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La captura del poder local en Nicaragua

El 90 por ciento de las alcaldías en el país centroamericano son controladas por el partido de gobierno, que prioriza la agenda de Daniel Ortega encima de las necesidades reales

Por: CONNECTAS

Una semana después de que el alcalde de Masaya, uno de los epicentros de las protestas de 2018, desapareciera de actos públicos, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que había muerto. Según la ley, el reemplazo de Orlando Noguera debía ser la vicealcaldesa Janina Noguera, pero no fue así.

El sustituto fue David Chavarría, el exgerente de la misma comuna, quien asumió el mando, causando inconformidad entre concejales. “Ese hombre ni siquiera es de Masaya. Es de Nueva Segovia (al norte de Nicaragua) y lo mandó la Chayo (como se conoce a Rosario Murillo) en 2018 para asumir la gerencia de la Alcaldía”, dijo Yohana Ramírez, concejal del Partido Liberal Constitucionalista.

Con ligeros matices, en Managua pasa algo parecido. La alcaldesa formal es Reyna Rueda, sin embargo su mandato coexiste con el poder de Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Managua y uno de los operadores políticos de mayor confianza de la pareja presidencial, quien formalmente es el secretario general en esta comuna a cargos de las tareas administrativas y de supervisar las obras desde 2009, cuando la antecesora la alcaldesa, Daisy Torres, le “delegó” las funciones.

Este tipo de poder alterno escogido a dedo por el partido es una de las estrategias que ha adoptado el FSLN para hacerse con el control de 137 de las 153 comunas nicaraguenses. Desde elecciones denunciadas como irregulares por organismos internacionales y de observación electoral nacional, hasta recortes presupuestarios para sofocar financieramente a las alcaldías opositoras.

Esta investigación de CONNECTAS —parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla— encontró que el uso del presupuesto como un instrumento de presión es usado por Ortega contra los opositores.

La revisión de las transferencias municipales a 14 alcaldías de Nicaragua permite establecer  un patrón  en que el Ejecutivo beneficia a las sandinistas y afecta a las opositoras. Para llegar a esta conclusión, CONNECTAS revisó un grupo de siete  siete municipalidades gobernadas actualmente por la oposición pero que, durante el período anterior (2013-2017) fueron administradas por el FSLN. En este caso la autoridad de Hacienda disminuyó a la mitad las transferencias, a partir de 2018, el año en que se agudizó la crisis tras la represión como muestran las gráficas.

Otras siete alcaldías fueron analizadas porque en ellas el FSLN se ha mantenido en el poder en el mismo período y representan el 42 por ciento de la población urbana en el país centroamericano. En estas el presupuesto no cayó en 2018, a diferencia del trato dado a las que antes fueron de la oposición. En 2019 sí tuvieron un descenso presupuestal —consecuencia de la crisis económica que afectó las finanzas de todo el país—, pero fue de ente 63 y 66 por ciento, menor que el de las de oposición (entre 68 y 75 por ciento).

Además, pese a la crisis, las municipalidades sandinistas priorizaron aquellas obras muy populares como la construcción de estadios de cara a un año electoral. Esa medida se explica en que fueron de las zonas territoriales afectadas por las protestas ciudadanas, en las cuales sus alcaldes encabezaron la represión, según un informe de la OEA.

Esa decisión contrasta con las necesidades urgentes de las localidades de estos siete municipios, pero localizar a los representantes de los alcaldes, agrupados en la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), resulta infructuoso, pese a que se le envió solicitud al alcalde de Estelí y Matagalpa.

Las decisiones las han impuesto dado el control en los concejos municipales. Carlos Brenes, uno de los concejales opositores en Masaya, dice que “ellos priorizan las que sirven para hacerle propaganda al gobierno. Incluso cuando se inauguran no lo hacen en nombre de la municipalidad, sino del compañero Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo)”, explica Brenes, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

El otro factor es que las obras se desarrollan en las más absolutas condiciones de opacidad.

 

El concejal opositor de Nagarote, Nicolás Narváez Noguera, denuncia que hay obras que no se ejecutan y se vuelven a incluir al año siguiente y no hay rendición de cuentas. “Por eso exigimos las actas para saber la realidad de lo que está ocurriendo, pero desde 2018 los concejales opositores no vemos un acta”, dijo.

Para la especialista nicaragüense en temas presupuestarios, Dayra Valle, el secretismo de estas operaciones financieras a nivel local, evita que no se pueda verificar en qué se están gastando los fondos públicos.

“El dinero perfectamente se puede desviar a cualquier destino. Porque falta la rendición de cuentas, y por ende de transparencia y de mecanismos de control”, dice Valle.

Máximo Morales, concejal del PLC en la Alcaldía de Larreynaga, explica que “en las municipalidades se cumplen orientaciones verticales. Incluso la bancada sandinista se reúne con varios días de anticipación y cuando se realiza la sesión oficial del Concejo ellos ya llegan con las decisiones tomadas”.

En León, el concejal Orlando Corea Mendoza cuestionó la remodelación de otro estadio de béisbol para el cual se destinaron 2,88 millones de dólares y en el norte del deporte rey es el fútbol.

Las inversiones suman el norte mucho dinero. Según el PAC 2020, le asignaron 602.000 dólares para sustituir la grama artificial y casi cuatro millones para mejoramiento de infraestructura. Detrás de toda esta inversión se esconde Fidel Moreno, el poderoso funcionario de la Alcaldía de Managua que ejerce el poder real en la institución.

Moreno es originario de Estelí, estuvo al frente de la directiva del equipo de esa ciudad, cuya casa es el Estadio Independencia donde se hacen las inversiones municipales. Edgard Tijerino, el más conocido cronista de Nicaragua, no cree sin embargo que la estrategia de construir estadios o remodelarlos les dé resultado al FSLN.

A 25 kilómetros al oriente de la capital nicaragüense, frente al estadio Roberto Clemente que las autoridades de Masaya dicen que se va remodelar, un grupo de jóvenes hace volar su imaginación al conversar sobre los cambios en la estructura que tiene ya cincuenta años de historia

Uno de ellos, sin asomo de duda, dice que el nuevo coloso “será igual al de los Dodgers de los Ángeles” y hace descansar su esperanza en la promesa que hicieron los concejales cuando presentaron el proyecto en esta ciudad. Los datos desmienten a los funcionarios: mientras esta estructura se erige sobre 17.688 metros cuadrados con una capacidad de 4.000 personas, el estadounidense puede albergar a 56.000 fanáticos en 352.000 metros cuadrados.

La voz de Tijerino insiste sin distraerse con las promesas. “Pueden ponerse a inaugurar una cancha cada semana y no atraerán el voto joven”. Su sentencia luce como un tercer out en la última entrada.

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