Aún conservo fresca en mi mente aquella declaración que aseguraba: «ahora sí vamos a construir el socialismo«, y aquella otra acerca de que: «nadie sabía cómo se construía el socialismo«.
Después de una secuencia sostenida de fracasos durante décadas, el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobó en el día de ayer la resolución que actualiza las bases teóricas y conceptuales del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
Esta resolución modifica una parte sustancial de los 342 párrafos del documento anterior, expone las pautas en que se sustentan las principales relaciones económicas y sociales de la construcción del socialismo, y plantea la elevación del nivel y calidad de vida como un objetivo prioritario permanente, con énfasis en la seguridad alimentaria y energética, la educación y la salud, entre otros.
Lo contradictorio con el objetivo declarado consiste en aspirar a esos propósitos con los mismos principios que condujeron a la actual crisis. Me refiero a la existencia de un solo partido político, el PCC; la consolidación de la propiedad estatal, con el apellido de «todo el pueblo» como forma principal; el perfeccionamiento del Sistema de Dirección Planificada del Desarrollo Económico y Social para la dirección de la economía nacional; y la prohibición de no permitir «la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales» —olvidando aquella máxima martiana de que una nación rica es imposible si sus habitantes no pueden ser ricos también.
A lo anterior se une el daño antropológico ocasionado por el modelo totalitario, que constituye hoy como mecanismo de freno. El deterioro ético sufrido por los cubanos sumidos en la sobrevivencia en tan largo período de tiempo, se refleja en indisciplinas, incumplimientos, deficiente control interno, ilegalidades y desinterés por los resultados productivos.
Para salir de ese estado, una vez más se omite lo determinante: la liberación de la economía de las trabas burocráticas e ideológicas dirigidas a impedir la formación de una clase media y la implementación de los derechos y libertades para que los cubanos puedan desarrollar su iniciativa creadora y asociarse libremente.
En las sociedades modernas, desarrolladas económicamente, las empresas pequeñas y medianas han mostrado ser más eficientes y satisfactorias y son un antídoto contra la excesiva centralización y concentración de los grandes monopolios. En Cuba, por el contrario, en lugar de permitir que coexistan las diversas formas de propiedad en condiciones de igualdad para que se imponga la más eficiente, se insiste en el fortalecimiento del papel de la empresa estatal y la conservación del sistema de planificación socialista como vías principales para la dirección de la economía; y a la vez, limita al sector privado nacional y al cooperativo a actividades secundarias. Por ello la conceptualización pasará a engrosar la abultada lista de fracasos.
El resto de las medidas contenidas en la resolución aprobada, como la descentralización de facultades a los niveles territoriales con énfasis en el municipio; la regulación para lograr un adecuado funcionamiento del mercado; impedir que los productores o comercializadores impongan la especulación y condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad; y asegurar que el trabajo y la laboriosidad constituyan valores morales cardinales, resultan imposibles sin la implementación de la economía de mercado y los derechos y libertades citados.
La subordinación de la sociedad al Estado es contraproducente con el desarrollo, con la experiencia histórica y con los cambios en la arena internacional. Ninguna conceptualización que no parta del reconocimiento del fracaso y de los cambios que la sociedad cubana requiere, podrá obtener resultados positivos.
Países con regímenes similares de partido único, como son los casos de China y Vietnam, hasta tanto no rompieron con el predominio de la propiedad estatal y permitieron a los nacionales participar como agentes activos de la economía, no pudieron salir de las hambrunas. En Cuba caminamos en dirección contraria: hacia la hambruna.
Lo que podría haber hecho del VIII Congreso del PCC un evento trascendente para el país era reconocer el camino errado que se inició con la estatización de la economía desde 1959 y que no se detuvo hasta que en 1968, con la llamada Ofensiva Revolucionaria, barrió las más de 55.000 pequeñas empresas en manos cubanas que habían logrado sobrevivir. Y en consecuencia, implementar las libertades suprimidas para que los cubanos se conviertan en empresarios y trabajadores libres en su país. Y no lo que ha ocurrido: convertir la Conceptualización del Modelo en una nueva camisa de fuerza.
