Consejo Superior D.C.: «URGE EN VENEZUELA PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA»

CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

1 de Septiembre 2020

Propone el Consejo Superior de la Democracia Cristiana:

«URGE EN VENEZUELA PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA»

Ante la grave crisis que confronta Venezuela como consecuencia del acelerado crecimiento de la pandemia de COVID 19, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana expresa las siguientes consideraciones:

1) Este terrible flagelo que azota al planeta nos coloca en total indefensión debido a la situación política, económica y social del país y al grave deterioro de nuestro sistema hospitalario. De no adoptarse urgentes medidas, que involucren a toda la sociedad venezolana y a los organismos internacionales capaces de ayudarnos, sufriremos una “hecatombe” social y económica sin precedentes con terribles efectos sobre el resto del continente.

Desde mucho antes de aparecer el COVID-19, la Academia de Medicina y los distintos gremios de la salud denunciaron el abandono de la planta física de los hospitales, la carencia de insumos médicos y las precarias condiciones socio-económicas en las que subsisten los profesionales, empleados y trabajadores de este sector.

2) Esa situación fue reconocida el año pasado por el responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU Mark Lowcock en informe dado a los medios de comunicación al término de su visita a nuestro país en noviembre de 2019.

De acuerdo con este alto funcionario de Naciones Unidas en Venezuela millones de personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica, y afirma entonces el señor Lowcock que el sistema de salud se encuentra al borde del colapso. Asegura que muchos hospitales carecen de infraestructura básica, de agua y de electricidad, y que los pacientes corren el peligro de morir al adquirir nuevas infecciones porque no existen materiales de limpieza y desinfección. A esto se une la escasez de medicamentos y de personal sanitario.

Aquella situación evaluada por el experto de la ONU fue desatendida por las autoridades que sirven al régimen, y se agravó aún más con la presencia del COVID-19 que afecta a millones de personas, ocasionando la muerte de cientos de miles en países con sistemas de salud modernos y eficientes, por supuesto en nada comparables con el nuestro, incapaz de atender las demandas de salud de la población en condiciones normales y ubicado en la última posición entre los países del Continente para dar respuesta oportuna ante una emergencia sanitaria.

También Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins han manifestado en reciente informe realizado entre noviembre y diciembre de 2019 su preocupación por tan deplorable realidad. Ambas instituciones señalan que es necesario asegurar ayuda humanitaria urgente en la cantidad y condiciones requeridas para atender las necesidades de nuestra población y evitar que desde nuestro país se propague aún más el COVID-19 hacia el resto de la región. Sostienen que el hacinamiento en los barrios populares y en las cárceles, unido a la escasez de agua en los hogares y en los centros hospitalarios, facilita la rápida extensión de la pandemia. Dicen, que los gobiernos preocupados por la situación venezolana deben despolitizar la ayuda, y que las sanciones impuestas por Estados Unidos no deben constituir un obstáculo para las acciones que se programen.

Se pronuncian porque el secretario General de la ONU Antonio Guterres y el Coordinador de la Oficina de Asuntos Humanitarios Mark Lowcock, asuman el tema junto a los países miembros del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, ejerciendo presión sobre el régimen que encabeza Nicolás Maduro para que faciliten de manera urgente esta respuesta en grandes dimensiones, orientada a prevenir lo que califican como “una propagación catastrófica de la COVID-19 en el país”.

Calculan que se necesitan cerca de 750 millones de dólares para ese plan de respuesta en el presente año, de los cuales 72.1 millones se destinarían a combatir la pandemia. Solo una pequeña parte de estos recursos han sido obtenidos y destaca la ausencia de datos confiables en la información oficial, por falta de transparencia y por la persecución a los periodistas y profesionales de la medicina que discrepan públicamente de esos informes.

3) Venezuela figura entre los diez países con las peores crisis de alimentos en el mundo, con más de 9 millones de compatriotas que sufren de “inseguridad alimentaria aguda o moderada”. De ese total 2,3 millones están en inseguridad severa y 7 millones en inseguridad moderada. Esto quiere decir que uno de cada tres venezolanos no puede acceder a una dieta nutricional suficiente.

Estos datos provienen de un estudio conjunto de la FAO, la Unión Europea, la Coordinación de Asuntos humanitarios de la ONU, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, realizado en 2020, y coinciden con las investigaciones realizadas por la Universidad Católica Andrés Bello, con el informe de ENCOVI 2019, y el de la de la Fundación Bengoa sobre la situación nutricional venezolana, especialmente en lo referido a la infancia.

Obviamente, se evidencia en esas estadísticas el retroceso sufrido por nuestra población en sus condiciones de vida durante los últimos veinte años, y se pone de relieve la vulnerabilidad en la que nos encontramos para enfrentar al COVID-19 y a las numerosas enfermedades endémicas, que habiendo sido controladas desde mediados del siglo XX, reaparecieron con el nefasto socialismo del siglo XXI.

4) Los informes mencionados, provenientes de instituciones altamente calificadas que diagnostican y proponen soluciones a la emergencia compleja de la que forma parte crisis sanitaria del país, agravada por la presencia del COVID-19, nos llevan a plantear esfuerzos extraordinarios de concertación a fin de lograr consolidar con prontitud un programa común de emergencia sanitaria nacional. Sin embargo, somos conscientes de que quienes hoy controlan el Estado venezolano carecen de la voluntad y no están en condiciones de conducir un programa de ese tipo, debido a la incapacidad demostrada y a la connotación marcadamente política de sus acciones.

Es evidente que el régimen rechaza la participación de gremios, asociaciones y academias vinculadas al mundo de la ciencia y de la salud pública que pueden contribuir a detener la crisis y a reducirla progresivamente. Y con igual reticencia tratan a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades y a los sectores profesionales que conocen la gestión de los servicios públicos que son afectados por el COVID 19 y por la crisis generalizada que vivimos.

A estos negativos factores se une la censura de los medios y la persecución contra periodistas y contra el personal de la salud que trabaja heroicamente, pagando un doloroso costo en vidas humanas.

5) Ese obstinado intento de ocultar la realidad ha sido denunciado por la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales de Venezuela, al señalar la subestimación e insuficiencia de los datos oficiales y pruebas sobre el COVID-19, reflejado en un sub-registro, que en el menor de los casos podría ser del 63 por ciento, y en el peor de 95 por ciento de los casos sintomáticos

Conscientes de esa compleja situación y de las difíciles horas que se avecinan, el Consejo Superior de la Democracia Cristiana de Venezuela propone al Presidente Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a la opinión pública nacional e internacional, las siguientes iniciativas:

1. A)  El despliegue de una vigorosa acción internacional destinada a lograr que el Secretario General de Naciones Unidas ejerza sus capacidades de persuasión ante quienes controlan de hecho las estructuras de poder en nuestro país, con el fin de lograr la urgente implementación de una efectiva e inmediata cooperación y asistencia humanitaria que reclama Venezuela en medio del COVID-19, realizada con el respaldo de todos los sectores del país y con la participación activa de las instituciones civiles y militares capacitadas para impulsarla, con la colaboración de los organismos internacionales especializados liderados por la ONU, acompañada por los países latinoamericanos y la Unión Europea.
2. B)  Este programa común de emergencia sanitaria nacional debe contar con el financiamiento interno y externo suficiente para el logro pleno de sus objetivos, condición de la que ha carecido en el último año. Y estimamos que el gobierno interino debe continuar haciendo uso prioritario de recursos de la República, recuperados en el exterior, para la adquisición de medicamentos, insumos, equipo y material sanitario, y debe asegurar, cuanto antes, los mecanismos que permitan adquirir vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud contra el virus causante de la enfermedad, cuando éstas estén disponibles.

Por el CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Alvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderon Berti, Andres Caldera, José Curiel, Abdon Vivas Terán, Julio Cesar Moreno, José Rodriguez Iturbe, Maritza Izaguirre, Roman Duque Corredor, Gloria Capriles, Haroldo Romero, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús Ganem Martinez, Guillermo Yepez Boscán, Enrique Naime.

Secretario Ejecutivo: Lorenzo Tovar.

Consultores: Gustavo Tarre, Asdrúbal Aguiar

ORGANIZACIONES DEMOCRATA CRISTIANAS ADHERENTES:

Henrique Salas Romer – PROYECTO VENEZUELA.

Biaggio Pilieri – CONVERGENCIA.

Roberto Henriquez y Robert Garcia – COPEI.