e instituciones nacionales21. Dentro de sus sugerencias, sobresale la necesidad de impulsar reformas político-electorales integrales, como la Ley de Política Limpia, dirigida a transparentar las campañas electorales. Los diputados modificaron sustancialmente la propuesta original y aprobaron en 2016 una ley que en realidad dificulta la implementación de políticas de transparencia electoral. De acuerdo con los investigadores del Centro de Estudio para la Democracia, en Honduras existe un intercambio de favores entre redes de corrupción público-privadas, renovados en periodo electoral, que consiste en invertir en política para luego obtener «contratos de concesión que generan enormes fortunas y que, a la vez (…) son el canal apropiado para lavar dinero y activos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado»22. En lugar de ejecutar reformas integrales para trastocar esta tendencia, los diputados del Congreso Nacional aprobaron el célebre «fondo departamental» el 18 de octubre pasado, el cual les permite gozar a discreción de fondos públicos para alimentar sus redes clientelares. Para colmo, tales fondos solo podrán ser auditados una vez que los honorables diputados terminen su mandato. Alejados de las inquietudes generales de la sociedad, durante 2019 los legisladores se concentraron esencialmente en negociar a puerta cerrada la repartición de los nuevos órganos electorales23.
El difícil aprendizaje de la democracia hondureña
Tras las tentativas democráticas de mediados del siglo pasado (1948-1963) y un entremezclado periodo de dictaduras militares tanto conservadoras como reformistas, Honduras experimentó sin interrupción seis procesos electorales entre 1980 y 2006, cuatro de los cuales favorecieron al Partido Liberal. Este último se desintegró parcialmente con el golpe de Estado de 2009 ejecutado contra el «populista refundador»24 Manuel Zelaya, quien desde el propio plh pretendía hegemonizar el escenario político por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que fue bloqueada por miembros de su propio partido con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sectores empresariales, mediáticos, religiosos y de los poderes del Estado. Después de décadas de entendimientos y negociaciones con el pnh, en uno de los sistemas bipartidistas más duraderos del continente, el dislocamiento del campo liberal ha resultado en la primacía de su rival en las instituciones del Estado. Con una década de gobiernos del pnh, Hernández ha logrado lo que para muchos era el propósito de Zelaya: aprobar la ilegal reelección en 2017 y acaparar los poderes del Estado.
Porfirio Lobo (2010-2014) había concentrado su mandato en la reintegración de Honduras al concierto internacional tras el golpe de Estado y, en ese marco, llegó a un entendimiento con el depuesto presidente Zelaya denominado Acuerdo de Cartagena. El pacto dirimió las tensiones brotadas con el golpe por medio de un proceso de doble legitimación: el gobierno de «reconciliación nacional» liderado por el pnh sería reconocido nacional e internacionalmente, siempre y cuando Zelaya gozase de la apertura necesaria para inscribir un nuevo partido político. Gracias al acuerdo, Honduras fue reintegrada en la oea y Zelaya dio nacimiento a su instrumento político de tipo personalista, el Partido Libertad y Refundación, conocido como Libre. Las negociaciones dejaron en impunidad a los responsables del golpe de Estado, que violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero también la malversación de los fondos de Petrocaribe y la fallida consulta popular de 2009 bajo el gobierno de Zelaya. Con la incorporación del ex-presidente al juego político, el tablero hondureño se encuentra, desde las elecciones de 2014, en una especie de retorno de la vieja tradición bipartidista, ahora cuatripartita. Los principales rivales del oficialismo son Libre, como segunda fuerza que disputa el voto del plh, y el conocido presentador de televisión Salvador Nasralla, quien hasta la fecha no ha inscrito su nuevo partido Salvador de Honduras.
Contando con el alineamiento de los militares, de un partido vertical y un organizado ejército de reserva clientelar, Hernández logró derrotar a sus contrincantes por dos veces consecutivas (2013 y 2017) a través de procesos electorales colmados de irregularidades e ilegalidades. La instrumentalización de los organismos electorales, las denuncias de manipulación electrónica en los conteos y de compra de votos, junto con el clientelismo25, son elementos persistentes en la cultura política hondureña, perfeccionados por el pnh en las últimas elecciones. Las recomendaciones dejadas por las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea han sido omitidas en su mayoría, lo que alimenta la permanente desconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. En cambio, Hernández le ha devuelto al Ejército un papel decisorio, imponiéndole como caballo de Troya a la guardia pretoriana de su régimen, la Policía Militar del Orden Público (pmop) y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (tigre). Ciertamente, el carácter policiaco-militar ha sido el rasgo distintivo de las propuestas programáticas del pnh, actor históricamente aliado de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, ha logrado imponer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al procurador general de la República. Los presidentes del Poder Legislativo y del Judicial, los ministerios de Seguridad y de Defensa, la Policía y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas le son plenamente leales. En un escenario de acumulación de poderes de esta naturaleza, ¿es posible que el presidente desconozca la participación de su hermano en las redes internacionales del crimen organizado?
En este contexto, fiel a la tradición de líder político tradicional, el ex-presidente Zelaya ha buscado acuerdos de cúpula con el partido de gobierno para obtener puestos en el sistema electoral para sus más cercanos lugartenientes. Con la tradición autoritaria de un líder de viejo estilo rural, que en un momento se convirtió al estilo «chavista»26, rechazó la idea de apoyar a una amplia coalición política para pedir en las calles la renuncia de Hernández y prefiere esperar pacientemente las próximas elecciones presidenciales de 202127. Según un conjunto de estudiosos de la realidad nacional de la revista Envío-Honduras, el arreglo entre las cúpulas del pnh y de Libre en el Congreso Nacional, que le permitió a esta última agrupación una representación en los nuevos órganos electorales, es la principal «válvula de oxígeno» del régimen orlandista28. Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial por el pnh para las elecciones de 2021, no ha vacilado en congratularse por llegar a un acuerdo con Zelaya. Efectivamente, como observó hace más de 50 años un importante estudioso de la política centroamericana, el proceso político de esta región es fundamentalmente un juego de «manipulación y negociación entre competidores por el poder, cuyos recursos constituyen el objeto de una apreciación y de un reconocimiento recíproco que conlleve a un acuerdo negociado a alto nivel»29. No obstante, buena parte de la ciudadanía parece no identificarse con los tradicionales «competidores por el poder»30, e iniciativas como la más reciente Plataforma de Lucha por la Salud y la Educación, liderada por la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, son en buena medida percibidas como legítimas alternativas para la defensa de los servicios públicos y para reactivar el movimiento de oposición al régimen autoritario de Hernández.
Figueroa lideró las marchas de maestros, médicos, estudiantes y otros sectores sociales en la toma de ejes carreteros del país durante el curso del año 2019, denunciando las derivas neoliberales del gobierno en materia de salud y educación, exigiendo sus garantías como derechos universales, «sin restricciones, con calidad, pero sobre todo calidez»31. El fracaso del neoliberalismo en Honduras es inequívoco, y el desplome de las estructuras sanitarias y educativas son su máxima expresión. Como consecuencia, la ciudadanía está abandonada a su suerte frente al brote de epidemias y pandemias. La reciente crisis del dengue puso a prueba el modelo de salud –2019 cerró con 180 decesos, de los cuales 58% eran menores de 15 años32–. Con casi 2.000 casos de covid-19 confirmados, muchos médicos consideran que hasta la fecha el gobierno no ha tomado las medidas preventivas adecuadas, incluso hay reportes de que se estarían buscando terrenos para posibles fosas comunes. En ausencia generalizada de equipos sanitarios básicos y de medidas de bioseguridad para el personal de salud, con una economía informal y la mayoría de la población viviendo del día a día, el panorama hondureño no es nada alentador.
Al igual que otros países del mundo, Honduras enfrenta la terrible pandemia desatada por el coronavirus, pero lo hace en el marco de una crisis del Estado en su conjunto. El país es conducido por un líder político ligado al narcotráfico que se apoya en los militares para mantenerse en el poder, un presidente impopular que lidera un Estado militarizado e incompetente. Honduras carece de un liderazgo creíble para enfrentar la crisis sanitaria. Las respuestas estatales caracterizadas por el autoritarismo, la improvisación y la distribución clientelar de alimentos son una muestra evidente de la crisis del Estado. Los días del coronavirus representarán un desafío en gran escala para la empobrecida nación hondureña.
