China vive la peor represión de los derechos humanos desde Tiananmen
El informe anual de Human Rights Watch también destaca los intentos de China por presionar y sancionar a los países que denuncian sus prácticas, como Australia
Desde la masacre de Tiananmen en 1989, los derechos humanos en China viven la peor represión que se recuerda. Lo asegura a este periódico Thubten Wangchen, monje budista y miembro del Parlamento Tibetano en el Exilio: «Desde que Xi Jinping llegó al poder, todo ha ido a peor. Tíbet, Xinjiang, Hong Kong… Pekín está siendo extremadamente duro contra todo aquel que no sea leal a la política del Partido Comunista Chino».
También lo decía el activista hongkonés Joshua Wong antes de entrar en prisión en diciembre por «acudir y organizar» una asamblea no autorizada. «La China de Xi Jinping es la que se ve en Hong Kong, creando una nueva era de reinado del terror, con enjuiciamientos arbitrarios, juicios secretos, confesiones forzadas, vigilancia masiva, represiones a los medios y censura política».
Este miércoles, ha sido el informe anual de la ONG Human Rights Watch (HRW) el que detalla cómo los derechos humanos en China viven su «periodo más oscuro» desde lo sucedido en Tiananmen. «El empeoramiento de las persecuciones de las minorías étnicas en Xinjiang, Mongolia Interior y el Tíbet, los ataques contra los denunciantes, la represión de Hong Kong y los intentos de encubrir el brote de coronavirus fueron parte del deterioro de la situación bajo el presidente Xi Jinping», reza un informe de 386 páginas.
«El autoritarismo del Gobierno chino estuvo en plena exhibición en 2020 mientras lidiaba con el brote de coronavirus mortal informado por primera vez en la provincia de Wuhan», continúa. Después, cita ejemplos como lo ocurrido el 1 de enero del año pasado, cuando la policía de Wuhan detuvo y amonestó a «ocho personas por difundir rumores falsos» sobre una extraña neumonía que se estaba propagando por la ciudad. Entre esas personas estaba el doctor Li Wenliang, que se hizo famoso por ser el primer médico conocido que alertó del peligro del nuevo coronavirus, pero fue silenciado por la policía. Más adelante, fallecería a causa de la Covid-19.
También, las autoridades chinas han perseguido y detenido a los llamados periodistas ciudadanos, quienes estuvieron en el epicentro de la pandemia «informando de manera independiente». Es el caso de la bloguera Zhang Zhan, condenada en diciembre a cuatro años de prisión por «buscar altercados y provocar problemas». Y el de otros periodistas ciudadanos, desaparecidos desde principios de año, como Chen Qiushi y Fang Bin, quien publicó vídeos en Youtube narrando el día a día en los hospitales saturados de Wuhan.
El informe de HRW destaca que 2020 ha sido el año en el que también se han publicado todo tipo de reportes internacionales sobre la represión de Pekín contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang. Campos de internamiento, destrucción de mezquitas, trabajo forzoso…
«En Xinjiang, los musulmanes continúan siendo detenidos arbitrariamente sobre la base de su identidad, mientras que otros son sometidos a vigilancia masiva y adoctrinamiento político». Y en Mongolia Interior. «Las protestas estallaron en septiembre cuando las autoridades educativas decidieron reemplazar el mongol por el chino mandarín en varias clases en las escuelas de la región», dicen desde la ONG. Para el investigador Yaqiu Wang, de HRW, en todos los aspectos de la sociedad china «se puede ver cómo el partido se está volviendo más intolerante con cualquier tipo de actividad independiente».
A raíz de esto, también ha habido una reacción crítica de otros países hacia China. Fueron 122 naciones las que solicitaron una investigación independiente en Wuhan sobre el origen del coronavirus. Estados Unidos aprobó numerosas leyes contra los abusos de China. Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda rompieron los tratados de extradición por el ataque a las libertades de Hong Kong. Y 39 países condenaron ante la ONU la represión de Pekín contra los uigures. Pero el Gobierno de Xi Jinping ha respondido con sanciones y presiones a las naciones que denuncian sus prácticas autoritarias.
