Nunca antes la república había soportado un ataque tan despiadado y sistemático contra las universidades y contra el sistema educativo como el que ha desatado la tiranía que hoy nos oprime.
Hace más de sesenta años Venezuela despertó de su pesado letargo gomecista, y a partir de entonces todos los gobiernos se esforzaron en modernizar la educación con el fin de acrecentar el capital humano del país.
Ahora, luego de veinte años de una dictadura depredadora, asistimos a la destrucción sistemática de todos aquellos logros y avances civilizatorios realizados en el pasado siglo veinte.
Como bien ha señalado la Rectora de la Universidad Central de Venezuela Cecilia García Arocha se trata de “dos décadas que han devenido en el colapso general de las instituciones del Estado”.
Ocurre que la destrucción de ese tejido institucional y el colapso general son imprescindibles para entronizar el modelo totalitario que desmorone los soportes espirituales y los valores históricos y culturales de la nación.
Por ello, como la universidad ha sido pieza fundamental en el progreso que en todos los órdenes logró alcanzar la sociedad democrática venezolana, y como su acción está comprometida con el pluralismo, la tolerancia y la libertad, ella constituye un obstáculo que el proyecto totalitario se empeña en remover.
Una universidad libre y autónoma no tiene cabida en un régimen que se dirige a controlar todos los ámbitos de la vida social. Decidida a destruirla, la tiranía la hostiga, la persigue y le ahoga económicamente privándola de los recursos indispensables para su funcionamiento.
La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) ha denunciado algunos aspectos de esta brutal ofensiva, señalando que la deliberada política de cerco económico redujo los presupuestos a la condición de “Insuficientes o inexistentes”.
Y como consecuencia de esa política, los salarios de profesores y empleados son miserables, desaparecen los planes de previsión social y HCM, y resulta imposible la tecnología para la educación a distancia cada día más necesaria debido a la pandemia que amenaza prolongarse por largo tiempo.
Acertadamente AVERU ha llamado al conjunto de estas mezquinas cuotas presupuestarias como “asignaciones de aniquilación institucional”.
De esa manera, el régimen contradice su demagógica prédica populista cuando asfixia a las instituciones que forman gratuitamente a técnicos y profesionales de excelencia provenientes mayoritariamente de la clase media y de los sectores de menores recursos.
Por lo tanto, resulta una trágica ironía que la pretendida revolución “socialista del siglo XXI” beneficiada por los más altos ingresos fiscales que país alguno de Latinoamérica haya percibido, sea precisamente la causante de la destrucción del sistema universitario venezolano, y la responsable de la masiva emigración de profesionales que formados en el país se han ido a buscar destino más allá de nuestras fronteras.
Sin embargo, a pesar de esas calamidades las comunidades universitarias son ejemplos de valiente y cívica resistencia. Ellas defienden firmemente su autonomía, ejercen el derecho y el deber de enseñar, y trabajan a pesar de sus menguados recursos por el desarrollo del país y la recuperación de Venezuela.
El Consejo Superior de la Democracia Cristiana permanece hoy al lado de las universidades, de los educadores, estudiantes y trabajadores que integran el sistema educativo nacional. Junto a ellos acompañamos la batalla ciudadana ante una dictadura que revive tiempos de lucha entre la civilización y la barbarie.
