Kelsen contra Schmitt

Una de las controversias jurídicas más apasionantes es el debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, los dos grandes juristas del siglo XX, cuyas concepciones implican dos modelos de Estado contrapuestos. Dicho de forma simplificada, Kelsen representaría el Estado democrático liberal, mientras que en Schmitt hay una justificación del totalitarismo que culminó en el nacionalsocialismo.

Lo que Kelsen sostiene es que la Constitución es la norma de rango superior que inspira la legalidad de las leyes. Y ello tanto en el plano formal como material. Todas las normas positivas emanan de la Carta Magna y deben ajustarse a su literalidad y su espíritu. Según su tesis, el propio poder legislativo se fundamenta en ese texto fundacional que contiene las reglas del juego político. Aunque él no lo dice, la Constitución es el alma que gobierna el cuerpo social.

La concepción de Schmitt, el padre del decisionismo, es antitética. Apunta a que las democracias parlamentarias de los albores del siglo XX se habían convertido en Estados puramente burocráticos y funcionales. Y señala que esas estructuras formales habían dejado de representar la voluntad popular en favor de una oligarquía. A partir de estas ideas, Schmitt respalda un Estado que es la expresión de la voluntad de un caudillo, refrendado por el pueblo, que se convierte en fuente de ley. No hace falta decir que estas ideas eran una legitimación del nazismo.

En el debate entre Kelsen y Schmitt, Pedro Sánchez se ha posicionado claramente en favor del segundo en el tema de los indultos. Y no porque se arrogue el derecho a decidir contra el criterio del Supremo y la Fiscalía, ejerciendo una potestad que le concede una ley de 1870. No, lo verdaderamente esencial es que el presidente del Gobierno ignora el espíritu de la Constitución y supedita la legalidad a sus intereses políticos.

Es imposible entender no sólo que se indulte a personas que no se arrepienten y que han declarado su voluntad de reincidir, sino que además desprecian esa Constitución que es la encarnación de la soberanía popular.

En última instancia, los indultos podrían estar legitimados por la voluntad de Sánchez, cuyo poder emana de las urnas, pero no por la Carta Magna como fuente de ley, ya que resulta contradictorio que la máxima norma sirva para beneficiar a quienes no la reconocen y quieren destruirla sin respetar sus cauces. Lo que va a hacer el Gobierno es aplicar la ley de manera instrumental para vulnerar el espíritu de la Constitución y favorecer a quien se burla de ella. Esto es lo más grave.

Schmitt dijo que «la excepción es más interesante que la norma. La norma no demuestra nada, la excepción lo prueba todo. En la excepción irrumpe el poder de la vida real frente al anquilosamiento de la repetición». Sánchez ama la excepción.